| Andalucía, 24 de julio de 2001 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha autorizado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía a interponer una demanda judicial contra las empresas tabaqueras Altadis-Tabacalera, Phillip Morris, Browns Williams, JT International y Cita, con el objetivo de reclamarles una compensación por el coste que para el sistema sanitario público andaluz supone el tratamiento de las enfermedades derivadas del tabaco y las intervenciones dirigidas a prevenir la adicción y ayudar a su abandono.
La Junta de Andalucía, que será la primera Administración europea en llevar a cabo una demanda de este tipo, destinará la cantidad reclamada a programas de educación, prevención, deshabituación y tratamiento del tabaquismo, un problema que actualmente afecta al 35% de la población andaluza mayor de dieciséis años.
La acción judicial autorizada hoy por el Consejo de Gobierno tomará como referencias, entre otras, la información obtenida en las historias clínicas de pacientes diagnosticados de infarto de miocardio, cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Asimismo, se tendrán en cuenta los datos recopilados por la Consejería de Salud relativos al gasto farmacéutico por recetas y a las visitas en atención primaria y especializada motivadas por estas tres patologías.
Además de las razones de índole económica, el Gobierno andaluz subrayará en su demanda los graves efectos sociales y sanitarios del tabaquismo. En este sentido, los estudios epidemiológicos realizados durante los últimos años ponen de manifiesto que el tabaco provoca en Andalucía 10.000 muertes al año y que el riesgo de infarto agudo de miocardio en menores de 50 años se multiplica por seis entre los fumadores andaluces. Los cigarrillos son responsables de alrededor del 99% de los casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, del 30% de todos los fallecimientos por cáncer y del 20% de las muertes por enfermedades coronarias.
Desde el inicio de la actual legislatura, y de acuerdo con la prioridad expresada por el presidente Manuel Chaves en su discurso de investidura, la Junta de Andalucía viene desarrollando una política activa de lucha contra el tabaquismo destinada a reducir el número de muertes por esta adicción y a potenciar hábitos saludables que mejoren la calidad de vida de los andaluces. En esta línea, la Consejería de Salud ha emprendido diversas medidas y estrategias de carácter asistencial y preventivo, proyectos de investigación, estudios sociológicos, campañas educativas de concienciación y programas de formación; iniciativas que se enmarcan en el plan de lucha contra el tabaquismo de la Junta.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto de organización, composición, funcionamiento y atribuciones del Consejo Andaluz de Salud, órgano colegiado de participación ciudadana creado en 1993 y encargado de controlar la ejecución de la política sanitaria y de asesorar a la Consejería de Salud en el ejercicio de sus funciones.
Respecto a la anterior regulación, esta norma amplía la participación de los profesionales sanitarios al incluir sendos miembros de los colegios oficiales de Fisioterapéutas y Podólogos, que aún no estaban constituidos en 1993 y que se suman a la actual representación de los colegios oficiales de Médicos, Diplomados en Enfermería, Farmacéuticos, Psicólogos, Veterinarios, Odontólogos y Estomatólogos.
Además de estos representantes, el Consejo Andaluz de Salud cuenta también con la participación de la Administración autonómica, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, las universidades, las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales y sindicales.
Entre las funciones del Consejo, destacan la realización de propuestas relacionadas con la aplicación de los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario público; el seguimiento del Plan Andaluz de Salud; la colaboración en iniciativas de prevención; la aportación de información respecto al funcionamiento de centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos, y el conocimiento previo de las memorias anuales de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, la suscripción de un convenio con 50 entidades financieras operantes en Andalucía para canalizar este año financiación privilegiada por valor de 120.000 millones de pesetas (721,2 millones de euros) con destino a la Administración autonómica y a las pequeñas y medianas empresas.
De la cantidad acordada, 60.000 millones corresponden a las medidas de apoyo financiero a las pymes recogidas en el V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía suscrito el pasado 23 de mayo. La otra mitad se destinará a financiación autonómica.
El apoyo a las pymes se centrará fundamentalmente en proyectos que supongan, entre otros avances, mejoras en la competitividad, incorporación de servicios avanzados, creación de servicios comunes para empresas, consolidación de un tejido empresarial turístico amplio y diversificado, fomento de la economía social, mejora de las estructuras energéticas, instalación de nuevas empresas en Andalucía, consolidación y modernización de las ya existentes y creación y mantenimiento de puestos de trabajo.
