Andalucía, 27 de
octubre de 1998
REFERENCIA DEL CONSEJO DE
GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San
Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, bajo la presidencia de su titular, Manuel Chaves
González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado, en su reunión de hoy, el proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1999, una vez cerrado el análisis de ingresos y gastos. Asimismo, ha aprobado el proyecto de la llamada Ley de Acompañamiento, que se incluye por tercera vez como texto legal de tramitación separada e independiente.
El proyecto de Presupuesto, que alcanza en esta ocasión la cifra total de 2,581.040 billones de pesetas (con un aumento del 4,7% respecto al del año pasado), se marca como objetivos básicos el fortalecimiento y mejora del Estado de Bienestar y el fomento de la creación de empleo en Andalucía. El avance en la cohesión social (un 54,3% de los gastos se destinan a políticas sociales), un decidido impulso al proceso inversor (que alcanza un máximo histórico con 406.000 millones de pesetas, lo que representa un incremento del 9,3% con relación a 1998) y un firme esfuerzo de consolidación presupuestaria (con una reducción del déficit y del endeudamiento para respetar el pacto de estabilidad y continuar avanzando en la convergencia nominal y real con Europa) son rasgos definitorios del proyecto de Ley de Presupuestos aprobado hoy por el Gobierno andaluz.
El proyecto se enmarca, además, en un contexto político y económico caracterizado por la estabilidad institucional en la Junta de Andalucía, el clima de consenso entre los agentes sociales andaluces, el persistente ciclo de crecimiento de la economía y, en contraste, la falta de acuerdo en materia de financiación autonómica.
En el contexto estrictamente económico, el Presupuesto de Andalucía para 1999 hace una estimación de crecimiento económico en torno al 3,5% y del empleo en un 3%, superiores a los previstos para la zona euro (2,6% y 1%, respectiva- mente). En cuanto a la inflación, los Presupuestos andaluces prevén una tasa de IPC del 1,5%, semejante a la del resto de países de la Unión Económica y Monetaria (UEM).
Líneas estratégicas
El incremento de un 4,7% en relación a los Presupuestos de 1998 eleva la cuantía total del proyecto para 1999 hasta los 2,581.040 billones de pesetas (15.343 millones de euros).
Los objetivos de defensa y mejora del Estado de Bienestar y la creación de empleo se traducen en una serie de líneas estratégicas presupuestarias, destinadas a garantizar la ampliación de los niveles de prestación social, un nuevo impulso al proceso inversión y un decidido esfuerzo de consolidación presupuestaria, con el objetivo de mantener la senda de estabilidad que permita saldar con éxito el proceso de integración en la Unión Económica y Monetaria.
Estado de ingresos
Los Presupuestos de la Junta de Andalucía se nutren tanto de los ingresos propios como de los procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, de la Unión Europea y los recursos procedentes del endeudamiento.
En relación a los tributos propios, la política presupuestaria de la Junta se caracteriza por un planteamiento clave: la no creación de nuevos tributos ni el establecimiento de recargos para los ya existentes.
Pese a esta política de contención, el proyecto de Presupuesto prevé un crecimiento por estos conceptos del 9%, gracias a la mejora de la gestión tributaria de la Administración autonómica.
Este incremento se produce pese al retroceso experimentado por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establecido por la Administración Central y que no ha sido objeto de compensación en los últimos años, contra lo expresamente establecido en el Estatuto de Autonomía (artículo 59) y el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de enero de 1992.
En cuanto a los ingresos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), es necesario distinguir entre Participación en los Ingresos del Estado (PIE); transferencias procedentes del Insalud; Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía; asignaciones de nivelación establecidas en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidad autónomas (LOFCA) y del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).
Participación en los Ingresos del Estado. Se consignan 759.966 millones de pesetas, que representan un incremento del 6% respecto a 1998, resultado de aplicar la variación del PIB nominal a la participación de Andalucía en los ingresos del Estado en 1996.
Transferencias del Insalud. En este apartado se consignan 735.000 millones de pesetas, lo que supone un crecimiento del 6% sobre 1998. Pese a ello, los Presupuestos del Estado no consignan la totalidad de los acuerdos en materia de financiación sanitaria suscritos entre la Administración Central y las comunidades autónomas, que supondrían un incremento para Andalucía de 4.518 millones de pesetas
Disposición Adicional Segunda. El proyecto de Presupuestos de Andalucía incluyen 20.000 millones de pesetas por este concepto, que no tienen reflejo en los PGE.
Asignaciones de Nivelación del artículo 15 de la LOFCA. Se consignan 4.800 millones de pesetas, resultado de aplicar al crédito que figura en los Presupuestos del Estado (12.000 millones de pesetas) el porcentaje de Participación con el que Andalucía cuenta en otros mecanismos de solidaridad como el FCI (un 40%).
Pese a que los Presupuestos Generales del Estado de 1997 y 1998 existían créditos de 10.000 y 12.000 millones de pesetas respectivamente, la Administración Central no ha satisfecho ninguna cantidad por este concepto.
