Andalucía, 23 de junio de 1998

 

REFERENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

 

En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías.

El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

 


PROYECTO DE LEY DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA FINANCIAR LAS ACTUACIONES POR LA ROTURA DE LA BALSA DE AZNALCÓLLAR

 

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Economía y Hacienda, el proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario, por un importe de hasta 8.000 millones de pesetas, para financiar las actuaciones derivadas de la rotura de la balsa de decantación de residuos de la mina ubicada en el término municipal de Aznalcóllar (Sevilla).

El proyecto de ley será remitido al Parlamento, una vez informado favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, que en las conclusiones establece que "el articulado del anteproyecto de ley se considera ajustado al ordenamiento jurídico". El Gobierno andaluz aprobó en su reunión del pasado día 2 iniciar la tramitación del citado proyecto legislativo.

Esta iniciativa del Gobierno andaluz tiene por finalidad habilitar urgentemente los créditos presupuestarios necesarios para financiar la retirada de lodos y la adquisición de los terrenos afectados por la rotura de la balsa de decantación, ocurrida el pasado 25 de abril. Todo ello con independencia de la responsabilidad que corresponde al causante del vertido, al que habrán de exigirse las indemnizaciones que legalmente corresponda, y sin perjuicio de los fondos que se puedan obtener de la Administración estatal o de la Unión Europea.

Según este proyecto de ley, el crédito extraordinario será aplicado a la sección 16 "Consejería de Agricultura y Pesca", para actuaciones derivadas de la rotura de la balsa de Aznalcóllar.

Este crédito extraordinario se financiará con el endeudamiento que se autoriza en el artículo 2 del texto del proyecto de ley o con los recursos que, en su caso, obtenga la Comunidad Autónoma de Andalucía procedentes de la empresa propietaria de la mina o de cualquiera de las entidades o instituciones públicas o privadas, y que tengan su causa en la rotura de la balsa de decantación de residuos de la mina propiedad de la empresa Boliden-Apirsa, ubicada en el término municipal de Aznalcóllar (Sevilla).

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APROBADO EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA

 

 

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Medio Ambiente, ha aprobado el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía, elaborado por este departamento en colaboración con diferentes colectivos sociales de la Comunidad Autónoma.

Con este plan se pretende conocer el origen, producción, distribución espacial de los residuos peligrosos dentro del ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma y la planificación de la gestión más adecuada de los mismos teniendo en cuenta aspectos técnicos, geográficos, legales y medioambientales. Todas estas actuaciones van encaminadas a garantizar la protección de la salud humana, la defensa del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.

En este programa se analizan las directivas comunitaria, estatal y autonómica, así como la cantidad, origen y situación actual de los residuos peligrosos en Andalucía.

En la actualidad, en el territorio andaluz se producen más de 136.000 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos, lo que supone un 3,99% del total nacional. De esta cantidad se está gestionando adecuadamente más del 60%.

La mayor parte de los residuos gestionados han tenido su tratamiento en la Planta de Inertización de Palos de la Frontera (Huelva), dependiente de la Junta de Andalucía. El resto de los residuos gestionados y no tratados en Andalucía se envían fuera del territorio a través de las plantas de transferencia existentes en Huelva (EGMASA) y Córdoba (GEMASUR), así como de las empresas productoras a instalaciones autorizadas. En la actualidad existen en Andalucía 35 gestores autorizados de residuos tóxicos y peligrosos. Por sectores, la mayor producción corresponde a las industrias metalúrgicas y mecánicas, y a las químicas y paraquímicas.

Por otra parte, este documento contempla el desarrollo de un Plan de Minimización con el que se busca la reducción de los distintos tipos de residuos, previa identificación de los diferentes generadores. Para ello se ha puesto en marcha una oficina de minimización, con el objetivo de colaborar con las empresas andaluzas, instituciones y administraciones públicas en la minimización de residuos; fomentar la incorporación de componentes ambientales en la gestión de las empresas; promocionar la formación y difusión en materia medio ambiental, y potenciar la información y asesoramiento de las materias relacionadas con los residuos.

Este Plan de Residuos prevé, por otra parte, el funcionamiento de una bolsa de subproductos industriales para que las empresas andaluzas intercambien los residuos. De esta forma, lo que para una empresa determinada es un desecho para otra puede ser un combustible o materia prima útil. Esta bolsa estará administrada por las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía.

El citado plan fue presentado, durante su tramitación, a la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo y al Consejo Andaluz de Medio Ambiente.

 

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GOBERNACIÓN DESTINA CASI 6.000 MILLONES A SUBVENCIONAR OBRAS DEL AEPSA 98 Y POR LAS INUNDACIONES DE 1997

 

 

La Consejería de Gobernación y Justicia subvencionará este año con más de 5.188 millones de pesetas el coste de los materiales de las obras que lleven a cabo los ayuntamientos andaluces con cargo al Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria 1998 (AEPSA, antiguo PER) y con otros 750 millones aquellas otras que se ejecuten con cargo a los fondos adicionales por inclemencias meteorológicas correspondientes al ejercicio de 1997.

