| Andalucía, 26 de diciembre de 2001 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula la asistencia bucodental gratuita para los menores de entre 6 y 15 años en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La norma garantiza la elección de un dentista de cabecera para revisiones anuales completas de dientes y boca, limpiezas orales, tratamientos preventivos de la caries, empastes, atención de urgencias, información preventiva y extracciones de piezas dañadas cuando no sea posible su conservación, así como ortodoncia en casos de discapacidades físicas o psíquicas.
Esta prestación comenzará a implantarse en 2002 con los niños que cumplan 6 y 7 años y se ampliará de forma progresiva y anual incluyendo como mínimo a los niños de seis años, hasta cubrir una población total prevista de 860.000 personas. El objetivo final es que en los nueve años que dura el programa el niño adquiera una cultura de higiene bucal, participe activamente en los aspectos preventivos y reciba asistencia sanitaria adecuada.
De acuerdo con el decreto, el Sistema Sanitario Público andaluz también atenderá casos de maloclusión severa en pacientes intervenidos de fisura palatina, labio leporino y malformaciones esqueléticas. Los niños con trastornos en dientes incisivos y caninos por malformación o traumatismo tendrán derecho a tratamientos especiales, que requerirán la conformidad expresa e individualizada de las correspondientes delegaciones provinciales de Salud, previa presentación de un informe clínico del dentista de cabecera.
Quedan excluidos de la regulación aprobada hoy los tratamientos especiales por traumatismo cuando exista un tercero obligado a responder por dicha terapia; los tratamientos reparadores en dentición temporal, y la prestación de ortodoncia, salvo para aquellos niños cuyas discapacidades físicas o psíquicas afecten a la extensión, gravedad o dificultad de su patología oral o su tratamiento.
Para garantizar una cobertura homogénea en todo el territorio de la comunidad autónoma, los padres o tutores de los menores podrán elegir anualmente dentistas de cabecera entre los profesionales del Sistema Sanitario Público y aquellos privados que cuenten con la habilitación de la Consejería de Salud.
La relación entre el niño y su dentista de cabecera tendrá como elemento de referencia el Talón de Asistencia Dental Anual (TADA), documento que la Consejería de Salud remitirá a todos los menores incluidos en esta prestación, junto con una publicación explicativa y un directorio de dentistas de cabecera de la provincia donde resida el beneficiario. Tras la primera asistencia a la consulta del dentista elegido y la correspondiente consignación de los datos el TADA, el menor podrá acudir cuantas veces lo necesite para recibir asistencia dental básica y tratamientos especiales.
Los dentistas de cabecera privados habilitados por la Consejería de Salud serán retribuidos según el número de talones y de tratamientos especiales que realicen, si bien las condiciones esenciales de la contratación de los servicios y sus tarifas quedarán definidos en una orden actualmente en fase de tramitación. Al objeto de que se definan éste y otros procedimientos administrativos relacionados con los pliegos de concierto y contratación, el decreto aprobado hoy entrará en vigor en el plazo de cuatro meses tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que establece las ayudas de la Junta de Andalucía a los sectores agrícola, ganadero y forestal incluidas en el Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006. Estas subvenciones ascienden a una cuantía total de 647,69 millones de euros (107.766 millones de pesetas), procedentes de fondos comunitarios (75%), nacionales (10%) y autonómicos (15%). El apoyo público previsto generará una inversión total de 1.930,93 millones de euros (321.280 millones pesetas) en proyectos de modernización y desarrollo rural.
La normativa, que se enmarca en el contexto del Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza y del programa Iniciativa Agraria, incluye líneas de ayudas relativas a transformación y comercialización, concentración de la oferta, desarrollo rural, mejora de infraestructuras y producciones agrarias, sanidad animal y vegetal, fomento del asociacionismo, calidad agroalimentaria, agrupaciones de gestión y organizaciones interprofesionales.
