| Andalucía, 23 de octubre de 2001 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
APROBADO EL NUEVO MARCO DE AYUDAS PARA LOS REGADÍOS EN ANDALUCÍA
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nuevo marco de ayudas para la modernización, transformación y consolidación de los regadíos andaluces. Respecto a la anterior regulación de 1995, este decreto incrementa el apoyo público desde el 40% al 60% de las inversiones de los regantes con carácter general y rebaja de 15 a 10 años la antigüedad mínima exigida a proyectos de modernización. Además, incorpora nuevas líneas de financiación para transformación de secano a regadío en zonas rurales desfavorecidas y para programas de mejora de gestión y de reutilización de aguas residuales depuradas o desalinizadas.
Las subvenciones, que cubren entre un 50% y un 60% de la inversión total dependiendo del tipo de proyecto, van dirigidas tanto a comunidades de regantes como a usuarios y otras organizaciones de gestión colectiva del agua de riego. En el caso de instalación de instrumentos de medición y control de consumo, se mantiene la financiación de hasta el 75% del coste total.
En la selección de los proyectos subvencionables, se valorará especialmente la eficiencia en el uso y control de los recursos hídricos, la mejora de la calidad del agua, el ahorro energético y la reducción de las pérdidas de agua en las redes de transporte y distribución.
El nuevo régimen de ayudas, que tiene carácter retroactivo para las solicitudes presentadas este año y pendientes de resolución, propiciará unas inversiones públicas y privadas superiores a los 50.000 millones de pesetas hasta el año 2006. De esta cantidad, 26.697 millones corresponderán a las ayudas públicas, cofinanciadas en un 60% por la Unión Europea y en un 40% por la Consejería de Agricultura y Pesca. De este modo se refuerza el Plan Andaluz de Regadíos que la Junta viene desarrollando desde 1996 con el horizonte del año 2005.
En el último quinquenio este plan ha permitido la puesta en riego de 15.925 hectáreas, la modernización de 152.161 hectáreas de regadíos y la consolidación de otras 11.000 hectáreas en el marco del Plan Litoral. Esta última iniciativa, única en España, tiene como objetivo el aprovechamiento para usos agrícolas de las aguas residuales que se depuran en las poblaciones del litoral.
El regadío representa el 19% de la superficie cultivada en Andalucía (816.000 hectáreas), aunque aporta más del 53% de la producción agraria y el 55% del empleo en el sector. Este tipo de agricultura destaca tanto por su rentabilidad económica como por su papel en la instalación de industrias agroalimentarias, en la articulación social y territorial y en la diversificación de la economía rural.
El Consejo de Gobierno ha ratificado hoy el acuerdo adoptado el pasado 25 de septiembre por el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía para la concesión de una ayuda de 443 millones de pesetas a la empresa Isla Mágica, S.A, titular del parque temático del mismo nombre ubicado en Sevilla. Con esta partida se apoyarán unas inversiones de 1.447 millones en activos fijos para el parque.
El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta del consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sancionar con 15 millones de pesetas a la empresa Fels Werke S.A., por no reabrir su centro de trabajo de Carboneras (Almería) después de que la Junta de Andalucía dictara una resolución que le obligaba a ello. La no reapertura de las instalaciones se considera como falta muy grave según lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y en la normativa laboral vigente en materia de cierres patronales.
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, norma que regulará en Andalucía el régimen de estas entidades, en las que se agrupan las asociaciones representativas de la producción, transformación y comercialización de los distintos sectores agroalimentarios y pesqueros.
La futura ley, cuyo principal objetivo se dirige a facilitar la defensa de los intereses de los productores e industriales de la comunidad autónoma en los mercados internacionales, beneficiará especialmente a las producciones de mayor calidad y peso específico en el ámbito nacional. Este es el caso, entre otros, de los sectores del aceite (88% de la producción nacional), aceituna de mesa (75%), algodón (95%), fresa (93%), hortalizas (43%), arroz (36%), flor cortada (50%) y ajo (34%), además de las producciones ligadas a las 18 denominaciones de origen y a las seis denominaciones específicas de calidad reconocidas en Andalucía.
