| Andalucía, 26 de febrero de 2001 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter
decisorio, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
Cada año, los andaluces conmemoramos el aniversario del Referéndum del 28 de Febrero con la convicción de que aquél resultó un paso decisivo para la recuperación de nuestra estima como pueblo y para iniciar una etapa de progreso que ha cambiado de raíz la imagen y la realidad de nuestra tierra.
En este año 2001 se cumplen, también, 20 años de la aprobación en Referéndum y posterior promulgación del Estatuto de Autonomía para Andalucía, un texto que, inserto en el llamado bloque de constitucionalidad, constituye la auténtica clave de bóveda de nuestro modelo de convivencia, y que, más allá de otras consideraciones, ha sido un instrumento de extraordinaria utilidad para nuestra Comunidad.
No por repetidas, son palabras vanas. El Estatuto ha permitido consolidar las instituciones de autogobierno del pueblo andaluz, las libertades democráticas y la convivencia pacífica de todos. Preservar el prestigio de dichas instituciones, fomentando su arraigo en la sociedad democrática, es tarea ineludible para todos los demócratas, especialmente aquéllos que ostentan la representación ciudadana.
Además, el Estatuto y el desarrollo competencial posterior ha servido para superar las condiciones de atraso que marcaron secularmente nuestra historia, promoviendo el diálogo y la concertación social hacia el desarrollo económico y universalizando el disfrute de derechos básicos, como el acceso a la Educación, las prestaciones sanitarias o los servicios sociales. Para un Gobierno de progreso como es el andaluz, estos avances en materia social suponen un orgullo irrenunciable.
El Estatuto y la autonomía han contribuido decisivamente a acortar nuestro diferencial histórico con comunidades y países de nuestro entorno. En Andalucía, en estos años, hemos crecido más que el resto de España y de la Unión Europea, lo que se ha traducido también en un mayor crecimiento del empleo. Al mismo tiempo, nuestras políticas sociales, de las que Andalucía es referente nacional, han ido encaminadas a redistribuir mejor nuestra riqueza, para que ningún andaluz se quede fuera de los beneficios del crecimiento económico, lo que redundará en una mayor cohesión social.
En consecuencia, se han creado las condiciones, desde el punto de vista de las infraestructuras, los equipamientos y de la formación, necesarias para afrontar con éxito los retos del siglo XXI que acabamos de inaugurar.
Pero bien podemos decir que hemos culminado una etapa y ahora, en este nuevo siglo, comenzamos una nueva.
Una nueva época que va a estar caracterizada por nuestra plena integración a la economía globalizada, por las exigencias de competitividad que se derivan de ella, por nuestra incorporación decidida a la Sociedad del Conocimiento que se está gestando a partir de la extensión de la Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Para este gran desafío, en el que Andalucía apuesta por su futuro, necesitamos, sobre todo, fomentar nuestro espíritu emprendedor, especialmente entre los jóvenes, convertir la innovación en el eje central de nuestra actividad productiva y científica, con el objetivo de que nuestros productos y servicios tengan un marchamo de calidad y sean sinónimo de algo realizado con rigor, precisión y esmero.
Al mismo tiempo, en este día, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía quiere reafirmar su compromiso con los valores que inspiran nuestro Estatuto.
Compromiso, en primer lugar, con la Constitución, con las libertades y derechos democráticos. Libertades y derechos que son gravemente puestos en cuestión por la permanencia de los ataques terroristas que, en este año pasado, hemos sufrido en Andalucía, y especialmente en Málaga, Granada y Sevilla. En este sentido, reiteramos nuestro reconocimiento y nuestro apoyo a la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que han alcanzado éxitos significativos en su tarea, al mismo tiempo que hacemos un llamamiento a todos, ciudadanos, partidos políticos e instituciones para reforzar la unidad democrática frente a la amenaza terrorista.
Frente al desánimo que quieren hacer cundir los terroristas, tal vez sea bueno recordar que hace exactamente veinte años, los andaluces, como el resto de los españoles, vivíamos sobrecogidos por la amenaza que entonces suponía el involucionismo que tuvo su más patética expresión en la intentona golpista del 23-F, que estuvo a punto de saldarse con un baño de sangre. Pues bien, de la misma manera que esa amenaza ya es sólo un triste recuerdo, confiemos en que también la lacra del terrorismo pase pronto a las herrumbres de la memoria y se convierta, como la anterior, en un acicate para el baluarte de las libertades.
Compromiso, en fin, también con los valores de tolerancia y diálogo entre todos que están en la base de nuestra identidad andaluza y que hoy tienen una importancia capital para afrontar, con una nueva mirada, el carácter multicultural de la nueva sociedad.