Las mayores inversiones corresponden a los programas de transformación y comercialización, con un total de 98,67 millones de euros (39.304 millones de pesetas) destinados a incrementar el valor añadido de las producciones agrarias, mejorar su comercialización, apoyar la creación de nuevas industrias, concentrar la oferta y promover la modernización tecnológica y la implantación de sistemas de gestión ambiental. Para ello, se prevén ayudas de hasta el 50% de la inversión y del 100% cuando se trate de actuaciones de interés público, con prioridad para proyectos de nuevas tecnologías, mejora sanitaria y medioambiental y ahorro de agua y energía, entre otros.
Por su parte, el programa de desarrollo rural Proder, que promueve el desarrollo y la diversificación económica de las zonas rurales a través del apoyo a iniciativas emprendedoras, contará con unas inversiones públicas de 212,42 millones de euros (35.343 millones de pesetas).
Infraestructuras
En el área de infraestructuras agrarias, se regulan ayudas del 40% para proyectos de modernización y del 60% para prevención de los efectos de catástrofes climatológicas, con un gasto total previsto de 98,7 millones de euros (16.418 millones de pesetas). A estas subvenciones podrán acceder tanto agrupaciones de agricultores como entidades locales.
Respecto a la sanidad animal y vegetal, el decreto incluye inversiones públicas de 55,31 millones de euros (9.202,64 millones de pesetas) para apoyar proyectos de prevención y protección sanitaria, con el 100% de subvención si las actuaciones son obligatorias y con el 50% para las restantes. Asimismo se prevé auxiliar el 100% de los costes efectivos para los programas de producción integrada.
En cuanto a la mejora de la producción agraria, se pretende ordenar el sector y mejorar los sistemas productivos mediante ayudas del 40% de la inversión total de los proyectos y del 50% si se llevan a cabo en zonas desfavorecidas. Las ayudas previstas alcanzan los 25,34 millones de euros (4.217 millones de pesetas), con especial atención al sector lácteo, a las explotaciones intensivas y a la mejora de la productividad ganadera y de la conservación de razas.
Finalmente, el decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno recoge también ayudas para fomentar el asociacionismo, con una inversión pública de 9,02 millones de euros (1.500 millones de pesetas) y promover la calidad, con 7,1 millones de euros (1.180,21 millones de pesetas).
El Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva ayuda económica complementaria de carácter extraordinario para las pensiones asistenciales (Fondo de Asistencia Social y Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos de la Ley de Integración Social de los Minusválidos –LISMI–), con objeto de proporcionar a los ciudadanos andaluces más desfavorecidos un aumento real de sus recursos. Esta aportación complementaria asciende a una cuantía media individual de 419,51 euros (69.800 pesetas), lo que supone una revalorización del 20% respecto a la cuantía fijada por el Estado para 2002, que es de 2.098,07 euros (349.090 pesetas).
La ayuda aprobada supera en más del 12% la subida que la Junta aplicó el pasado año. Su importe total, que se fraccionará en cuatro pagas trimestrales durante el año 2002, asciende a 15,56 millones de euros (unos 2.600 millones de pesetas).
Andalucía es la única comunidad autónoma española que complementa estas pensiones con ayudas económicas complementarias, de carácter extraordinario y personales e intransferibles. La medida se viene aplicando desde 1990, como expresión de solidaridad hacia las personas con recursos insuficientes. Actualmente, más de 35.000 andaluces tienen derecho a percibir estas pensiones, dirigidas a mayores, enfermos y discapacitados que carecen de posibilidades laborales.
La Ley de Servicios Sociales de Andalucía, de 4 de abril de 1988, prevé que el Gobierno andaluz pueda establecer prestaciones económicas, periódicas o no, para que las personas con escasos recursos puedan atender sus necesidades básicas. Esta ley responde a la potestad que el Estatuto de Autonomía atribuye, con carácter de exclusividad, a la comunidad autónoma en materia de asistencia y servicios sociales.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una modificación de la norma que regula el Registro General de Personal de la Administración andaluza, con el objetivo de adaptar su funcionamiento a la incorporación de nuevas tecnologías.
