Andalucía, 21 de
abril de 1998
REFERENCIA DEL CONSEJO DE
GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San
Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, bajo la presidencia de su titular, Manuel Chaves
González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha autorizado la ampliación del Programa de Bonos y Obligaciones por importe de 80.000 millones de pesetas, para la financiación de inversiones. Este acuerdo se ampara en la autorización de endeudamiento prevista en la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, y supone continuar con el programa de emisión puesto en marcha a finales de 1995.
Esta operación, autorizada por el Consejo de Ministros del 17 de abril, forma parte del programa de emisión de bonos y obligaciones de la Junta de Andalucía autorizado el 27 de enero de 1997.
La principal novedad de esta medida es que el plazo de emisiones de deuda es de 30 años. Con anterioridad, dicho el plazo máximo era de 25 años y tenía carácter excepcional.
Entre las características de la operación figura que la moneda utilizada es la peseta; el valor nominal de cada bono y obligación es 10.000 pesetas.
La emisión, según el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, se llevará a cabo mediante subastas, que podrán ser ordinarias y de carácter periódico, o extraordinarias, a través de emisiones entre el grupo de Creadores de Mercado de la Junta de Andalucía.
Como se recordará, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, en su artículo 21.1, letra a), autoriza al Consejo de Gobierno, previa propuesta de la consejera de Economía y Hacienda, a emitir deuda pública amortizable hasta un límite de 126.461 millones pesetas.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Gobernación y Justicia, ha aprobado un decreto por el que se acuerda el pago de 829 millones de pesetas en concepto de subvención al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados de Andalucía por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, correspondiente al segundo semestre de 1997.
Esta es la segunda vez que la Junta afronta el pago de este servicio de su competencia una vez asumidas las transferencias en materia de Justicia el año pasado. Con este abono, junto al correspondiente al primer semestre de 1997, cuya cuantía alcanzó los 962 millones, la Junta completa el pago de todo el año 1997 por este servicio.
La subvención total destinada a este fin durante el año pasado se aproximó a los 1.800 millones, cantidad muy superior a la prevista inicialmente, debido al importante aumento de solicitudes registrado para este servicio de justicia gratuita, lo que ha llevado al Gobierno andaluz a realizar un esfuerzo adicional para hacer frente a estos gastos.
El acuerdo para el pago de estas subvenciones se ha alcanzado con la mayor celeridad. Así, el acuerdo ha sido aprobado tres semanas después de recibir las últimas certificaciones sobre el número de actuaciones y las correspondientes justificaciones de los colegios de abogados andaluces.
Este decreto contempla el abono de los gastos de defensa por abogado y la representación por procurador de los tribunales en turno de oficio ante los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma, además de asumir el coste económico del funcionamiento e infraestructura de estos casos.
El Consejo de Gobierno ha autorizado al Ayuntamiento de Gádor (Almería) para modificar su bandera municipal.
Las características de este símbolo son las siguientes: Bandera rectangular dividida en dos franjas verticales. La primera de color naranja sepia y la segunda, de doble tamaño que la anterior, de color verde. En medio de las dos secciones de la bandera ubicado el escudo municipal.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan General de Inspección de las entidades, servicios y centros de servicios sociales de Andalucía. La finalidad de esta medida es garantizar los derechos de sus usuarios, así como informar y asesorar sobre la normativa vigente.
El plan, redactado por la Consejería de Asuntos Sociales, regula la función inspectora en el área de los servicios sociales, cuya fuente de inspiración es la Ley de Servicios Sociales de 4 de Abril del 1988.
Las prioridades de actuación de este plan van encaminadas a los colectivos de tercera edad, primera infancia, atención al niño y minusválidos. Sus actuaciones irán dirigidas a la adecuación progresiva de los centros a las condiciones mínimas, materiales y funcionales, establecidas en la orden del 29 de febrero de 1996, además de vigilar por el cumplimiento del respeto de los derechos reconocidos a los usuarios.
Los objetivos de este plan de inspección se desarrollarán en tres áreas: formación y documentación, que contempla la preparación del personal inspector y la constitución de una base de datos donde conste toda la información relevante y actualizada de estas entidades; ayuda y asesoramiento a los centros y población en general sobre la normativa. Por último, este plan también velará por garantizar los derechos de los usuarios de la red de servicios sociales, por medio de visitas de control y seguimiento a los centros.