Andalucía, que durante décadas fue tierra de emigrantes, cuando buena parte de una generación de andaluces tuvo que abandonar nuestra comunidad para buscarse el futuro en otras regiones y países, se ha convertido en lugar de acogida. De alguna manera, la especial sensibilidad que se deriva de ese pasado no tan lejano, nos debe servir para contemplar este fenómeno de la inmigración con generosidad y espíritu positivo.
Sabemos que la solución de raíz está en el desarrollo de los países de origen, en la erradicación de las causas que fuerzan a las gentes a emigrar masivamente, como las guerras, el subdesarrollo económico o las epidemias. Los andaluces así lo hemos entendido y es por ello que, en los últimos años, hemos multiplicado los programas de cooperación con los países del llamado Tercer Mundo, especialmente con los que nos son más cercanos por razones geográficas o culturales, como el Magreb o la América hispana. Hemos multiplicado correlativamente los recursos a ello destinados, hasta convertir a Andalucía en la comunidad más solidaria de España. Nos sobran las razones que justifican esta posición a la vanguardia en la lucha contra las desigualdades.
Pero, al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que, en un futuro que ya empieza a ser presente, nuestras sociedades serán --irreversiblemente– multiculturales y multiétnicas. De nosotros depende asumir esta cuestión como un factor positivo de enriquecimiento de nuestra sociedad o, por el contrario, afrontarla desde una posición acomplejada.
Promover las condiciones para facilitar y garantizar la convivencia es responsabilidad de todos, de los poderes públicos y de la sociedad. Hay que buscar fórmulas flexibles y eficaces para dar acogida a todos aquellos inmigrantes que son necesarios para nuestra sociedad y a los que podamos ofrecer un puesto de trabajo digno. Es fundamental establecer un gran consenso básico sobre esta cuestión. En este sentido, consideramos necesario que los grupos políticos, los agentes sociales y todas las Administraciones avancen hacia la adopción de grandes acuerdos que creen un marco idóneo para las políticas de integración que son imprescindibles.
El 28 de Febrero nos legó también una gran lección: Andalucía tiene potencialidad para superar los más grandes desafíos, con la condición de afirmarse en un proyecto común, proyecto que, sin duda, pierde peso e influencia con los enfrentamientos localistas. Enfrentamientos que ni sirven a lo particular, ni contribuyen al interés general de Andalucía, lo que los convierte en esfuerzos condenados a la esterilidad.
Ni Andalucía ni sus ciudades pueden permitirse el lujo de malgastar sus energías, adentrándose por caminos que no conducen a ninguna parte.
Por ello consideramos necesario un pacto implícito de conciencia para buscar una zona de consenso que impida utilizar aquello que vaya contra Andalucía y que deteriore el camino recorrido en cuanto a la vertebración y articulación de la Comunidad.
De la misma manera que a los andaluces nos resultaría inimaginable que nuestra Comunidad adoptara, en el seno de la nación española, una posición insolidaria, egoísta o de desentendimiento de los intereses generales de España, también de puertas adentro debemos ser conscientes de que no resulta aceptable ninguna propuesta basada en el agravio comparativo, en la polémica estéril, en la absurda concepción de que el beneficio de una parte de Andalucía puede o debe hacerse a costa de otra.
Los 21 años transcurridos desde el 28 de Febrero de 1980 nos han permitido, con el esfuerzo de todos, dejar atrás, definitivamente, lacras históricas y afrontar con garantías de éxito los retos que nos impone la sociedad moderna. Las nuevas generaciones de andaluces no nos perdonarían que dilapidáramos ese inmenso capital en querellas inútiles.
Hemos superado con éxito una etapa decisiva de nuestra historia y producido un cambio sin precedentes. Estos cambios nos permiten afrontar la nueva época en la que nos de adentramos con confianza en nosotros mismos, en nuestras posibilidades de seguir avanzando en la senda del progreso, la solidaridad, la justicia y la convivencia de todos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la nueva regulación del Foro de la Inmigración en Andalucía, que pasa a denominarse Foro Andaluz de la Inmigración y a depender de la Consejería de Gobernación, departamento que coordina las políticas migratorias tras la redistribución de competencias en el Gobierno andaluz. Este órgano de consulta y participación tiene, entre otras funciones, las de fomentar la comunicación entre la sociedad y la comunidad inmigrante, formular propuestas para la integración social, favorecer las relaciones interétnicas y luchar contra el racismo y la xenofobia.
De acuerdo con el decreto de reforma aprobado, el Foro Andaluz de la Inmigración estará integrado por un presidente, tres vicepresidentes y 33 vocales. La presidencia corresponderá al consejero de Gobernación y las vicepresidencias a la viceconsejera de este departamento, al director general de Políticas Migratorias y a un representante del colectivo de inmigrantes.
