| Andalucía, 27 de noviembre de 2001 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que modifica las retribuciones del personal de los centros de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para adaptarlas al nuevo escenario surgido con la libre elección de médico y la extensión de la tarjeta sanitaria individual. Esta medida beneficiará a casi 10.000 profesionales y supondrá una inversión anual de más de 27,6 millones de euros (4.600 millones de pesetas), de los cuales 26,4 millones de euros (4.400 millones de pesetas) corresponden a mejoras salariales y el resto a cuotas de la Seguridad Social.
El nuevo sistema retributivo reforzará el objetivo de situar al ciudadano como centro del sistema sanitario público, al otorgarle el poder de determinar parte de las remuneraciones del personal de Atención Primaria en virtud de su elección. De este modo, se establecen complementos salariales de productividad para los profesionales más solicitados por los pacientes y, por tanto, con mayor número de tarjetas sanitarias individuales asignadas, así como para aquellos que desarrollen su actividad en horario de mañana y tarde y para los que se desplacen a otros centros de salud diferentes a los de origen.
La modificación afecta a las categorías profesionales de médico de familia, pediatra, enfermero, odontoestomatólogo, fisioterapeuta, matrona y trabajador social, adscritas a los Equipos Básicos de Atención Primaria y a los Dispositivos de Apoyo de los Distritos Sanitarios, que engloban a casi 10.000 trabajadores en toda Andalucía.
Para la valoración del complemento de productividad de estas categorías se tendrá en cuenta, en su factor fijo, el número de tarjetas sanitarias asignadas a los profesionales, ajustadas en función de la edad del titular. Así, las cantidades se verán incrementadas en los casos en que los pacientes sean niños o ancianos, de acuerdo con la mayor frecuentación y demanda de asistencia de estos colectivos.
Igualmente, la norma establece incentivos para encaminados a potenciar una asistencia más ágil y próxima a los ciudadanos y a mejorar su accesibilidad al sistema sanitario. Estos incentivos beneficiarán a los profesionales que desarrollen su actividad asistencial en consultas de mañana y tarde y a aquellos que se desplacen para prestar asistencia a otros centros de Atención Primaria, residencias de mayores o centros especiales.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si bien sus efectos económicos tienen carácter retroactivo a 1 de junio de 2001, fecha fijada en el acuerdo alcanzado entre el SAS y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad para la implantación de esta medida.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se crean los Consejos de Salud de Área, órganos de participación ciudadana que realizarán el seguimiento de la política sanitaria en cada una de las provincias andaluzas y asesorarán a los responsables de la Consejería de Salud.
Los nuevos organismos, adscritos a las delegaciones provinciales de este departamento, se encargarán, entre otras funciones, de colaborar en la formulación y seguimiento de los planes de salud de área; fomentar iniciativas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y plantear recomendaciones y sugerencias relacionadas con la aplicación práctica de los derechos y deberes de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
De acuerdo con la nueva normativa, los Consejos de Salud de Área se configuran como una extrapolación al ámbito provincial del Consejo Andaluz de Salud, órgano participativo que integra a representantes de los municipios, organizaciones sindicales y empresariales, colegios profesionales del sector sanitario y asociaciones de consumidores y usuarios, así como de las consejerías de Salud y Asuntos Sociales.
El decreto aprobado hoy también determina las competencias, estructura y funciones de las delegaciones provinciales de la Consejería de Salud, reforzando el papel coordinador de los delegados. Finalmente, establece la configuración territorial y la estructura de gestión de las Áreas de Salud, demarcaciones en las que se organiza el sistema sanitario público andaluz y cuya delimitación coincide con las provincias de la comunidad autónoma.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula la inspección y el procedimiento sancionador en materia de cooperativas. La nueva norma desarrolla la ley andaluza reguladora de estas empresas de economía social, en la que se fijan sanciones de hasta 10 millones de pesetas y se prevé la descalificación de una cooperativa y su correspondiente disolución como sociedad.
En materia de garantías a las cooperativas inspeccionadas, el decreto introduce la figura de la advertencia o recomendación previa a la sanción en los casos en que no se haya producido una denuncia por parte de los sujetos perjudicados, no haya reincidencia en la infracción y se advierta disponibilidad para subsanar la falta.
