| Andalucía, 26 de diciembre de 2000 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter
decisorio, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
EL CONSEJO APRUEBA UNA REVALORIZACIÓN DEL 17% PARA LAS PENSIONES ASISTENCIALES EN EL 2001
El Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva ayuda económica complementaria de carácter extraordinario para las pensiones asistenciales (Fondo de Asistencia Social y Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos de la Ley de Integración Social de los Minusválidos -LISMI-), con el objetivo de proporcionar a los ciudadanos andaluces más desfavorecidos un aumento real de sus recursos. Esta aportación complementaria asciende a una cuantía media individual de 61.692 pesetas, lo que supone un aumento, con respecto a la ayuda aprobada el pasado año, equivalente a cuatro veces el IPC previsto para 2001.
La ayuda aprobada supone una revalorización del 17% sobre el importe anual fijado para 2001 en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (349.090 pesetas). El importe total de esta ayuda de la Junta, que se fraccionará en cuatro pagas durante el año 2001, asciende a 2.412 millones de pesetas.
Andalucía es la única comunidad autónoma española que complementa estas pensiones con ayudas económicas complementarias, de carácter extraordinario y personales e intransferibles. La medida se viene aplicando desde 1990, como expresión de solidaridad hacia las personas con recursos insuficientes. Actualmente, 39.100 andaluces tienen derecho a percibir estas pensiones, dirigidas a mayores, enfermos y discapacitados que carecen de posibilidades laborales.
La Ley de Servicios Sociales de Andalucía, de 4 de abril de 1988, prevé que el Gobierno andaluz pueda establecer prestaciones económicas, periódicas o no, para que las personas con escasos recursos puedan atender sus necesidades básicas. Esta ley responde a la potestad que el Estatuto de Autonomía atribuye, con carácter de exclusividad, a la comunidad autónoma en materia de asistencia y servicios sociales.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural del Peñón de Zaframagón, enclavada entre las provincias de Cádiz y Sevilla. El nuevo marco normativo permitirá reforzar la preservación de este espacio, que acoge a una de las mayores colonias nidificantes de buitres leonados de la Península Ibérica, así como regular las actividades de uso público.
El plan establece medidas para recuperar la cubierta vegetal de la reserva, sometida a un fuerte proceso de erosión por el desarrollo de la agricultura hasta los mismos bordes del Peñón, y para convertir a uso forestal las tierras de cultivo situadas en aquellas zonas con pendientes superiores al 25%. Asimismo, se propone una reducción de los vertidos contaminantes a los cauces fluviales y una intensificación del control de la caza furtiva y del pastoreo caprino que impide la regeneración del matorral.
Dentro de las 128 hectáreas que componen la zona de máxima protección de la reserva, el plan prohibe las actividades cinegéticas y piscícolas, la instalación de todo tipo de infraestructuras, el uso privativo de las aguas, la introducción de especies no autóctonas, la circulación de vehículos a motor, los deportes de montaña y, en general, todas aquellas que puedan alterar los valores naturales del enclave.
Los usos permitidos, relacionados con actividades científicas y didácticas, deberán ser previamente autorizados por la Consejería de Medio Ambiente. También necesitarán esta autorización el propio acceso a la reserva, la recogida de plantas aromáticas y el vuelo de ultraligeros, siempre que no perjudiquen las condiciones ambientales del entorno.
En la zona periférica de protección, de 320 hectáreas e integrada casi en su totalidad por terrenos privados, el plan seguirá fomentando la agricultura tradicional, la actividad ganadera, la caza menor y las actividades de educación ambiental. Asimismo, se promueven los usos públicos ligados a la antigua vía de ferrocarril que atraviesa el espacio natural, convertida hoy en vía verde de interés ambiental para la práctica del senderismo, el cicloturismo y los paseos ecuestres. Por el contrario, quedan prohibidas las instalaciones extractivas e industriales y aquellas actividades que deterioren las condiciones naturales de los ríos Guadalporcún y Guadamanil y del arroyo de Malaspasadas. También se prohíbe la caza de perdiz con reclamo durante el período de nidificación del buitre leonado.
