| Andalucía, 24 de abril de 2001 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, norma que tiene como objetivo principal ajustar el régimen jurídico y las funciones y prioridades de estos organismos para mejorar los servicios que prestan a las empresas y a las administraciones. El nuevo texto legal, que ya fue remitido al Parlamento de Andalucía en 1999 pero no pudo ser aprobado al agotarse la legislatura, apuesta por intensificar la coordinación entre las distintas Cámaras andaluzas y por agilizar sus órganos de gobierno para colocar a estas instituciones en la vanguardia de la modernización de la cultura empresarial en Andalucía.
El proyecto, consensuado con los principales agentes económicos y sociales de la comunidad autónoma, consagra la doble vertiente pública y privada de las Cámaras de Comercio, al combinar la potestad de autoorganización del colectivo empresarial con las funciones de asesoramiento a las administraciones públicas. En este sentido, subraya como prioritarios los cometidos de formación empresarial; búsqueda de nuevos mercados (apoyo al Plan de Internacionalización de la Empresa Andaluza); prestación de servicios a las pequeñas y medianas empresas (arbitraje mercantil, asesoramiento de mercados, información de coyuntura económica, etc.), y gestión de servicios públicos (instalaciones feriales, oficinas de organización de eventos, etc.).
Como principal novedad, el borrador aprobado hoy establece la creación del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Este órgano, con sede propia, englobará a todas las Cámaras de la comunidad autónoma con el objetivo de mejorar la coordinación, realizar tareas de asesoramiento al Gobierno andaluz y prestar a las empresas servicios de mayor nivel que los que pueden ofrecerse en el ámbito territorial de cada institución. Entre otras funciones concretas, el Consejo hará propuestas de reformas legislativas y dirimirá en las discrepancias que se planteen entre las distintas Cámaras.
El proyecto también plantea una reforma organizativa para incrementar la democratización y profesionalización de las Cámaras a través, entre otras medidas, de la creación de la figura del Gerente, la profesionalización de las tareas de contaduría y la reducción del número de miembros de los órganos de gobierno.
La regulación del régimen jurídico y económico de las Cámaras y del Consejo, recogida en los dos últimos capítulos del texto legal, respeta plenamente la autonomía de estas instituciones, si bien mantiene el derecho de tutela sobre las mismas por parte del Gobierno andaluz.
Por último, la norma incluye también una regulación del ámbito territorial de las Cámaras y del régimen de fusiones, integraciones, segregaciones y desconcentración de funciones. La principal aportación en este terreno es la obligatoriedad del proceso de fusión para aquellas entidades que registren un déficit superior al 20% de sus ingresos durante cuatro ejercicios consecutivos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación del Instituto del Agua de Andalucía, órgano adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes que se encargará de prestar apoyo a la Junta de Andalucía y promover la coordinación institucional en materia de recursos hídricos.
El nuevo instituto participará en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de agua en la comunidad autónoma, además de desarrollar proyectos de investigación y formación en colaboración con las Universidades de Andalucía. Entre sus funciones se incluirán también la elaboración, actualización y difusión de información sobre los recursos hídricos y el fomento de la implicación de los usuarios y de los agentes sociales y económicos en los objetivos relacionados con el uso racional y sostenible del agua.
En su labor de apoyo a la política hidrológica andaluza, el instituto prestará especial atención a la planificación de las cuencas intracomunitarias y a las iniciativas de respuesta a situaciones climatológicas extremas, como sequías e inundaciones. Asimismo, prestará asesoramiento técnico al Consejo Andaluz del Agua y podrá participar, en representación de la Consejería de Obras Públicas, en organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la gestión y conservación de los recursos hídricos. Al frente del instituto estará un director, con rango de director general, nombrado por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Obras Públicas.
El nuevo órgano contará con el apoyo de la Comisión Interdepartamental del Agua, entidad cuya creación también ha sido aprobada hoy por el Consejo de Gobierno y que, entre otras funciones, se encargará de coordinar las iniciativas de las distintas consejerías de la Junta en la materia, realizar propuestas al Instituto del Agua de Andalucía y llevar a cabo el seguimiento de sus programas.