Como vocales figurarán dos representantes de la Administración central, nueve de la autonómica, cinco de la local, diez de las asociaciones de inmigrantes, dos de los sindicatos, dos de las organizaciones empresariales y uno de los medios de comunicación social, así como dos personas de reconocido prestigio en temas de inmigración.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que adapta la normativa autonómica a lo establecido por el Gobierno central en el Real Decreto 115/2001, sobre el Plan Nacional de Vivienda, en relación con el precio de venta y renta de las viviendas protegidas.
Dentro de los márgenes fijados en dicho Real Decreto, la norma aprobada hoy establece para Andalucía los siguientes precios por metro cuadrado de superficie útil en las viviendas protegidas, con cantidades que en todo caso quedan por debajo de las máximas previstas por el Gobierno central: 125.000 pesetas en las ciudades de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla; 121.600 pesetas en el resto de capitales de provincia, en los municipios de 20.000 habitantes, en aquellos que están integrados en aglomeraciones urbanas y en los que presentan un mayor dinamismo socioeconómico, y 116.700 pesetas en el resto de los municipios.
El decreto también incorpora las limitaciones impuestas por la normativa estatal a la facultad de disponer de las viviendas protegidas, entre ellas la prohibición de su venta en un plazo mínimo de diez años a partir de la fecha de formalización del préstamo cualificado.
De igual modo, la normativa autonómica se adapta a la nueva fórmula de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a los efectos de la evaluación económica de los ingresos de los solicitantes de ayudas para la adquisición de vivienda. Dicha fórmula permite una mayor accesibilidad a los préstamos hipotecarios por parte de las familias con menores niveles de ingresos.
Finalmente, el decreto aprobado hoy incluye una disposición adicional destinada a adaptar las figuras del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo que pueden verse afectadas por la normativa estatal. Esta adaptación se realizará en un plazo de dos meses una vez conozca el tipo de interés para los préstamos cualificados que debe establecer el Gobierno central. Mientras tanto, se suspenderá la aplicación de los artículos 115 a 119 del decreto regulador del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, relativos a las ayudas autonómicas complementarias a la adquisición y promoción de viviendas protegidas. Con esta medida se pretende evitar el solapamiento de beneficios como consecuencia de la subvención a la entrada establecida por el Gobierno central para las viviendas protegidas.
El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de hoy interponer un recurso de inconstitucionalidad contra siete artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2001 y las correspondientes partidas presupuestarias de las secciones 32 y 33. Asimismo ha acordado solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía y autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta para la presentación de la demanda.
En concreto, se recurrirán los artículos 79, 80, 81, 82, 83, 85 y 86, por considerar que vulneran diversos preceptos de la Constitución Española, del Estatuto de Autonomía y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Respecto a los artículos 79, 80, 81, 83 y 85, que articulan jurídicamente la aplicación del modelo de financiación autonómica 1997-2001 en el presente ejercicio, el Gobierno andaluz señala los mismos motivos de inconstitucionalidad que ya justificaron anteriores recursos planteados contra los PGE de 1997, 1998, 1999 y 2000: vulneración de los principios constitucionales de unidad y autonomía financiera, solidaridad, territorialidad, coordinación con la Hacienda Estatal, libertad de circulación y establecimiento de bienes y personas, igualdad básica de todos los españoles en el cumplimiento de los deberes constitucionales y proscripción de privilegios económicos y sociales.
Respecto al artículo 82, que regula la financiación de las comunidades autónomas a las que no se aplica el nuevo modelo, los motivos de inconstitucionalidad son también los mismos que los esgrimidos en recursos precedentes. Entre ellos, se subraya que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2001 se limita a establecer las cantidades correspondientes a las transferencias de crédito a la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero no establece el porcentaje de participación en los ingresos impositivos del Estado. Estas cantidades, fijadas por el Estado unilateralmente y sin la necesaria negociación previa con la Comunidad Autónoma de Andalucía, no responden a la aplicación de los criterios fijados en el artículo 13 de la LOFCA y en el artículo 58 del Estatuto de Autonomía, especialmente en lo referido a la variable población, lo cual supone una importante pérdida de financiación.
Por otra parte, los PGE para 2001 no revisan el porcentaje de participación de Andalucía en los ingresos del Estado, aún existiendo causas para ello, y tampoco prevén la habilitación de un crédito destinado a cubrir la liquidación definitiva de dicha participación en ejercicios anteriores.
En lo relativo al artículo 86, en el que se determina el Fondo de Compesación Interterritorial (FCI) para este año, también se recurre por idénticos motivos a los de años anteriores. En concreto, el cálculo de la base del mismo (gastos del Estado y de los organismos autónomos correspondientes a inversiones nuevas de carácter civil) no es conforme a lo señalado en la propia Ley 29/1990 del FCI, al no computarse todos los gastos que corresponden.