Como requisito imprescindible, se establece que estos proyectos deberán desarrollarse en los sectores industrial y turístico o de servicios a la industria. La mayor parte de las ayudas previstas en el convenio serán cofinanciadas por los fondos estructurales de la Unión Europea y, especialmente, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
Desde 1983, la Junta de Andalucía suscribe anualmente un convenio con la mayoría de las entidades financieras operantes en la comunidad autónoma para facilitar financiación en condiciones más favorables que las habituales del mercado. Estos convenios incluyen la subsidiación de los tipos de interés de las operaciones por parte de la Junta, con el consiguiente abaratamiento de costes para las empresas.
Entre las condiciones financieras recogidas en el convenio de este año destaca el importe máximo de cada operación de préstamo, que será de 415,9 millones de pesetas (2,5 millones de euros). Para las operaciones de leasing, este límite se fija en 199,6 millones de pesetas (1,2 millones de euros). En cuanto a las comisiones, se mantienen en el 0,5% para operaciones a tipo fijo y entre el 1% y el 1,25% para operaciones a tipo variable.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación del Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía, destinado a mejorar el conocimiento y el control de calidad en este sector, que representa el 38% de la producción industrial andaluza. La inscripción en el mismo será obligatoria para acceder a las ayudas financiadas por la Junta de Andalucía.
El nuevo censo, que estará coordinado con el de Establecimientos Industriales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, recogerá y pondrá a disposición de los ciudadanos y las administraciones públicas la información sobre las actividades agroindustriales en la comunidad autónoma y los servicios relacionados con las mismas. Asimismo, integrará la documentación procedente del anterior Registro de Industrias Agrarias, transferido por la Administración central.
El decreto aprobado hoy fija un plazo de un año para la inscripción obligatoria de los titulares de empresas y establecimientos agroalimentarios. Las sociedades que ya figuraban en el anterior censo dispondrán de dos años para su adaptación.
El nuevo instrumento de control se estructura en quince secciones, dedicadas a industrias enológicas, aceiteras, hortofrutícolas, lácteas, forestales, cárnicas, acuícolas, molineras, textiles y de piensos, tabaco, mieles y ceras, zumos, aderezos y manipulación y conservación.
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, un decreto que establece como plazo único el 31 de diciembre de 2003 para que todos los ascensores instalados en Andalucía se adecuen a la legislación vigente sobre seguridad. Esta medida afecta a los elevadores autorizados antes de agosto de 1980, fecha desde la que es obligatoria la instalación de puertas en las cabinas y otros dispositivos de seguridad. La decisión se adopta a petición de las empresas del sector, ante la imposibilidad de cumplir el calendario que obligaba a adecuar antes de finales de 2000 los ascensores con autorización anterior a 1973 y antes de 2002 los aprobados entre ese año y 1980.
El decreto aprobado hoy establece, además, distintos plazos para que los titulares de estas instalaciones presenten ante las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo un documento que acredite la contratación de las modificaciones, para garantizar que las mejoras se realicen antes de que finalice 2003. Los plazos fijados están en función de la fecha de autorización de los elevadores.
Los titulares de ascensores instalados en edificios de concurrencia pública autorizados antes del 10 de agosto de 1980 y el resto de elevadores autorizados antes del 31 de diciembre de 1973 tienen un plazo de tres meses, a contar de la entrada en vigor del decreto, para presentar el proyecto de renovación. Los aprobados entre el 1 de enero de 1974 y el 31 de diciembre de 1976 lo harán antes de que finalice 2001 y los autorizados entre el 1 de enero de 1977 y el 10 de agosto de 1980 disponen hasta el 31 de diciembre de 2002.
La renovación de los ascensores incluye la instalación de puertas de cabina, alumbrado de emergencias, dispositivos de maniobra y de petición de socorro. Además, los elevadores que vayan a ser utilizados por disminuidos físicos se adaptarán a las normas específicas sobre accesibilidad.
El Consejo de Gobierno ha acordado autorizar a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para realizar un estudio sobre las posibilidades de ahorro y racionalización energética en los inmuebles de la Administración autonómica, con el objetivo de determinar las correspondientes medidas de mejora en sus instalaciones y equipos.