Entre las iniciativas sujetas a la autorización de la Consejería de Medio Ambiente en esta zona periférica, se incluyen los proyectos de obras con movimientos de tierras, el uso privativo de las aguas superficiales y subterráneas, la actividad ganadera en zonas de policía de cauces, el cambio de uso de los terrenos forestales y las instalaciones de telefonía móvil o invernaderos.
Valores naturales
La Reserva Natural del Peñón de Zaframagón se sitúa en el límite entre las provincias de Cádiz y Sevilla, en los términos municipales de Olvera y Coripe, respectivamente. Con una extensión de 128 hectáreas y 320 de zona periférica de protección, el espacio sobresale por su peñón prominente y escarpado, de un kilómetro cuadrado de superficie en la base y unas cimas peladas de 584 metros de altitud. Otro enclave significativo es la garganta del Estrechón, excavada por el río Guadalporcún, que constituye uno de los pocos islotes de vegetación autóctona en la campiña de la comarca, con matorral mediterráneo y ribereño y ejemplares de encinas y sabinas.
Además de la colonia de buitres leonados, Zaframagón alberga otras especies de la fauna protegida cuya presencia es posible debido a la baja densidad humana de la zona y a su aislamiento de la red de carreteras. Entre ellas destacan el águila perdicera, el alimoche, el búho real, el halcón común, el tejón, la nutria, la comadreja y el zorro.
La actividad económica se centra en el aprovechamiento mixto agrícola (olivos y cereales) y ganadero (rebaños caprinos y vacunos) y en la caza del conejo, la perdiz y la paloma torcaz. Como principal valor cultural destaca el denominado Caserío de Zaframagón y, por su singularidad, la antigua línea de ferrocarril Arcos-Almargen, construida en los años 20 y nunca usada.
El Consejo de Gobierno ha declarado hoy Bien de Interés Cultural, con la categoría de zona arqueológica, el yacimiento de Urso, situado en Osuna (Sevilla) y en el que se encuentran restos de diferentes épocas históricas, desde la tartésica hasta la medieval. Se otorga así un régimen especial de protección a un total de 200 hectáreas repartidas entre el casco antiguo del pueblo y la colina donde se ubican la Universidad, la Colegiata y la Necrópolis. A partir de ahora, cualquier obra o cambio de uso en esta zona necesitará de la autorización previa de la Consejería de Cultura.
A diferencia de otros yacimientos andaluces caracterizados por la superposición de ciudades de distintas épocas, el de Urso ofrece una clara diferenciación de espacios en relación directa con cada periodo histórico. Esta peculiaridad se debe al paulatino desplazamiento hacia el Oeste y hacia las zonas bajas que han desarrollado los sucesivos poblamientos humanos asentados en el área.
El yacimiento comenzó a excavarse en 1903 y desde entonces se han puesto al descubierto estructuras de hábitat, fortificaciones y necrópolis pertenecientes a distintos momentos históricos entre el siglo VII A.C. y la Edad Media. De los restos arquitectónicos que aún se conservan, destacan el teatro y las tumbas hipogeas de la Vereda Real de Granada. También se han encontrado en Urso piezas de gran valor como los relieves ibéricos de guerreros procedentes de una tumba monumental y los denominados Bronces de Osuna, inscripciones legales que constituyen uno de los principales testimonios epigráficos del antiguo mundo romano.
Urso, que estaba atravesada por la vía que unía Hispalis con Antikaria (la actual Antequera), refleja también su importancia en las referencias de autores clásicos como Apiano, Diodoro, César, Estrabón o Plinio.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo reglamento de organización y funciones del Gabinete Jurídico y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, con el objetivo de adecuar este organismo a la nueva situación creada tras la asunción de nuevas competencias –entre ellas, las de Justicia– y las recientes modificaciones de normas que inciden directamente en la actuación de los letrados adscritos al mismo.
Entre las novedades más destacadas respecto a la anterior normativa, el reglamento establece un régimen de presencia de letrados del Gabinete Jurídico en organismos autónomos y entidades de Derecho Público dependientes de la Junta. Con ello se pretende responder a las necesidades que plantea la mayor capacidad competencial y presupuestaria de estos organismos, derivada del continuo proceso de descentralización administrativa.