Por último, este año se añade un nuevo motivo de inconstitucionalidad referido a la partida correspondiente a las "entregas a cuenta" de la participación de Andalucía en los ingresos del Estado, incluida en la Sección 32 de los PGE. A juicio del Gobierno andaluz, dicha partida contraviene la forma de cálculo de incremento del PIB nominal prevista en el método para la aplicación del sistema de financiación 1992-1996 aplicable a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el programa de control financiero permanente de las empresas de la Junta de Andalucía para 2001. La realización de este programa, de carácter anual, se recoge en el régimen presupuestario, financiero y contable que el Gobierno andaluz aprobó en 1999 con el objetivo mejorar la actividad financiera de dichas entidades y comprobar su adecuación a los principios de eficacia, eficiencia y rigor.
Respecto a anteriores ejercicios, el programa para este año dedicará una especial atención a los procesos de confirmación de saldos derivados de operaciones concertadas por la Junta con las empresas públicas. Asimismo, se incidirá en el análisis de la adaptación de los anteproyectos de presupuestos de las empresas a la financiación pública disponible y se examinará específicamente su situación en relación con la adecuada aplicación del IVA.
Además de estas novedades, el control financiero de 2001 incluirá las medidas habituales de revisión de la contabilidad anual; evaluación de la actividad financiera, mercantil y de tesorería; comprobación de la aplicación de la normativa vigente; seguimiento trimestral de la gestión presupuestaria y análisis de la planificación.
El programa aprobado hoy afecta a un total de 18 empresas de la Junta de Andalucía. Nueve de ellas son sociedades mercantiles: Canal Sur Radio, S.A.; Canal Sur Televisión, S.A.; Empresa Pública del Deporte Andaluz, S.A.; Turismo Andaluz, S.A.; Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.; Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A.; Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A.; Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., y Comercializadora de Productos Andaluces, S.A.
Las nueve empresas restantes son entidades de derecho público: Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía; Instituto de Fomento de Andalucía; Empresa Pública de Suelo de Andalucía; Empresa Pública de Puertos de Andalucía; Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol; Empresa Pública de Emergencias Sanitarias; Empresa Pública Hospital Poniente de Almería; Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales y Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
El control financiero permanente de las empresas públicas de la Junta de Andalucía, que se lleva a cabo bajo la supervisión y coordinación de la Intervención General, se implantó en 1999 en sustitución de la modalidad anterior basada en la realización de auditorías. Su carácter posterior descarta que suponga una interferencia en el normal desarrollo de la actividad empresarial y, de otro lado, permite un conocimiento pormenorizado y actualizado de la realidad empresarial.
Las normas reguladoras de esta modalidad de control establecen un procedimiento que obliga a las empresas a adoptar las medidas necesarias para solventar las deficiencias detectadas, además de prever la intervención directa del Consejo de Gobierno en caso de incumplimiento.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy dos decretos por los que se autoriza al Ayuntamiento de Sorvilán (Granada) para adoptar su escudo heráldico y su bandera municipal y al de Víznar (Granada) para adoptar su escudo heráldico, bandera y sellos oficiales. Las características de estos símbolos son las siguientes:
Sorvilán
Escudo. De sinople torre de plata, mazonada de sable aclarada de sinople, sobre ondas de playa y azur, acompañada de dos hojas de serbo de oro, al timbre corona real cerrada.
Bandera. Rectangular, de proporciones 2:3, formada por tres franjas horizontales en proporciones 2/3, 1/6 y 1/6, siendo verde con una torre blanca acompañada de dos hojas de serbo amarillas la superior, blanca la intermedia y azul la inferior.
Víznar
Escudo. Cortado en campo de gules, un báculo arzobispal de oro, puesto en banda y báculo obispal también en oro, sobrepuesto al primero, formando con éste un sotuer, con doble cinta anudada en su parte alta, la una perfilada en gules y la otra en plata; en campo de azur, un arco partidor de aguas en piedra en su color gris, con cuatro ojos; asentado y terrasado en monte de sinople, manando en cada ojo ondas de agua de azur y plata. Surmontado el ojo primero por la diestra por un lucero de ocho puntas de plata, y el ojo central de los otros tres, surmontado por una granada al natural, rajada de gules y hojada de dos hojas de sinople. Al timbre corona real cerrada.
Bandera. Rectangular, tres módulos de larga por cada dos de ancha; campo tronchado: primero en verde y segundo en rojo. Banda de azur perfilada en plata. Cuando se represente con el escudo, éste deberá figurar en el centro geométrico del vexilo, sobrepuesto a la banda, con su timbre y a una altura igual a dos tercios del ancho del vexilo.
Sellos oficiales. De dos tamaños, uno y otro de forma circular, en una sola cara y en el campo del sello el escudo municipal; en la orla sigilográfica la siguiente inscripción "Ayuntamiento de Víznar. Andalucía (España)". El primero de los sellos tendrá 40 milímetros de diámetro y el segundo de ellos 35 milímetros de diámetro.