Andalucía, 22 de
septiembre de 1998
REFERENCIA DEL CONSEJO DE
GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San
Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, bajo la presidencia de su titular, Manuel Chaves
González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un Decreto por el que la Junta de Andalucía acepta los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Mojácar (Almería) donde se ubicará un centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria, en cuya construcción la Consejería de Educación va a invertir 247 millones de pesetas.
Con este nuevo centro, que comenzará a construirse en breve, se dota a este municipio almeriense de las infraestructuras educativas necesarias para cubrir la demanda de escolarización de los alumnos de 12 a 16 años.
El instituto, con capacidad para 300 alumnos, contará con cuatro unidades del primer ciclo de Secundaria y seis del segundo ciclo, además de aula de Informática, Tecnología, Música, biblioteca y todos los equipamientos necesarios para impartir la Educación Secundaria.
La construcción de este centro se enmarca dentro del Plan Aula 2000 puesto en marcha por la Consejería para construir y adaptar las infraestructuras educativas a las necesidades de implantación del nuevo sistema educativo.
El Consejo de Gobierno ha iniciado la tramitación del anteproyecto de Ley de Carreteras de Andalucía, cuyo principal objetivo se centra en regular la planificación, construcción, financiación, explotación y conservación de la Red de Carreteras de Andalucía.
La novedad más destacada de este borrador es la introducción del concepto jurídico de dominio público viario, más amplio y avanzado que el de carretera, al integrar tanto la propia vía como sus zonas funcionales y áreas de titularidad pública adyacentes a ambas. Con ello se garantiza la planificación no sólo de la carretera en sí, sino también de los servicios necesarios para la circulación.
El anteproyecto establece también los criterios para racionalizar el reparto de la titularidad de las distintas carreteras de la red andaluza entre la Junta de Andalucía, las Diputaciones Provinciales y otros organismos.
De acuerdo con estos criterios, la Junta de Andalucía pasará a ser titular de todas las vías que conecten núcleos de población con zonas de especial pujanza económica y con centros básicos de servicios (hospitales, centros educativos, etc.). Ello supone que alrededor de un 30% (unos 3.000 kilómetros) de la actual red dependiente de las Diputaciones pasará a la Administración autonómica. A cambio, el anteproyecto otorga a los entes provinciales plenas competencias sobre el dominio público viario que permanece bajo su titularidad, unas competencias de las que hasta ahora carecían y que les permitirán establecer prioridades y elaborar sus propios planes de carreteras.
Con la aprobación de la futura norma, la Junta de Andalucía no sólo podrá expropiar los terrenos ocupados por la carretera, sino también los suelos necesarios para sus dotaciones básicas, como zonas de descanso, áreas de servicio, estaciones de servicio o áreas de atención sanitaria, que se otorgarán en régimen de concesión y no en propiedad. Para la concesión de este tipo de servicios se crea un cánon cuyos ingresos se destinarán, junto a los procedentes de sanciones y tasas, a un fondo de conservación de carreteras, una figura actualmente inédita en España.
Asimismo, el anteproyecto intenta compatibilizar la iniciativa privada con la intervención de la Administración en el dominio público viario. Para ello se crea la figura de los Elementos de Servicios, destinados también a cubrir las necesidades de los usuarios de las carreteras pero en terreno privado. Con la nueva norma, también quedará abierta la posibilidad de que los particulares colaboren económicamente en la construcción o mejora de una carretera.
En cuanto a la clasificación de las carreteras, se dividen en dos grandes bloques: vías de gran capacidad y vías convencionales. Se introduce también el concepto de red metropolitana, lo que supone un tratamiento especial para las vías que prestan servicios entre los distintos núcleos de población de las grandes aglomeraciones urbanas.
Garantías de calidad
El borrador establece cuatro tipologías de intervención en la Red de Carreteras: nuevas carreteras, mejoras, conservación y acondicionamientos generales de trazado y sección. En este capítulo de intervenciones, destaca como novedad el establecimiento de criterios de adecuación medioambiental y restauración paisajística según los distintos tipos de obras que se lleven a cabo. En relación con ello, se prevé la segregación del uno por ciento del presupuesto de ejecución material para garantía de calidad y restauración paisajística.
Respecto a la calidad de las obras, el anteproyecto añade al informe que actualmente es obligatorio para el contratista otros dos controles a cargo de la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Andalucía (GIASA) y de la Dirección General de Carreteras de la Junta.
Otro aspecto novedoso del anteproyecto es la creación de la Comisión de Seguridad Vial, dependiente del Presidente de la Junta de Andalucía y encargada de elaborar planes anuales de seguridad, con presupuesto propio y de acuerdo con los datos que aporte la Dirección General de Tráfico para reducir la siniestralidad.
