| Andalucía, 23 de abril de 2002 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Info@landalus de Iniciativas Estratégicas para la Sociedad de la Información 2002-2004, que prevé una inversión de 367 millones de euros para impulsar la plena incorporación de Andalucía a la sociedad de la información. El plan, en el que participarán todos los departamentos de la Junta, consta de 173 programas especialmente dirigidos a favorecer el acceso de los ciudadanos y las empresas a las nuevas tecnologías, potenciar la presencia andaluza en Internet, reforzar las infraestructuras de telecomunicaciones, ampliar la oferta de servicios públicos digitales y apoyar el espíritu emprendedor en la nueva economía.
Info@alandalus consolidará proyectos que ya se vienen desarrollando con estos mismos objetivos durante los últimos años y pondrá en marcha iniciativas novedosas, entre ellas las relativas a la realización de trámites administrativos por Internet y a la extensión de las nuevas tecnologías a las zonas más desfavorecidas de la comunidad autónoma.
El conjunto de proyectos aprobados hoy se agrupan en ocho grandes bloques temáticos: Infraestructuras Soporte para la Sociedad de la Información, Contenidos Digitales Andaluces, Presencia Andaluza en Internet, Iniciativa Guadalinfo, Servicios Públicos Electrónicos, Aprendizaje a Distancia, Nuevas Tecnologías en Gestión Administrativa y Alfabetización Digital.
Dentro del bloque de infraestructuras, el plan incluye proyectos para extender la Red Corporativa de la Junta a centros educativos públicos, sedes judiciales, oficinas de empleo y centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.
En el ámbito educativo, Info@landalus proseguirá los proyectos Averroes y Red Aula para la dotación de equipamiento informático en los 3.000 centros docentes públicos de Andalucía, introduciendo como principal novedad la progresiva extensión de la banda ancha para hacer de Internet una herramienta de uso educativo cotidiano. De igual modo, se reforzará el proceso de informatización en las oficinas judiciales y en el campo de la salud. En este último caso, el objetivo se dirige a sentar las bases de nuevos servicios de telemedicina y a rentabilizar al máximo la atención que se presta a los usuarios del sistema sanitario público.
Otras novedades destacadas relativas a infraestructuras son la creación de puntos de acceso público a Internet, especialmente en las zonas más desfavorecidas, y el desarrollo de centros de teletrabajo y redes de cooperación. El plan recoge también diversas iniciativas para la implantación de la tecnología digital y de los nuevos modos de comunicación en los medios audiovisuales.
El segundo bloque de proyectos, denominado Contenidos Digitales Andaluces, se centrará en la modernización y en la adaptación a las nuevas tecnologías de las distintas fuentes de información cultural de la comunidad autónoma, con proyectos como la integración de los museos andaluces en Internet, la creación de bibliotecas on-line y el desarrollo del Archivo Documental Multimedia de Andalucía, en el que se incluirán contenidos referentes al patrimonio histórico, los parques naturales o los enclaves turísticos, entre otros aspectos, además de un atlas de la comunidad en línea y de un archivo digital audiovisual.
El impulso a la presencia andaluza en Internet, por su parte, se seguirá centrando en el desarrollo del Portal de Andalucía, que incorporará nuevos servicios y contenidos y que reforzará su carácter de punto de acceso integral a todas las webs institucionales.
Para la implantación de la sociedad de la información a las pequeñas poblaciones, Info@alandalus desarrollará una iniciativa específica denominada Guadalinfo, que cuenta con el respaldo de la Unión Europea y que supondrá la creación de centros de acceso público a Internet en municipios de menos de 20.000 habitantes. Este programa se centrará también de manera especial en apoyar las iniciativas de jóvenes, mujeres y personas con dificultades de acceso a las nuevas tecnologías.
Administración on-line
En el bloque referente a los servicios públicos electrónicos se incluyen proyectos orientados a lograr progresivamente una plena administración on-line que facilite la relación con los ciudadanos y la realización a través de Internet de cualquier tipo de trámite administrativo. Entre las primeras iniciativas que comenzarán a desarrollarse, en el plazo de un año, destacan la cita médica previa, la autoliquidación de impuestos, la tramitación de pensiones no contributivas y ayudas para vivienda, la obtención de la tarjeta AndalucíaJuntasesentaycinco y la gestión de licencias de caza y pesca.
