| Andalucía, 26 de octubre de 1999 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de su titular,
Manuel Chaves González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, que prevé una inversión global de 69.383 millones de pesetas en el decenio 1999-2008 para completar la infraestructura y lograr la correcta gestión de este tipo de residuos en la Comunidad Autónoma, cuyo nivel de tratamiento se cifra actualmente en un 85%.
De acuerdo con las competencias de planificación en esta materia asumidas por la Junta de Andalucía, el nuevo plan se configura como el principal instrumento de apoyo a los entes locales -responsables directos de la gestión- para resolver el tratamiento de los residuos urbanos dentro de una estrategia de ámbito regional. Reducir el volumen de los residuos que se generan; incrementar la recuperación, la reutilización y el reciclaje y eliminar los vertederos incontrolados que aún existen en Andalucía constituyen sus objetivos centrales.
Entre las principales novedades del plan aprobado hoy destacan el impulso a la implantación generalizada de la recogida selectiva; la ampliación de la actual red de centros de tratamiento y la creación de nuevas instalaciones dedicadas a la clasificación, separación e intercambio, con el objetivo de facilitar al máximo el posterior aprovechamiento de los residuos. Asimismo, el documento recoge garantías ambientales para la ubicación y seguridad de las instalaciones de tratamiento; determinaciones sobre prevención y disposiciones relativas a residuos específicos (sanitarios, agrícolas, escombros, neumáticos, etc.).
De la inversión total programada, dos tercios corresponden a las entidades locales (Ayuntamientos, Diputaciones y Mancomunidades) y el resto a la Junta de Andalucía. El gasto previsto se distribuye entre residuos domiciliarios (48.917 millones), residuos específicos (16.566 millones) y medidas complementarias de investigación y campañas educativas (3.900).
Residuos domiciliarios
De acuerdo con la vigente normativa andaluza de protección ambiental, el Plan Director incluye dentro de los residuos domiciliarios tanto los generados por particulares como los correspondientes a actividades comerciales, servicios y parques y jardines. De los 48.917 millones presupuestados para completar la gestión de este tipo de residuos, 37.193 se destinan a construcción y mejora de instalaciones; 6.814 a recogida selectiva; 2.886 a recogida en domicilios y 2.019 a clausura de vertederos incontrolados.
Con el objetivo de incrementar su reutilización y reciclaje, el Plan Director establece que los residuos domésticos sean sometidos a recogida selectiva, con una separación en origen en al menos cuatro fracciones para su depósito en contenedores de distinto color: gris para la materia orgánica; amarillo para envases y otros materiales inertes; verde para vidrios y azul para papel-cartón. En este sentido, se dispone la dotación en los núcleos urbanos de un contenedor por cada 500 habitantes, así como la utilización en los domicilios particulares de bolsas diferenciadas para que cada tipo de residuos sea enviado a su correspondiente destino.
En cuanto a previsiones de infraestructura, el plan incluye como principal novedad la construcción de plantas de clasificación para hacer posible la recuperación y el separado de envases. También se propone completar, hasta cubrir las necesidades previstas en todo el territorio andaluz, la actual red de plantas de transferencia (encargadas de canalizar las basuras hacia los centros de tratamiento para su reciclaje y recuperación) y ampliar la dotación de plantas de reciclaje y compostaje para el manejo de los residuos y la obtención de abonos orgánicos (compost).
Residuos específicos
En relación a los residuos específicos asimilables a urbanos, el Plan Director destina 16.556 millones a mejorar la gestión de este tipo de desechos, entre los que se incluyen los vehículos y enseres domésticos abandonados; los escombros y restos de obras; los residuos biológicos y sanitarios y los agrícolas, industriales o de otro tipo cuya gestión corresponde a las corporaciones locales.
La principal partida se destina a tratamiento de escombros y restos de obras, con un total de 5.520 millones de pesetas. El resto de la inversión se reparte entre vehículos y maquinaria industrial en desuso (3.920 millones), plásticos agrícolas (3.630) y residuos industriales y lodos (3.496).