La principal novedad recogida en el borrador es la posibilidad de que una organización interprofesional pueda solicitar a la Consejería de Agricultura y Pesca la extensión de sus normas al resto de los productores y operadores de un sector determinado, siempre y cuando se cuente con el respaldo de al menos un 50% de los mismos, que a su vez deben representar como mínimo dos terceras partes de las producciones afectadas. Estas normas deben estar relacionadas con aspectos como la calidad, el respecto al medio ambiente, las acciones de promoción y la mejora de información sobre las producciones.
De acuerdo con el anteproyecto de ley, las organizaciones interprofesionales agroalimentarias se definen como foros paritarios, abiertos y de participación voluntaria, constituidos por organizaciones representativas de la producción, transformación y comercialización. Entre sus objetivos figuran los de facilitar la coordinación entre la oferta y la demanda; mejorar la transparencia del mercado; promover la calidad de los productos y la innovación tecnológica; velar por la información transparente a los consumidores, y acordar iniciativas de mejora medioambiental.
Las organizaciones que se reconozcan deberán aglutinar al menos un 20% de la producción de sus respectivos sectores, así como acreditar una mínima implantación territorial de también el 20% en todas las ramas profesionales.
Además del reconocimiento por sectores y por producciones de calidad, el borrador prevé también la posibilidad de que se constituyan, con carácter excepcional, organizaciones interprofesionales por productos concretos cuando la diferenciación por calidad dé lugar a un mercado específico.
Registro
El borrador presentado hoy en el Consejo de Gobierno establece la creación del Registro de Organizaciones Profesionales Agroalimentarias, con sede en la Consejería de Agricultura y Pesca. En este censo también se recogerán la suspensión o retirada del reconocimiento de las organizaciones y los acuerdos de extensión de normas adoptados por las mismas.
Finalmente, se establece la creación del Consejo Andaluz de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, cuya función consistirá básicamente en emitir informes previos a las propuestas efectuadas por la Consejería sobre el reconocimiento o revocación de las organizaciones. El consejo, presidido por el titular de Agricultura y Pesca, estará integrado además por representantes de las consejerías de Gobernación, de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Medio Ambiente, Salud y Economía y Hacienda, así como de organizaciones profesionales agrarias, productores pesqueros, cooperativas agrarias y pesqueras, industrias, empresas comerciales y consumidores.
El Consejo de Gobierno ha autorizado la tramitación del anteproyecto de ley del Plan Estadístico de Andalucía 2002-2005, instrumento que ordena y planifica esta materia en la comunidad autónoma. Este plan, que sustituye al aprobado para el periodo 1998-2001 próximo a concluir, tiene dos objetivos principales: atender las demandas de información de la sociedad y garantizar la imparcialidad, objetividad y transparencia de las actividades estadísticas.
Asimismo, el plan pretende ampliar y desarrollar el Sistema Estadístico de Andalucía, de manera que se garantice un conjunto coherente y equilibrado de datos, comparable con el de los sistemas estadísticos del entorno, que sea útil para la toma de decisiones de las administraciones públicas y entidades privadas.
El plan también persigue aumentar el conocimiento de la realidad de Andalucía, así como su evolución en sus diferentes perfiles y aspectos y promover el uso de la estadística pública como instrumento fundamental de análisis y como garante del desarrollo de una sociedad de la información incluyente. Además, el nuevo plan estadístico para Andalucía pretende fomentar el uso de esta información en la definición de proyectos públicos y privados.
El Plan Estadístico de Andalucía 2002-2005, según el anteproyecto de ley, prácticamente duplicará sus actividades con respecto al anterior plan, ya que pasarán de 178 a unas 340, una vez que se concreten los programas. En este sentido, se incorporarán datos sobre asuntos como las migraciones, las familias y hogares, la oferta y demanda de cualificación y empleo o las actividades empresariales y las unidades de producción.