Respecto al aprendizaje a distancia, Info@landalus incluye nuevos programas de teleformación para ciudadanos, empresas y trabajadores de la Administración autonómica, además de consolidar el proyecto ‘Mundo de Estrellas’ que desarrolla el Servicio Andaluz de Salud para que los niños hospitalizados puedan disponer de los últimos avances de las tecnologías del entretenimiento y la educación.
Las iniciativas de modernización de la gestión administrativa para agilizar la atención a los ciudadanos se concretarán en la dotación de intranets para todos los departamentos y organismos autónomos de la Junta y el reforzamiento de proyectos ya en marcha como la tarjeta individual sanitaria o el sistema unificado para la gestión de servicios sociales especializados.
El plan aprobado hoy se completa con otras medidas complementarias entre las que destacan los proyectos formativos denominados de Alfabetización Digital, dirigidos a la capacitación general de los ciudadanos en el acceso a las nuevas tecnologías.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy manifestar su criterio favorable a la propuesta de modificar la Ley 2/1999 de Sociedades Cooperativas Andaluzas, presentada por el Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía. Esta toma en consideración se justifica ante la conveniencia de adaptar dicha norma a las últimas novedades legislativas y a los cambios producidos en el sector de la economía social durante sus tres años de vigencia.
Las modificaciones se dirigen básicamente a flexibilizar la contratación de personal asalariado sin desvirtuar la naturaleza de las sociedades cooperativas y a ampliar el ámbito de operaciones de las cooperativas agrarias con terceros para poder suministrar Gasóleo B.
En cuanto al primero de los aspectos, se mantiene la norma general de que el número de jornadas legales al año por cuenta ajena no supere el 30% del total de las realizadas por los socios trabajadores, si bien se introducen supuestos excepcionales para ampliar esta proporción y permitir así el crecimiento de las empresas.
De este modo, la propuesta establece que no se computen las jornadas realizadas por trabajadores con contratos en prácticas o para formación; contratados indefinidos con más de un año de antigüedad que se nieguen a ser socios; empleados integrados en la cooperativa por subrogación legal, y beneficiarios de disposiciones de fomento del empleo de disminuidos psíquicos y físicos u otros colectivos con especiales dificultades de inserción laboral. Tampoco contarían en el cómputo anual las jornadas de trabajadores contratados por periodos no superiores a seis meses debido a necesidades de producción, ampliación del objeto social y lanzamiento de nuevas actividades, obras o servicios.
La segunda de las modificaciones propuestas se dirige a eliminar las limitaciones del suministro de gasóleo B a terceros por parte de las cooperativas agrarias cuando así lo recojan sus estatutos. Con esta medida se pretende contrarrestar la incidencia negativa que ejerce sobre el sector la tendencia alcista de los precios de los carburantes.
La Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, aprobada en 1999, sustituyó a la que estaba vigente desde 1985 para adecuar la regulación del sector a la nueva normativa mercantil generada por las directivas de la Unión Europea. Una de sus aportaciones más relevantes fue la reducción a tres del número mínimo de socios para constituir una cooperativa de trabajo asociado, anteriormente fijado en cinco. Esta medida, con la que se dio respuesta a una de las principales demandas del sector, ha sido determinante en el aumento del número de cooperativas registrado en los últimos años en la comunidad.
Crecimiento del sector
El sector de la economía social integra en Andalucía a más de 8.400 cooperativas y sociedades laborales, con 490.000 socios y más de 63.000 empleos directos. Su actividad genera cerca del 12% del PIB de la región, un porcentaje similar al de sectores tan importantes de la economía andaluza como el turismo o la agricultura.
Andalucía es la primera comunidad autónoma en número de personas ocupadas por la economía social y la segunda en cuanto a número de empresas, muy cerca de Cataluña. El sector está experimentando durante la última década un fuerte ritmo de crecimiento: el pasado año se crearon en la comunidad 1.786 nuevas empresas (682 cooperativas y 1.104 sociedades laborales), lo que supuso un aumento del 16% respecto a 2000.
El Consejo de Gobierno ha ratificado hoy la decisión de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de participar con 1.618.000 euros, a través del Instituto de Fomento de Andalucía, en la sociedad Parque de Innovación y Tecnología de Almería S.A., que promoverá y gestionará el futuro tecnoparque de la industria auxiliar de la agricultura de Andalucía.