El Gabinete Jurídico es un órgano de carácter técnico adscrito a la Consejería de la Presidencia y se encarga de la representación y defensa en juicio de la Administración autonómica. Además, asume el asesoramiento en derecho tanto del Consejo de Gobierno como de todos los departamentos de la Junta de Andalucía.
El nuevo reglamento sustituye al decreto 323/1994 de 28 de septiembre, por el que se regulaba la organización y funciones del gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, y al decreto 67/1994 de 22 de marzo, regulador del acceso al Cuerpo de Letrados de la Administración autonómica.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy conceder una ayuda de 1.721 millones de pesetas a Tableros Tradema S.L., para la instalación de una fábrica en la localidad jiennese de Linares. Esta iniciativa empresarial, que supondrá una inversión total de 14.348 millones de pesetas, propiciará la creación de 164 empleos directos y de otros 100 indirectos, derivados de compras y subcontrataciones en las fases de construcción y explotación. El proyecto permitirá asimismo impulsar el tejido industrial de la comarca linarense y diversificar su economía.
Tableros Tradema, empresa filial de Tafisa, tiene previsto finalizar durante 2001 la instalación de esta factoría, que producirá tableros de partículas y melaminizados. La subvención aprobada por el Consejo de Gobierno se incluye en el Programa de Ayudas para la Promoción y Desarrollo del Sector Industrial 2000-2006, que desarrolla la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
El Consejo de Gobierno ha acordado autorizar a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico a participar, a través del Instituto de Fomento de Andalucía, en la constitución de un fondo de capital riesgo destinado a apoyar inversiones de empresas en la comunidad autónoma. La aportación de la Junta podrá ascender a un máximo de cuatro millones de euros (unos 665,5 millones de pesetas), sin superar el 25% del capital total con el que se constituya.
Entre los promotores de esta iniciativa figura el Fondo Europeo de Inversiones, ya que su puesta en marcha se acogerá al programa de apoyo especial a acciones de desarrollo empresarial y fomento de creación de empleo que lleva a cabo este organismo.
El nuevo fondo de capital riesgo, que estará abierto otras entidades financieras instaladas en Andalucía y será complementario del ya constituido "Andalucía 21", centrará su objeto social en la participación en empresas industriales y de servicios de cualquier sector y actividad, con exclusión de las financieras.
El Consejo de Gobierno ha nombrado a los nuevos delegados de la Consejería de Medio Ambiente en Granada y Jaén y de la Consejería Asuntos Sociales en Jaén. Gerardo Sánchez Escudero y Mercedes Fernández Olivares han sido designados responsables de las delegaciones de Medio Ambiente en Granada y Jaén, respectivamente, mientras que Simona Villar García se hará cargo de la delegación de Asuntos Sociales en Jaén.
Gerardo Sánchez (Granada, 1964) es actualmente teniente de alcalde y responsable de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Armilla (Granada), donde también ha ejercido como concejal de Medio Ambiente.
Mercedes Fernández (Vilches, 1966) es licenciada en Medicina y Cirugía. Desde febrero de este año estaba al frente de la delegación de la Consejería de Asuntos Sociales en Jaén. También ha ocupado, entre otros cargos, el de directora provincial de Drogodependencias de Jaén.
Por su parte, Simona Villar es licenciada en Filología Inglesa y profesora de Secundaria de esta disciplina en el instituto "María Bellido" de Bailén (Jaén), municipio del que también ha sido concejala.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Educación y Ciencia, Cándida Matínez, el nombramiento de José María Martín Delgado como rector de la Universidad Internacional de Andalucía, cargo que ya venía ocupando desde 1996. Martín Delgado (Málaga, 1947) es doctor en Derecho por las universidades de Granada y Bolonia y catedrático de Derecho Financiero y Tributario de las universidades Granada, La Laguna, Málaga y Autónoma de Barcelona. Entre 1994 y 1996 fue consejero de Cultura de la Junta de Andalucía.