Esta adecuación reglamentaria permitirá que todas las gestiones relativas a los más de 200.000 empleados de la Junta se realicen a través del Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta (SIRhUS), simplificando así el procedimiento y reduciendo el número de datos necesarios para la inscripción en el Registro. El cambio coincidirá con la implantación el próximo 1 de enero del nuevo modelo informático de gestión de nóminas en euros.
El SIRhUS es un sistema informático caracterizado por su inmediatez informativa, economía de medios y garantía de protección de datos que en un futuro facilitará el acceso de los empleados de la Administración autonómica a sus expedientes personales a través de medios telemáticos.
La Consejería de Salud destinará un total de 1,5 millones de euros (250 millones de pesetas) a la construcción de un centro de salud en El Ejido (Almería) y de un consultorio en Alcalá de Guadaira (Sevilla). El Consejo de Gobierno ha aceptado hoy los terrenos donados por los ayuntamientos de estos dos municipios para llevar a cabo los proyectos.
El Centro de Salud de El Ejido, que se construirá sobre un solar de 1.760 metros cuadrados, atenderá a una población de más de 27.000 habitantes y constará de un área de entrada, un área clínica y un servicio de apoyo y de personal. El área clínica integrará 11 consultas de medicina general y enfermería, 3 de pediatría, una de vacunas y una de extracción y tratamiento.
Por su parte, el nuevo consultorio de Alcalá de Guadaira, que se construirá sobre una parcela de 337 metros cuadrados en el Campo de las Beatas, estará integrado por un área de entrada y atención al usuario y por un área clínica con cinco consultas de medicina general y enfermería, una de pediatría, una de vacunas y una de extracción y tratamiento.
La Consejería de Educación y Ciencia invertirá 1,82 millones de euros (303 millones de pesetas) en la construcción de un instituto de Enseñanza Secundaria en Benamocarra (Málaga). El Consejo de Gobierno ha aceptado hoy los terrenos donados por el ayuntamiento de esta localidad para llevar a cabo el proyecto, que se incluye en el Plan Aula 2000 de construcción y adaptación de centros educativos.
El nuevo instituto tendrá una capacidad total para 300 puestos escolares y dispondrá, entre otras instalaciones, de diez aulas polivalentes, taller de Tecnología, laboratorio, pista polideportiva, gimnasio y aulas específicas de Informática, Música e Idiomas.
Benamocarra es uno de los más de 400 municipios andaluces que se han sumado al Plan Aula 2000, promovido por la Consejería de Educación y Ciencia con el objetivo de ampliar la oferta de puestos escolares y adecuar las estructuras y medios educativos a la implantación de la LOGSE en Andalucía. Este plan, que se inició en 1997, incluye tanto la construcción de nuevos centros como la ampliación y remodelación de los ya existentes.
El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión extraordinaria de 5,35 millones de euros (890 millones de pesetas) para desarrollar diferentes programas relacionados con la tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco y la implantación del servicio de teleasistencia para las personas mayores. Estas iniciativas serán gestionadas por la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, organismo dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales que se constituyó el pasado año para llevar a cabo proyectos de integración social de colectivos desfavorecidos.
Del gasto total autorizado, algo más de 4 millones de euros (718 millones de pesetas) se destinarán a financiar las bonificaciones en transportes interurbanos y adquisición de productos ópticos a las que tienen derecho los 1,2 millones de beneficiarios de la tarjeta Andalucía Junta Setentaycinco (todos los mayores de 65 años residentes en la comunidad).