Esta sociedad estará participada mayoritariamente y a partes iguales por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y por las entidades financieras Unicaja y Cajamar. De su accionariado también formarán parte el Ayuntamiento y la Universidad de Almería, la Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura (Tecnova) y la Sociedad de Capital Riesgo Iniciativas Económicas de Almería. La participación de la Junta se irá ampliando progresivamente hasta alcanzar los 3,6 millones de euros en 2004.
El futuro recinto empresarial para la industria auxiliar de la agricultura, que centrará su actividad en aspectos como el transporte, la agroquímica, el riego y la maquinaria agrícola, es uno de los siete tecnoparques que actualmente promueve la Junta con el objetivo de fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en sectores estratégicos de la economía andaluza. Los otros seis son el Parque Joyero y el de Rabanales 21 en Córdoba, el del Aceite y el Olivar en Mengíbar (Jaén), el Aeronáutico de La Rinconada (Sevilla) y los del transporte en la Bahía de Cádiz y el sector petroquímico en el Campo de Gibraltar, estos dos últimos en fase de estudio y definición.
Todos estos espacios se integrarán en la Red Andaluza de Innovación y Tecnología (RAITEC), a la que también se sumarán los parques tecnológicos PTA de Málaga y Cartuja 93 de Sevilla, los centros de innovación y tecnología, los centros europeos de empresas e innovación, los centros de I+D y otros agentes tecnológicos públicos y privados.
El tecnoparque es una figura definida en el Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Pladit) como una entidad sin ánimo de lucro dotada de modernas infraestructuras de comunicaciones y dirigida a promover la innovación de empresas y entidades vinculadas a sectores productivos concretos. Estos espacios, que deben disponer de una superficie mínima de 30 hectáreas, ofrecen sus servicios a todas aquellas empresas y entidades que lo soliciten aunque no sean asociadas.
En concreto, el tecnoparque almeriense contará con un centro de innovación y tecnología, zonas productivas e industriales y diversos espacios dedicados a oficinas, laboratorios y actividades formativas. Su creación responde a las recomendaciones del Plan de Fomento del Sistema Productivo Vinculado a la Agricultura Almeriense, iniciado en el año 2000 por Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) la venta a la firma Mac Puarsa de los terrenos de la fábrica de mecanizados de la antigua empresa HTM-90, S.A. en Sevilla. Este acuerdo, que fue adoptado por el Consejo Rector del IFA el pasado 27 de marzo, establece un precio de venta de 4,2 millones de euros, así como el compromiso por parte de la sociedad compradora de mantener la actividad industrial durante los próximos cinco años.
La operación se realiza después de que la empresa Tecnología Andaluza de Mecanizados y Componentes (TAMC), integrada por ex trabajadores de HTM-90, alcanzara un acuerdo con Mac Puarsa para que ésta se hiciera con la titularidad de las acciones.
El Consejo de Gobierno ha autorizado la emisión y puesta en circulación de deuda pública anotada por un importe total de 586.234.440 euros, con destino a financiar inversiones. La operación se llevará a cabo con el doble objetivo de ampliar el Programa de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía hasta 396,2 millones de euros y realizar una emisión de deuda pública de hasta 190 millones de euros. Ambas iniciativas, que se podrán integrar en el Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones, se llevarán a cabo mediante subastas ordinarias y emisiones a medida, con un plazo de vencimiento de hasta 30 años.
La Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2002 autoriza al Consejo de Gobierno, previa propuesta de la consejera de Economía y Hacienda, a emitir deuda pública amortizable y a concertar operaciones de crédito, tanto en el interior como en el exterior, hasta el límite de 616.234.440 millones de euros.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación del Consejo Andaluz de Colegios Territoriales de Administradores de Fincas, que actuará en representación de este colectivo profesional en toda la comunidad autónoma y en el que se integrarán los actuales colegios de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.
El nuevo órgano, que dispondrá de un plazo de seis meses para elaborar y aprobar sus estatutos y para la formación de los órganos de gobierno, se relacionará con la Consejería de Justicia y Administración Pública en los aspectos institucionales y corporativos y con Obras Públicas y Transportes en lo referente al contenido de sus actividades.