Fondo de Compensación Interterritorial. La asignación para 1999 asciende a 57.393 millones de pesetas, lo que representa un 3,7% respecto al ejercicio anterior.
Por este concepto, Andalucía dejará de percibir 7.000 millones de pesetas como consecuencia del descenso relativo experimentado por los FCI (que significa el esfuerzo del Estado en solidaridad territorial) con respecto a años anteriores. Así, el porcentaje sobre la inversión civil real nueva que representa este Fondo de Compensación en los PGE para 1999 ha descendido un 5% en relación a lo que representaba en 1998.
Ingresos Procedentes de la UE. El incremento del 2,6% con respecto al pasado ejercicio sitúa a los ingresos por este concepto en los 377.726 millones de pesetas, incluyendo la última anualidad del actual Marco Comunitario de Apoyo de los Fondos Estructurales y las previsiones respecto a las ayudas del Feoga-Garantía.
Recursos procedentes del endeudamiento. Conforme a lo acordado en el Pacto de Estabilidad, Andalucía ha rebajado en un 6,4% la emisión de deuda pública prevista para 1999, que alcanza los 118.382 millones de pesetas.
Estado de Gastos.
La política de gastos establecida en los Presupuestos de Andalucía para 1999 puede analizarse desde un punto de vista económico, por capítulos, por secciones y por políticas.
Desde un punto de vista económico, el Presupuesto de Gastos se caracteriza por el rigor en los gastos corrientes, que crecen un 4,4%, por debajo del crecimiento medio del Presupuesto (4,7%). Este rigor contrasta vivamente con la política establecida en los Presupuestos Generales del Estado, donde el crecimiento del gasto corriente supera en tres veces el crecimiento total del Presupuesto.
En cuanto a los gastos de capital, éstos aumentan un 9,3%, es decir, más del doble que el crecimiento de los gastos corrientes y el doble que el conjunto de los Presupuestos.
En un análisis del Presupuesto por capítulos, el Capítulo I establece una subida de los gastos del personal de un 3,7%, lo que sitúa esta cantidad en 864.572 millones de pesetas. Este incremento se justifica por el incremento de un 1,8% en las retribuciones (15.000 millones); el aumento de 7.500 millones en las cantidades asignadas a Educación para atender la implantación de la LOGSE; 5.700 millones más en la Consejería de Gobernación y Justicia para atender la oferta de empleo público resultante de eventuales acuerdos en materia de reorganización del tiempo de trabajo) y la mejora de los medios personales de la Administración de Justicia; consignación de 1.800 millones en el SAS para la apertura de los hospitales de Antequera y Huércal-Overa.
Los gastos de personal que se destinan a los servicios sanitario y educativo suponen el 85% del total de gastos del capítulo I.
En cuanto a los gastos destinados a la compra de bienes y servicios (capítulo II), ascienden a 229.730 millones de pesetas, lo que representa un incremento del 5,9% debido, principalmente, al aumento en 8.300 millones para atención hospitalaria; incremento 1.300 millones para funcionamiento de los gastos de funcionamiento de los centros educativos públicos; subida de 1.300 millones para ampliación del número de plazas para residencia de tercera edad y discapacitados; aumento de 570 millones para la mejora de los medios materiales de los órganos judiciales y el incremento en 435 millones para que el Instituto Andaluz de la Mujer atienda el
Plan de Erradicación de la Violencia.
En conjunto, la prestación de servicios públicos sanitarios, educativos y sociales acapara el 90% del total del Capítulo II.
Los gastos destinados a transferencias corrientes (capítulo IV), suponen 898.004 millones de pesetas, un 5,7% más que en 1998, aumento que, principalmente se justifica por el incremento en las partidas destinadas a prestaciones farmacéuticas (22.700 millones); corporaciones locales (12.700 millones); dotación a universidades (4.700 millones) y 1.700 millones destinados a Asuntos Sociales, básicamente para el Salario Social.
En relación a los gastos destinados a financiar operaciones de capital (capítulos VI y VII), las inversiones reales y transferencias de capital ascienden a 408.307 millones de pesetas, máximo histórico en los Presupuestos de la Junta y un 9,3% más que en 1998. En esta cifra se incluyen, entre otras, las previsiones del Plan Andalucía Horizonte 2000 (396.439 millones) y la regeneración del cauce del Guadiamar (9.925 millones)
El esfuerzo inversor del proyecto se Presupuestos se centra en las áreas de Obras Públicas y Transportes, que absorbe el 25,5% del total; Trabajo en Industria (19,9%); Agricultura y Pesca (17,3%); Salud, Educación y Servicios Sociales (14,1%) y Medio Ambiente (8,1%).
Entre las actuaciones previstas por Obras Públicas destaca las del AVE Córdoba-Málaga y conexiones con Jaén y Granada; la autovía Jerez-Los Barrios; la A-92 Sur Almería; acondicionamiento de la autovía A-92, Metro de Sevilla y campus de la Salud de Granada.
Entre las de Trabajo e Industria destacan las dotaciones de Industria, Fomento del Empleo y beneficios e incentivos económicos.