La Comisión Interdepartamental estará presidida por el secretario general de Aguas de la Junta de Andalucía y contará con representantes del Instituto del Agua de Andalucía y de las consejerías de Obras Públicas y Transportes, Empleo y Desarrollo Tecnológico, Presidencia, Economía y Hacienda, Gobernación, Turismo y Deporte, Agricultura y Pesca, Salud, Educación y Ciencia, Cultura y Medio Ambiente. También figurarán como vocales dos profesionales de reconocido prestigio, nombrados a propuesta del Instituto del Agua de Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy iniciar los trámites del Plan Subregional de Ordenación del Territorio de La Janda, que será elaborado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes con el objetivo de sentar las bases para el desarrollo equilibrado de esta comarca gaditana, cuya población ronda los 80.000 habitantes.
El documento establecerá las líneas generales y los criterios de jerarquía y funcionalidad de los sistemas de asentamientos urbanos e infraestructuras básicas, además de fijar la distribución de los usos, equipamientos y servicios de carácter supramunicipal. A estas directrices se deberán adaptar tanto los planes urbanísticos como las iniciativas de los municipios relativas a la ordenación del territorio.
Como principales objetivos concretos, el plan incluirá la mejora de la cohesión territorial; la articulación con los ámbitos territoriales limítrofes; el fomento de la ordenación social, económica y ambiental de los recursos productivos; la promoción de los recursos naturales, culturales y paisajísticos, y la mejor integración en el territorio de los espacios naturales protegidos.
Igualmente, el documento definirá dos grandes bloques de zonas según los distintos objetivos de compatibilización de los usos del territorio y de protección de los recursos paisajísticos, naturales y culturales.
El futuro plan tendrá como ámbito de aplicación los términos municipales de Alcalá de los Gazules, Barbate, Benalup, Conil de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de Rivera y Vejer de la Frontera. La extensión total de esta comarca alcanza los 1.535 kilómetros cuadrados.
El Plan de Ordenación del Territorio de La Janda forma parte del conjunto de trece documentos de planificación de ámbito subregional previstos por el Gobierno andaluz para consolidar un modelo territorial equilibrado en áreas de características singulares, como las metropolitanas, las costeras o las de especial potencialidad económica.
De estos trece planes, uno ya ha sido aprobado (el de la Aglomeración Urbana de Granada); nueve están redactados y pendientes de aprobación definitiva (Sevilla, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Málaga, Costa Noroeste de Cádiz, Poniente de Almería, Sierra de Segura, Ámbito de Doñana y Litoral Occidental de Huelva), y tres se encuentran pendientes de redacción (La Janda, Litoral del Levante de Almería y Litoral de Granada).
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía quiere respaldar expresamente el acuerdo unánime adoptado por el Parlamento andaluz el pasado día 19 por el se reclama al Gobierno de España que solicite un nuevo mandato negociador con el Reino de Marruecos para tratar de garantizar la viabilidad y el futuro del sector pesquero andaluz.
El Consejo de Gobierno hace suya dicha proposición no de ley en la que, igualmente, se demanda que dicho proceso negociador debe estar respaldado por la cobertura económica suficiente para hacer posible un acuerdo satisfactorio para las partes.
El Consejo de Gobierno recuerda también que la Cámara andaluza reclamó, por mayoría, que en el caso de que no se reabrieran las negociaciones, el Gobierno de España debe recabar autorización y financiación que permitan iniciar conversaciones bilaterales con el Reino de Marruecos, con el fin de garantizar la viabilidad del sector pesquero andaluz.
Para el Consejo de Gobierno, resulta difícilmente explicable que, pese a eta petición unánime de todos los grupos parlamentarios andaluces y del sector afectado, el Gobierno español rehúse agotar todas las posibilidades para alcanzar una acuerdo y prefiera condenar, de antemano, a la pesca andaluza al desguace y su desaparición.