En cuanto al Programa de Fomento del Empleo Agrario, la subvención se distribuye entre los ayuntamientos de Sevilla con cerca de 1.173 millones de pesetas; Granada, con más de 769 millones; Córdoba, con 744 millones, Málaga, con 636.483.000 pesetas; Jaén, con 569 millones; Cádiz, con 504 millones, y Huelva y Almería con 447 y 345 millones respectivamente.

Con respecto a los fondos adicionales por inclemencias metereológicas de 1997, destinados a aquellas provincias más dañadas por los temporales del último invierno, Sevilla recibirá 150 millones, seguida de Córdoba con 142 millones; Cádiz con 110.400.000; Jaén con 90 millones; Granada con 83 millones; Málaga con 72.450.000, y Huelva y Almería con 71 y 30 millones, respectivamente.

Las subvenciones del AEPSA hoy aprobadas irán destinadas exclusivamente a amortizar el capital y los intereses de los préstamos que las distintas diputaciones provinciales concierten por el concepto de coste de materiales de estas obras con el Banco de Crédito Local, sin contabilizar la aportación que a las distintas obras hagan los ayuntamientos destinatarios y siempre y cuando lo invertido por la Junta junto con la Diputación correspondiente no supere el 40% de los destinado a este fin por el INEM.

Para solicitar estas subvenciones de la Junta, las diputaciones deberán certificar que los proyectos de obras han sido aprobados por el Instituto Nacional de Empleo, la cuantía que éste aporta al proyecto, las subvenciones que las propias diputaciones se hayan comprometido a conceder y la fecha prevista de inicio de las obras. Además, las diputaciones deberán remitir antes del 31 de diciembre a la Consejería de Gobernación y Justicia la valoración definitiva de estas obras, que deberán ser ejecutadas totalmente durante este año y el siguiente.

Dentro de esta política de colaboración con los ayuntamientos andaluces en obras que permiten mejorar el equipamiento y las infraestructuras del medio rural, la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales han invertido desde 1984 hasta ahora más de 80.000 millones de pesetas en el antiguo PER y el actual AEPSA; de los que un 75% corresponden a aportaciones de la Junta, quedando el 25% restante a cargo de las diputaciones.

 

DISTRIBUCIÓN PROVINCIALIZADA DE LA FINANCIACIÓN DERIVADA DE LA

APLICACIÓN CONJUNTA DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 1998

 

 

 PROVINCIA

APORTACIÓN

INEM

IMPORTE

MATERIALES

40% S/INEM

APORTACIÓN

JUNTA ANDAL.

75% S/IMPORTE

MATERIALES

APORTACIÓN

DIPUTACIÓN

25% S/IMPORTE

MATERIALES

ALMERÍA

1.150.490.000

460.196.000

345.147.000

115.049.000

CÁDIZ

1.680.490.000

672.196.000

504.147.000

168.049.000

CÓRDOBA

2.480.450.000

992.180.000

744.135.000

248.045.000

GRANADA

2.563.790.000

1.025.516.000

769.137.000

256.379.000

HUELVA

1.492.340.000

596.936.000

447.702.000

149.234.000

JAÉN

1.896.990.000

758.796.000

569.097.000

189.699.000

MÁLAGA

2.121.610.000

848.644.000

636.483.000

212.161.000

SEVILLA

3.909.390.000

1.563.756.000

1.172.817.000

390.939.000

TOTAL

17.295.550.000

6.918.220.000

5.188.665.000

1.729.555.000

 

DISTRIBUCIÓN PROVINCIALIZADA DE LA FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO POR INCLEMENCIAS METEREOLÓGICAS 1997

 

 PROVINCIA

APORTACIÓN

INEM

IMPORTE

MATERIALES

40% S/INEM

APORTACIÓN

JUNTA ANDAL.

75% S/IMPORTE

MATERIALES

APORTACIÓN

DIPUTACIÓN

25% S/IMPORTE

MATERIALES

ALMERÍA

100.000.000

40.000.000

30.000.000

10.000.000

CÁDIZ

368.000.000

147.200.000

110.400.000

36.800.000

CÓRDOBA

473.500.000

189.400.000

142.050.000

47.350.000

GRANADA

279.500.000

111.800.000

83.850.000

27.950.000

HUELVA

237.500.000

95.000.000

71.250.000

23.750.000

JAÉN

300.000.000

120.000.000

90.000.000

30.000.000

MÁLAGA

241.500.000

96.600.000

72.450.000

24.150.000

SEVILLA

500.000.000

200.000.000

150.000.000

50.000.000

TOTAL

2.500.000.000

1.000.000.000

750.000.000

250.000.000

 

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RAFAEL CANTUESO, NOMBRADO SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

 

El Consejo de Gobierno ha nombrado, a propuesta de la consejera de Gobernación y Justicia, Carmen Hermosín, a Rafael Cantueso Burguillos secretario general técnico de este departamento.

Rafael Cantueso es licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla y funcionario de la Administración autonómica. En la actualidad, ocupaba la jefatura de servicio de Personal de la Consejería de Gobernación.

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