Por su parte, el sistema de teleasistencia contará con una inversión de 561.585 euros (93,4 millones de pesetas) para iniciar su implantación. Este servicio de atención personalizada, dirigido a facilitar la autonomía y la permanencia de las personas mayores en el domicilio propio mediante el uso de nuevas tecnologías, será totalmente gratuito para aquellos poseedores de la tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco Oro (con ingresos inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional) que vivan solos o acompañados por otro beneficiario de esta modalidad. El resto de los poseedores de la tarjeta oro tendrá una bonificación del 80%, mientras que a los de la tarjeta normal se les descontará el 40%.
Las otras partidas extraordinarias aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno se reparte entre la redacción del Plan de Actuación Integral para las Personas Mayores (201.339 euros) y diversos gastos de funcionamiento de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (270.455 euros).
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy agilizar las obras de mejora y ampliación de la red de colectores de la localidad onubense de Cartaya. Para ello, ha declarado la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por este proyecto, en el que la Consejería de Obras Públicas y Transportes invertirá 2,1 millones de euros (349,3 millones de pesetas).
Las obras consistirán en la ampliación de los ramales del Pilar y de Puentezuela hasta el actual límite de la zona urbana en la carretera N-341. De este modo se unificarán los caudales de aguas residuales del municipio para su posterior tratamiento en la depuradora de Lepe.
En el ramal del Pilar se va a sustituir más de un kilómetro del colector actual por otro de mayor capacidad que se prolongará con una longitud de 2.773 metros. En el caso del Ramal de Puentezuela de sustituirán 1,3 kilómetros por un nuevo conducto de 1.864 metros de longitud.
Con este proyecto, la red de colectores de Cartaya se adecuará a las previsiones de crecimiento de esta localidad, que pasará de los 12.000 a 20.000 habitantes en los próximos años.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy dos decretos por los que se autoriza a los ayuntamientos de Benahadux (Almería) y Olivares (Sevilla) para adoptar sus banderas municipales. Las características de estos símbolos son las siguientes:
Benahadux
Bandera de seda o tafetán, rectangular, de 1.500 milímetros de largo por 1.000 milímetros de ancho, dividido su campo en tres partes por una "y" o palio en posición horizontal de color blanco. Sus brazos o ramas de 10 centímetros de anchura se abren desde el centro del campo en dirección al mástil. De rojo el campo encerrado entre estos brazos y el borde más cercano al mástil. De verde los dos campos restantes. Centrado sobre el campo rojo y por las dos caras de la bandera irá el escudo completo de la localidad con su timbre.
Olivares
Bandera en forma cuadrilonga, proporción 3:2, repartida a cuarta en aspa, con los campos contrapuestos. El entado al asta y el entado al batiente de color amarillo jalde. El entado en alto y el entado en bajo, azul prusia. La línea de encuentro de los campos, resaltada por cuatro ramas de olivo a su tamaño natural, que partiendo de los ángulos de la bandera, convergen sin tocarse en el cuadrivio. Las hojas de estas ramas serían verde oliváceo las sobrepuestas sobre campo jalde y gris perla o argénteo las cargadas sobre campo prusia.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Manuel López Casero como nuevo secretario general de Industria y Desarrollo Tecnológico de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, cargo en el que sustituye a José María Bueno Lidón.
Manuel López Casero, natural de El Castillo de las Guardas (Sevilla), es licenciado en Ingeniería Industrial en la especialidad de Mecánica por la Universidad de Sevilla. También es titulado en Ingeniería Técnica Industrial en las ramas de Química Industrial y Mecánica. Manuel López ocupaba hasta ahora el cargo de director general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos.
APROBADO EL NOMBRAMIENTO DE ANA MARÍA PEÑA COMO DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INCENTIVOS
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Ana María Peña Solís como directora general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, cargo en el que sustituye a Manuel López Casero.
Ana María Peña es natural de Córdoba, donde nació en 1966. Es licenciada en Ingeniería Industrial, en la especialidad de Electricidad, por la Universidad de Sevilla. En la actualidad ocupaba el cargo de jefa de servicio de Desarrollo Tecnológico en la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.