La novedad más destacada dentro de este capítulo es la creación de una red de "Puntos Limpios" (PL), que actuarán como centros de acopio para posibilitar la recogida y el posterior tratamiento de los residuos específicos. En concreto, se prevé la implantación de PL en todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes, así como en otros enclaves que destacan por su especial generación de residuos, como hospitales o grandes empresas.
Con el objetivo de tratar los residuos depositados en los PL, el plan también propone la instalación de al menos un centro de acondicionamiento, separación e intercambio de materiales en cada provincia, fijando una dotación mínima de 11 instalaciones de este tipo -todas ellas de nueva creación- para el conjunto del territorio andaluz.
Colaboración ciudadana
Junto a estos objetivos concretos de gestión, el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos incluye, por último, una serie de medidas complementarias, presupuestadas en 3.900 millones de pesetas. Dichas medidas se destinan fundamentalmente al desarrollo de programas de I+D sobre reutilización, reciclaje y minimización de residuos y a la realización de campañas de prevención, información y sensibilización.
En relación con las iniciativas de concienciación, el Plan Director subraya que la solución al tratamiento de los residuos urbanos en Andalucía pasa no sólo por la participación de las entidades locales responsables de su gestión sino también por la colaboración ciudadana, especialmente en lo referido a la reducción de la producción y a la selección de las basuras en origen.
Niveles de tratamiento
El plan aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, ratificado por las Administraciones y los agentes sociales y económicos representados en el Consejo Andaluz de Medio Ambiente, configura la estrategia destinada a completar el esfuerzo realizado durante los años 90 para solucionar uno de los principales problemas medioambientales de la Comunidad Autónoma. A lo largo de esta década, los proyectos desarrollados por la Junta y las entidades locales han permitido elevar el nivel de tratamiento de los residuos urbanos desde el 40% al 85%.
En Andalucía se generan actualmente alrededor de 3,3 millones de toneladas anuales de residuos sólidos urbanos. El 53% se elimina en los diferentes vertederos controlados que gestionan las corporaciones locales, las mancomunidades y los consorcios, mientras el 32% restante se envía a las plantas de reciclaje y compostaje actualmente en servicio.
La composición media de los residuos urbanos que se generan en Andalucía está integrada por materia orgánica (en torno al 49%), papel-cartón (18,6%), plásticos (12%), vidrios (6%), material textil (4,3%) y otros (10%). Sevilla, Málaga y Cádiz son las provincias con mayor volumen de producción de basuras urbanas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, que recoge como principales novedades el incremento del número de abogados de guardia en la Comunidad Autónoma y la creación del Consejo Asesor de Asistencia Jurídica Gratuita.
La primera de estas medidas se concreta en la incorporación de 7 nuevos letrados en el conjunto de las Comisarías de Policía y Juzgados de Guardia andaluces, hasta alcanzar la cifra total 57. Con ello, la nueva distribución asigna 15 abogados de guardia a la provincia de Málaga; 14 a Cádiz; 12 a Sevilla; 5 a Granada; 4 a Almería; 3 a Jaén; 2 a Huelva y 2 a Córdoba.
En cuanto al Consejo Asesor de Asistencia Jurídica Gratuita, este nuevo órgano servirá de cauce de participación y debate entre la Junta de Andalucía y la Judicatura y las demás instancias que intervienen en este servicio, con el objetivo de realizar propuestas para su mejora.
El reglamento aprobado hoy, que ha sido consensuado con los representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, establece también la ampliación de la asistencia jurídica gratuita a las mujeres víctimas de malos tratos en los juicios de faltas. Esta medida ya venía aplicándose de hecho a través del Plan de Actuación para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, puesto en marcha en 1998.
Finalmente, la norma prevé la organización por parte de la Junta de actividades formativas destinadas tanto a los abogados de guardia como a los de turno de oficio, con el objetivo de mejorar la cobertura jurídica que estos profesionales ofrecen a los ciudadanos.
Mejora laboral
De forma paralela a la aprobación del reglamento, la Consejería de Gobernación y Justicia ha acordado con los representantes de los Colegios de Abogados de Andalucía una subida de los honorarios que perciben lo profesionales encargados de prestar la asistencia jurídica gratuita. Este incremento se irá aplicando gradualmente a partir del próximo ejercicio, hasta recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años por la congelación de las retribuciones.