La elaboración de un catálogo de carreteras, la adaptación de los planes de ordenación urbana al Plan de Carreteras y la inclusión de información sobre puntos de interés en la publicidad vial constituyen otros tantos aspectos destacados del anteproyecto.
En cuanto al régimen sancionador, se establece una máxima cuantía de hasta 20 millones de pesetas en el caso de infracciones graves, mientras que las leves se sitúan entre las 25.000 y las 100.000 pesetas.
Periodo de consultas
Una vez elaborado el texto del anteproyecto y elevado al Consejo de Gobierno, se inicia ahora un periodo de consultas en el que se recabarán informes y dictámenes a los siguientes organismos, entidades y colectivos: Consejerías de Gobernación y Justicia, Economía y Hacienda, Trabajo e Industria, Turismo y Deporte, Agricultura y Pesca, Cultura y Medio Ambiente; Diputaciones Provinciales; Ministerio de Interior; Delegado del Gobierno en Andalucía; Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir, del Sur y del Guadiana; Federación Andaluza de Municipios y Provincias; Unión General de Trabajadores; Comisiones Obreras; Confederación de Empresarios de Andalucía; Colegios Profesionales de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Arquitectos y Arquitectos Técnicos; Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía; asociaciones de autoescuelas de ámbito andaluz y asociaciones de usuarios de la carretera.
El Consejo de Gobierno ha acordado agilizar el proyecto para incorporar nuevos caudales procedentes del acuífero Gracia-Morenita al sistema de abastecimiento de agua de Martos (Jaén). Este sistema, integrado por los municipios de Martos, Torredonjimeno, Torredelcampo y Jamilena, da servicio a una población de 50.753 habitantes, con una demanda media de agua potable de unos 150 litros por segundo y un déficit que en verano llega a alcanzar los 80 litros por segundo. Para paliar este déficit se han proyectado obras, presupuestadas en 138 millones de pesetas, que exigen la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por las mismas.
El acuerdo adoptado hoy por el Consejo de Gobierno consiste en declarar la urgente ocupación de dichos bienes y derechos, ante la apremiante necesidad de incorporar nuevos caudales de agua al sistema de abastecimiento, cuyas deficiencias vienen provocando interrupciones del suministro de agua potable tanto en invierno como en verano.
Durante el período de invierno, en los días de tormenta, la turbidez del agua en la cabecera del río Víboras impide a la depuradora garantizar el suministro, por lo que se producen situaciones de desabastecimiento. En verano, la disminución de aportaciones se acentúa con la utilización de un importante caudal para riego.
El Consejo de Gobierno ha acordado declarar la ocupación urgente, a efectos de expropiación, de la finca El Acebuchal, situada en el término municipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla), con el objetivo de llevar a cabo el proyecto de recuperación de los suelos contaminados existentes en la misma. Este proyecto de la Consejería de Medio Ambiente cuenta con un presupuesto de 1.347 millones de pesetas y está subvencionado en un 80% por la Unión Europea.
Los terrenos del vertedero de El Acebuchal están incluidos en el inventario de suelos contaminados del Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados 1995-2000, aprobado en su día por el Consejo de Ministros. En sus 45 hectáreas se acumulan casi cuatro millones de m3 de residuos, con presencia destacada de metales pesados y, puntualmente, aceites usados e hidrocarburos halogenados. Los metales pesados encontrados en concentraciones altas son básicamente arsenio, bario, cromo, mercurio y plomo.
El proyecto de recuperación emprendido por Medio Ambiente pretende devolver al suelo una calidad adecuada para su posible reutilización, tratar los gases generados, detener la contaminación de los terrenos colindantes y lograr la integración paisajística en el entorno, restaurando en lo posible la topografía original del lugar.
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, presidirá la Fundación para el Desarrollo del Legado Andalusí, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se autoriza la modificación de la escritura pública de constitución y estatutos de la citada fundación. Esta modificación también supone la creación de dos vicepresidencias, que ocuparán respectivamente los consejeros de Turismo y Deporte, y de Cultura.
Este acuerdo supone un nuevo impulso para este proyecto cultural y turístico que pretende recordar, preservar, recuperar, potenciar y difundir el patrimonio histórico, monumental y cultural de la antigua Al Andalus y, al mismo tiempo, los valores de convivencia y tolerancia que caracterizaran a la civilización andalusí.
Asimismo, en la primera quincena de octubre está previsto que el Rey de España presida en Granada la constitución del Alto Patronato del Legado Andalusí.