Las funciones de inspección y control se atribuyen al personal dependiente de la Dirección General de Economía Social con título de grado medio o superior y al personal dependiente de las Delegaciones Provinciales de Empleo y Desarrollo Tecnológico que también esté adscrito a los Servicios de Economía Social y tenga la misma titulación. Estos funcionarios tendrán la consideración de agentes de la autoridad y estarán facultados para entrar en los locales de las sociedades cooperativas y examinar los documentos que consideren. La inspección se iniciará siempre de oficio y su tramitación se realizará por la delegaciones provinciales de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
En cuanto a las sanciones, la competencia para resolver los procedimientos corresponde a los delegados provinciales de Empleo y Desarrollo Tecnológico cuando se trate de faltas leves (sancionadas con multas de entre 10.000 y 100.000 pesetas); al director general de Economía Social en las infracciones graves y muy graves (entre 100.000 pesetas y diez millones), y al consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en los casos de descalificación y disolución efectiva de la cooperativa. Este último supuesto se producirá siempre que la sociedad afectada no haya iniciado un proceso de transformación en otra entidad en el plazo de dos meses.
Respecto a las prescripción de las infracciones, la nueva norma fija un plazo de tres años para las muy graves, de dos años para las graves y de seis meses para las leves.
El Consejo de Gobierno ha acordado establecer un período transitorio de adaptación para la indicación del precio por unidad de medida en los pequeños comercios y en la venta ambulante. Este plazo, que finaliza el 30 de julio de 2002, se fija de acuerdo con la Directiva Comunitaria 98/6.
La medida, que ya se aplica en los grandes centros comerciales, tiene como principales objetivos la protección de los consumidores, mejorar sus posibilidades de comparar los precios de los productos y conseguir una mayor racionalidad a la hora de adquirirlos.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy ampliar en 700 plazas las plantillas de personal docente no universitario de la Consejería de Educación y Ciencia, con el fin de atender la mayor demanda de maestros y profesores especialistas surgida con la implantación de la Logse y con la apertura de nuevos centros educativos públicos en el curso 2001/2002.
Esta medida supondrá una inversión de 14.869.039 euros (2.474 millones de pesetas) para la contratación de 450 funcionarios docentes del cuerpo B (maestros de Infantil y Primaria) y de otros 250 del cuerpo A (profesores de Secundaria y Régimen Especial).
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Asuntos Sociales la concesión de una subvención de 3.466.981 euros (576,8 millones de pesetas) al Ayuntamiento de Sevilla, para financiar el mantenimiento y desarrollo de los servicios sociales comunitarios de la ciudad en 2001.
Esta iniciativa forma parte de la política de apoyo financiero de la Junta de Andalucía a los servicios sociales que gestionan las entidades locales, dirigidos con carácter integral a todos los ciudadanos como primer eslabón del sistema público de atención social. Estos servicios incluyen programas de información, valoración, orientación y asesoramiento; convivencia y reinserción; cooperación social; ayuda a domicilio, y ayudas económicas a familias, entre otros.
Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2002 destinan 28.217.518 euros (4.695 millones de pesetas) a reforzar la financiación de los servicios sociales comunitarios, lo que supone un incremento de 1.000 millones de pesetas respecto a 2001.
El Consejo de Gobierno ha acordado agilizar las obras de la red de abastecimiento de agua potable de la zona de El Almicerán, en las provincias de Jaén y Granada. Para ello ha declarado la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por este proyecto, en el que la Consejería de Obras Públicas y Transportes invertirá 414.830 euros (69 millones de pesetas).
Las obras previstas consisten en la construcción de un depósito regulador, una tubería de impulsión y una red de distribución que asegurará el abastecimiento a los 170 habitantes de este enclave de población dispersa, ubicado junto a la cola del embalse de la Bolera, entre los términos municipales de Cazorla, Peal de Becerro (Jaén) y Castril (Granada). La nueva infraestructura sustituirá a los actuales pozos, que no garantizan el suministro de agua en condiciones adecuadas.