Desde que la Junta asumiera las competencias de Justicia en 1997, la partida destinada a asistencia jurídica gratuita se ha incrementado en 600 millones de pesetas. Actualmente, el gasto anual por este concepto alcanza los 2.000 millones de pesetas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que fija la relación de puestos de trabajo del recientemente constituido Consejo Económico y Social de Andalucía (CES), órgano consultivo de la Comunidad Autónoma para el diálogo y la participación de los interlocutores sociales en el debate de asuntos económicos.
Los nuevos puestos de trabajo, un total de 24, formarán parte de la estructura de la Consejería de Trabajo e Industria, sin perjuicio de su dependencia funcional del CES.
Con el decreto aprobado hoy se dota al nuevo órgano de los recursos humanos que, junto a los medios materiales y técnicos, son necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones.
El Consejo Económico y Social de Andalucía, constituido en Sevilla el pasado 21 de octubre, está integrado por representantes de sindicatos, empresarios, asociaciones de consumidores, corporaciones locales, Universidades y organizaciones de economía social.
El Consejo de Gobierno ha aceptado la donación, por parte del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada), del solar en el que se edificará el nuevo Palacio de Justicia de esta localidad. El terreno, ubicado en la calle Pintor Ruiz y con una superficie de 1.014 metros cuadrados, pasará a ser propiedad de la Consejería de Gobernación y Justicia.
El Palacio de Justicia de Santa Fe es uno de los proyectos promovidos durante esta legislatura por la Junta de Andalucía para la construcción de nuevos edificios judiciales. Entre estos proyectos destacan la futura Ciudad de la Justicia de Málaga, que agrupará las distintas dependencias judiciales de esta ciudad, y los nuevos Palacios de Justicia de Cazorla (Jaén) y Motril y Guadix (Granada), ya inaugurados.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el procedimiento de concesión de las subvenciones del coste de los materiales de las obras que realizarán los municipios andaluces con cargo al Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria 1999 (AEPSA). La Junta y las ocho Diputaciones Provinciales andaluzas fijarán definitivamente el próximo 9 de noviembre tanto la cuantía de esta financiación como su distribución.
De acuerdo con el decreto aprobado hoy, la Junta aportará el 75% del importe total, mientras que las Diputaciones asumirán el 25% restante. Estas subvenciones se destinan a la amortización del capital y los intereses de los préstamos que las distintas Diputaciones Provinciales concierten con el Banco de Crédito Local por el concepto del coste los materiales de las citadas obras.
Para solicitar las ayudas, las Diputaciones deberán certificar la aprobación de los proyectos por parte del Instituto Nacional de Empleo; la cuantía que aporta este organismo; las subvenciones que se hayan comprometido a conceder y las fechas previstas de inicio de las obras. Asimismo, las Diputaciones tendrán que remitir a la Consejería de Gobernación y Justicia, antes del próximo 31 de diciembre, la valoración definitiva de las obras, que deberán ser ejecutadas durante este año y el siguiente.
La Junta de Andalucía y las ocho Diputaciones andaluzas han invertido, desde 1984, más de 80.000 millones de pesetas en cooperación con los Ayuntamientos para la ejecución de obras del antiguo PER y del actual AEPSA.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy agilizar las obras de mejora del abastecimiento de agua en Almonte (Huelva), mediante la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por este proyecto, que supondrá una inversión de 258 millones de pesetas.
Las obras, que comenzarán antes de fin de año, consisten en la construcción de un nuevo depósito regulador con capacidad para 6.000 metros cúbicos y de una estación de bombeo y sobrepresión. Estas instalaciones permitirán resolver el problema de la falta de presión del agua, que afecta principalmente a la zona noroeste del municipio.
El proyecto, incluido en el Programa Operativo Entorno de Doñana, se completa con la construcción de las conducciones entre la estación de bombeo, el nuevo depósito regulador y la red de general de abastecimiento.