Este proyecto, que incluirá un análisis de posibles medidas para reducir costes económicos e incrementar la utilización de energías renovables, se enmarca en el conjunto de iniciativas que lleva a cabo la Junta de Andalucía para promover un uso más eficiente de la energía en la comunidad autónoma.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy agilizar las obras de sustitución de la conducción principal de abastecimiento de agua a los 15 municipios de la zona oriental de la provincia de Sevilla que se benefician del denominado Plan Écija. Para ello ha autorizado la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por este proyecto, que supondrá una inversión total de 755 millones de pesetas.
Además de la sustitución de la actual conducción principal, de 4.380 metros de longitud entre el embalse del Retortillo y Écija, también se renovarán 1.412 metros en el ramal oriental y 1.720 metros en el occidental.
Este proyecto, que permitirá aumentar los caudales de agua suministrada y evitar posibles cortes por el estado de la actual tubería, beneficiará a una población total de 225.000 habitantes de los municipios de Écija, Cañada del Rosal, La Campana, Fuentes de Andalucía, La Lantejuela, La Puebla de Cazalla, Osuna, El Rubio, Marinaleda, La Luisiana, Aguadulce, Herrera, Lora del Río, Badolatosa y Casariche.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy conceder una subvención de 733,5 millones de pesetas a la Comunidad de Regantes del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir, con destino a la modernización de 14.600 hectáreas de regadíos en el término municipal de Lebrija (Sevilla), proyecto que supondrá una inversión total de 1.707 millones de pesetas en los próximos tres años.
Las obras de modernización optimizarán el consumo de agua y energía a través de la instalación de equipos de programación automática e informatizada del riego en cada parcela, lo que supondrá un ahorro del 10% sobre los 7.500 m3 de agua por hectárea que actualmente se consumen. Asimismo, se construirá una serie de balsas de 5.000 m3 de capacidad para la regulación de los futuros riegos por goteo, que afectarán a unas 200 hectáreas. Todas estas obras, que se llevarán a cabo sin aumentar la superficie regable, beneficiarán a los 1.142 socios que integran la comunidad de regantes.
El área que se modernizará es la denominada Sección III de Marisma, Sector B-XII de la Zona Regable del Bajo Guadalquivir, dedicadas básicamente a algodón, remolacha, cereales, girasol, invernaderos y cultivos hortofrutícolas. Abastecida a través del último tramo del Canal del Bajo Guadalquivir, esta zona se riega actualmente por aspersión en un 30% de sus 14.600 hectáreas y por gravedad en el 70% restante. Con las obras de mejora, se regará por aspersión en un 70%, por gravedad en un 21% y por goteo en un 9%.
El Consejo de Gobierno ha ratificado hoy el acuerdo adoptado por el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía para conceder un crédito de 600 millones de pesetas al centro especial de empleo Asociación para la Promoción del Minusválido (PROMI), con el objetivo de que esta empresa pueda acometer su plan de viabilidad.
Con la concesión de este crédito, a un interés del 4% y con un plazo de amortización de 15 años, la Junta de Andalucía da cumplimiento a su compromiso adquirido en el convenio de colaboración suscrito con Promi el pasado mes de febrero.
El Consejo de Gobierno ha declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, el antiguo Convento de San Francisco de Morón de la Frontera (Sevilla). Este edificio fue levantado en el siglo XVI por el primer duque de Osuna siguiendo la tendencia renacentista, si bien las sucesivas remodelaciones llevadas a cabo posteriormente lo han enriquecido con diferentes estilos.
El nuevo Bien de Interés Cultural destaca especialmente por la portada de su iglesia, labrada en piedra caliza. Este templo, construido en el siglo XVI, consta de una sola nave dividida en siete tramos separados por pilastras toscanas pareadas que soportan un entablamento desde el que arranca una bóveda de medio cañón con decoración manierista de tipo geométrico. Otros elementos destacados del edificio son el claustro, rodeado de galerías de arcos de medio punto sobre columnas toscanas, y la zona de las antiguas celdas.
La declaración como monumento incluye los bienes muebles que se conservan en el interior del edificio, entre los que destacan el retablo mayor de la iglesia, el retablo de la capilla del Sagrario y un crucificado de Baltazar López fechado en 1592. Asimismo, se delimita un espacio de protección integrado por las parcelas contiguas al monumento y por aquellas otras que presentan una relación visual con el mismo. Esta delimitación afecta a la plaza de San Francisco y a las calles Reyes Benítez, Humanes, Diego Bermúdez Rodríguez, Antonio Garrocho Martínez, Guadiana y San Francisco.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy iniciar la expropiación forzosa de dos parcelas situadas dentro de la Zona Arqueológica de Baelo Claudia, en el municipio gaditano de Tarifa, con el objetivo de reforzar la conservación del yacimiento. En estas parcelas, que suman una superficie de más de 700 metros cuadrados, se ubican dos edificaciones que afectan muy negativamente a los restos de la antigua ciudad comercial romana.