Finalmente, en lo que se refiere a los gastos financieros (capítulos III, VIII y IX), éstos descienden un 5% respecto a 1998 gracias, básicamente, al calendario de amortización de la deuda y a las condiciones más beneficiosas que la Comunidad Autónoma alcanza en la colocación de la deuda.
Gasto por secciones
Un análisis de la distribución del gasto por secciones permite establecer que las prestaciones sociales (salud, educación, asuntos sociales y pensiones asistenciales) suponen el 54,3% del proyecto para 1999. De otro lado, las secciones con incidencia directa en la actividad económica y productiva acaparan el 23,5% del proyecto de Presupuestos.
Textos articulados
El Consejo de Gobierno también ha aprobado en su reunión de hoy el proyecto de la llamada Ley de Acompañamiento (oficialmente, "Proyecto de Ley por el que se aprueban medidas en materia de Hacienda Pública, de introducción del Euro, de expropiación forzosa, de contratación, de función pública, de tasas y precios públicos de universidades"), que por tercer año consecutivo se elabora de manera separada para su tramitación legal. Este proyecto de Ley de Acompañamiento, al igual que el texto articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos, incluyen, en su integridad, las observaciones efectuadas por el Consejo Consultivo de Andalucía
Las principales novedades que incorporan los textos articulados son, entre otros, que la cuantía de las tasas mantiene los valores de 1998, de forma que no experimentan subida alguna para el próximo ejercicio.
Igualmente, se regula el régimen de financiación de la actividad de las empresas de la Junta de Andalucía, estableciéndose las condiciones que regirán la actuación de las mismas. También se fija el volumen total de avales a prestar por la Junta de Andalucía a las empresas, corporaciones locales y consorcios, por un importe de 20.200 millones de pesetas.
El aval a las empresas asciende a 15.100 millones de pesetas, de los cuales 3.000 millones corresponden a empresas privadas (Minas de Riotinto SAL y Andalucía Aerospacial, SA, 1.500 cada una) y 12.100 millones a empresas públicas (6.600 millones para Santana Motor, SA; 3.000 millones para EPSA y 2.500 millones para otras).
También especifica el texto articulado la regulación del periodo transitorio de introducción del euro en la Comunidad Autónoma en relación con la deuda pública, los contratos, normas y actos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos, así como los pagos públicos, ingresos no tributarios y normas sancionadoras.
Finalmente, se declaran de utilidad pública e interés social, a efectos de expropiación forzosa, los bienes y derechos necesarios para constituir un corredor verde en la ribera del Guadiamar. En cuanto a los precios públicos y las tasas universitarias, se aprobarán a propuesta de los Consejos Sociales de las Universidades andaluzas.
El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Medio Ambiente, ha acordado requerir al Gobierno central la derogación de varios artículos del decreto 1760/98, de 31 de julio, por el que se determina la composición y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales, la gestión de los mismos y sus Patronatos. Dicho requerimiento se debe a la vulneración, por parte de la citada norma, de competencias que son exclusivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de medio ambiente y espacios naturales protegidos.
El Consejo de Gobierno ha acordado, asimismo, en el supuesto de que el Gobierno central no atienda a este requerimiento, autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía a plantear el correspondiente conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional. El decreto, cuya derogación se solicita ahora, desarrolla la ley estatal 41/97 --recurrida por la Junta de Andalucía-- que modificaba determinados preceptos de la ley 4/89, de Conservación de Espacios Protegidos, Flora y Fauna Silvestres.
El acuerdo del Consejo de Gobierno señala que la disposición adicional segunda de la ley 41/97 sólo habilita al Gobierno central a modificar la composición de los Patronatos y órganos gestores de los Parques Nacionales para adaptarlos a las prescripciones de la citada ley. Sin embargo, examinando los artículos 3 y 4 del referido decreto se puede comprobar que sí se ha procedido a una regulación de los mencionados órganos con carácter general.
Según el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno, dicho artículo 3, que regula la Comisión Mixta de Gestión de los Parques Nacionales como órgano encargado de la gestión conjunta de tales espacios, debe ser declarado inconstitucional por ignorar las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de espacios naturales protegidos y de organización y estructura de sus instituciones de autogobierno.
Por motivos similares, el Gobierno andaluz solicita también la derogación del artículo 4 del decreto estatal, sobre la dependencia de los Patronatos de los Parques Nacionales a la Administración del Estado, por desconocer las competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza, especialmente en lo que se refiere a sus facultades de autoorganización, y suponer asimismo la infracción de varios artículos del Estatuto de Autonomía y la Constitución.
En resumen, el acuerdo de Consejo de Gobierno requiere al Gobierno Central para que derogue los artículos 1 (completo), seis apartados del artículo 3, ocho apartados del artículo 4, las disposiciones adicionales primera, segunda, cuarta, quinta, sexta y séptima, así como la derogación parcial de los anexos I y II del decreto 1760/1998. Todo ello por no respetar el orden competencial establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.