Otro aspecto destacable del anteproyecto es el énfasis que pone en el carácter de servicio público de la estadística oficial, por lo que se priorizan los criterios de accesibilidad y actualidad de los datos y la rapidez de su divulgación. También establece la obligatoriedad de poner a disposición de los ciudadanos de un calendario anual de difusión de las actividades estadísticas, con el fin de garantizar la transparencia y el rigor.
Cooperación
El estrechamiento de la cooperación con los sistemas estadísticos nacional y europeo (Eurostat) también está previsto en este plan para que la actividad estadística tenga el menor coste, se aprovechen al máximo las fuentes informativas y se eviten molestias a los ciudadanos con duplicidades en la demanda de los datos.
La creación del Registro de Población de Andalucía es uno de los apartados más importantes del anteproyecto, tanto desde el punto de vista estadístico como administrativo. En este nuevo registro se recogerán los datos individualizados de cada uno de los vecinos inscritos en los padrones municipales, información indispensable para la elaboración de las estadísticas demográficas y para el ejercicio de las competencias propias de la Junta de Andalucía en terrenos como la educación, la sanidad o la asistencia social.
El anteproyecto de ley también prevé la posibilidad de ampliar el Sistema Estadístico de Andalucía al aumentar el número de instituciones, órganos y entidades que pueden elaborar estadísticas oficiales. Entre ellas se incluyen las corporaciones locales, las universidades y los centros de investigación, las cámaras de comercio, industria y navegación y otras entidades de derecho público, como las organizaciones empresariales y sindicales con mayor representación en la comunidad autónoma.
La Consejería de Economía y Hacienda ha elaborado este anteproyecto con un alto grado de participación y consenso social. En este sentido, además de los órganos consultivos previstos en la Ley de 4 de diciembre de 1989 (Consejo de Dirección del Instituto de Estadística de Andalucía y Consejo Andaluz de Estadística, organismo este último con representantes de universidades, sindicatos, empresarios, municipios, diputaciones, Parlamento de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística), el anteproyecto ha sido debatido con un comité de 14 expertos del sector y en unas jornadas públicas celebradas en marzo del presente año.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley de Reconocimiento de Entidades Andaluzas en el Exterior. La nueva norma, que sustituirá a la vigente desde 1986, introducirá la posibilidad de extender este reconocimiento no sólo a las asociaciones y comunidades sino también a las fundaciones y a cualquier otro tipo de ente asociativo sin ánimo de lucro.
El anteproyecto se adapta a las transformaciones experimentadas en materia de emigración durante los últimos veinte años, periodo en el que Andalucía ha estabilizado sus flujos migratorios al mismo nivel que el resto de las comunidades autónomas. De este modo, se pone el acento en fomentar lazos culturales más que en la protección asistencial a los andaluces que viven fuera de la comunidad autónoma.
Entre las novedades recogidas destaca también la previsión de que el Gobierno andaluz pueda firmar acuerdos de cooperación cultural y asistencia social con autoridades de territorios subestatales equivalentes a las comunidades autónomas españolas. Del mismo modo se alentará al Gobierno central a suscribir convenios con los estados con presencia de comunidades andaluzas.
La futura ley establecerá como principales condiciones que las entidades no tengan finalidad política o sindical y que el 20% de sus socios sean nacidos en Andalucía o descendientes de andaluces. Asimismo fijará una serie de deberes relativos al fomento de la cultura andaluza, la proyección de la realidad de la comunidad autónoma y la promoción socioeconómica y la asistencia social.
Un total de 1,8 millones de andaluces viven actualmente fuera de la comunidad autónoma y 406 asociaciones y federaciones tienen reconocida su consideración como comunidades andaluzas en el exterior, tanto en el resto de España como en el extranjero. La Junta de Andalucía dedica anualmente más 300 millones de pesetas a apoyar la actividad de estas entidades.