Los terrenos que se van a expropiar son los dos primeros de los nueve que fueron declarados el pasado mayo de interés social a efectos de expropiación forzosa para garantizar la conservación del yacimiento de Baelo Claudia. Las edificaciones de estas parcelas, situadas en lo que la calle principal del asentamiento romano, hacían imposible continuar las investigaciones arqueológicas sobre el urbanismo del conjunto arqueológico.
Además, las servidumbres de paso existentes imposibilitan el correcto cerramiento perimetral del yacimiento y permiten el paso de vehículos y personas hasta el mismo centro urbano de Baelo Claudia, con el consiguiente riesgo de expolio. Por su parte, las edificaciones actúan como barrera física en la evacuación de las aguas pluviales y provocan fenómenos de deterioro y erosión en los restos arqueológicos.
La Junta de Andalucía realiza actualmente obras de emergencia en el claustro del Monasterio de San Jerónimo de Granada y en las Termas Menores del Conjunto Arqueológico de Itálica, en Santiponce (Sevilla). La consejera de Cultura, Carmen Calvo, ha informado hoy al Consejo de Gobierno de estos dos proyectos, que supondrán una inversión global de 62 millones de pesetas.
La intervención en el Monasterio de San Jerónimo, que se inició el pasado 13 de julio, tiene como principal objetivo reparar la cubierta del claustro, afectada por problemas de pudrición en la tablazón y de desprendimiento de tejas. Las obras, presupuestadas en 32 millones de pesetas, tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.
Las obras de emergencia en Itálica, que se llevan a cabo desde el pasado mes de enero, se destinan a reparar los daños provocados por el derrumbe parcial de un muro de contención el yacimiento, ocasionado durante un fuerte temporal de viento y lluvia ocurrido en Santiponce a principios de este año. Para ello se construirá un nuevo muro de hormigón y en la instalación de un sistema de drenaje que evite la acumulación de agua. Asimismo, se aprovechará la intervención para mejorar las condiciones de conservación de estos restos arqueológicos. El proyecto, presupuestado en 30 millones de pesetas, concluirán a finales del próximo mes de agosto.
El Consejo de Gobierno ha acordado notificar al Gobierno central su incompetencia para autorizar la extracción de restos arqueológicos submarinos en el litoral andaluz. La Junta también ha requerido la anulación del permiso concedido el pasado mes de abril por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes a la empresa Odyssey Marine Exploration, con sede en Florida, para la realización de trabajos de este tipo en aguas de la costa gaditana.
En su requerimiento de incompetencia, la Junta subraya que la concesión de este permiso no respeta el orden de competencias establecido por las distintas normativas estatales y autonómicas. En concreto, el Real Decreto 864/184, de 29 de febrero, como norma interpretativa del reparto constitucional y estatuario de competencias, atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía todas funciones relativas al patrimonio histórico, artístico, monumental y arqueológico, sin que se excluyan la zona marítimo-terrestre ni el mar territorial.
El Consejo de Gobierno ha nombrado a Manuel Requena García nuevo secretario general técnico de la Consejería de Medio Ambiente y a Juan Carlos Usero López delegado provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Almería.
Manuel Requena, que hasta la fecha ocupaba el cargo de delegado de Economía y Hacienda en Almería, es abogado y desde 1987 estaba vinculado a la Administración andaluza, primero como delegado de Hacienda y después de Economía. Ha sido concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería.
Por su parte, Juan Carlos Usero, nombrado delegado de Economía y Hacienda en Almería, en sustitución de Manuel Requena, es licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta. En la actualidad, era secretario general de la Delegación de Asuntos Sociales en Almería.
El Consejo de Gobierno ha nombrado, a propuesta de la consejera de Educación y Ciencia, a Emilio Iguaz de Miguel presidente del Consejo Escolar de Andalucía. El nuevo titular de este organismo es ingeniero técnico en Electrónica Industrial y profesor de Tecnología de Electrónica y ha sido director del instituto Virgen de las Nieves, de Granada. En la actualidad, era miembro del Consejo Escolar de Andalucía.