| Andalucía, 28 de noviembre de 2000 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter
decisorio, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy las alegaciones que presentará la Comunidad Autónoma de Andalucía al borrador del Plan Hidrológico Nacional. Estas alegaciones se recogen en el documento de consenso aprobado el pasado 23 de noviembre por el Consejo Andaluz del Agua, órgano consultivo en el que participan los principales agentes sociales y económicos relacionados con la gestión del agua en la comunidad autónoma.
El Gobierno andaluz considera que el anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional no resuelve el problema del déficit hídrico de Andalucía, cuantificado en 945 hectómetros cúbicos anuales por los propios planes de cuenca, además de no detallar la financiación ni los plazos de ejecución de las obras de infraestructuras que se proponen.
Asimismo, en las alegaciones se subraya que el borrador del plan no aborda con el suficiente rigor el fenómeno de la sequía en Andalucía y no aporta las garantías suficientes para el abastecimiento de la población en cualquier situación climatológica. Tampoco se recogen medidas de gestión del agua ni se clarifica la disponibilidad del recurso para los distintos sectores productivos. Finalmente, se constatan carencias en materia ambiental relativas a una deficiente resolución de problemas relacionados con la calidad de las aguas, la prevención de avenidas e inundaciones o la lucha contra la erosión y la desertificación.
En relación con las anteriores observaciones, el Gobierno andaluz realiza una serie de propuestas de consenso dirigidas a adaptar el Plan Hidrológico Nacional a los criterios expresados por el Consejo Andaluz del Agua.
Entre estas propuestas, destaca en primer lugar, la petición de un incremento ambientalmente sostenible de la capacidad de regulación de las cuencas andaluzas mediante los embalses ya proyectados. Estas obras deben de ser detalladas tanto en su aspecto financiero y de ejecución como en la definición de las medidas de carácter medioambiental y de protección del dominio público hidráulico.
Respecto a los planes de cuenca existentes, se considera necesaria su actualización mediante soluciones alternativas a las ya programadas, como la desalación, la reutilización de las aguas, la integración de las energías alternativas y la explotación y recarga sostenible de los acuíferos.
Cuencas hidrográficas
En el caso concreto de la cuenca del Guadalquivir, las alegaciones del Gobierno andaluz destacan la necesidad de estudiar posibilidades de aportación de recursos externos que provendrían de la cuenca del Guadiana II, ya que el aumento de la capacidad de regulación reflejada en los planes de cuenca no da una solución adecuada a sus déficits hídricos estructurales.
Por lo que hace a la provincia de Almería, incluida dentro de la cuenca del Sur, se considera insuficiente la alternativa de trasvase propuesta por el borrador. A juicio del Gobierno andaluz, esta aportación debería completarse con proyectos de desalación, reutilización de aguas y recarga de acuíferos. Además, se solicita un trasvase adicional de 30 hectómetros cúbicos para cubrir las necesidades del territorio almeriense incluido en la cuenca del Segura.
También se solicitan medidas de desalación y reutilización para el resto de la cuenca del Sur, principalmente en la provincia de Málaga, dadas las dificultades medioambientales constatadas en relación con la transferencia de recursos desde los embalses del Genal y del Hozgarganta.
Respecto a la cuenca del Guadiana II, las alegaciones aprobadas piden la modernización y la expansión de los regadíos de la zona occidental de la provincia de Huelva, una vez que se ha demostrado su rentabilidad.
Medidas ambientales
En líneas generales, el Gobierno Andaluz considera imprescindible que el Plan Hidrológico Nacional recoja medidas encaminadas a la protección contra avenidas e inundaciones, la contención de la demanda, la mejora de la calidad de las aguas, la protección del dominio público hidráulico, la lucha contra la erosión, la reforestación de las cuencas y la regeneración ecológica de los ríos.
Por último, en los aspectos administrativo y legislativo, el Gobierno andaluz insiste en la necesidad de modernizar las diferentes administraciones competentes en la materia y de reforzar la participación en las mismas de los agentes sociales. También se solicita una mayor armonización con el entorno planificador europeo, especialmente con la Directiva Marco de Política de Aguas en Europa, aprobada este mismo año. De forma paralela, se pide la transferencia a la comunidad autónoma de la Cuenca Hidrográfica del Sur, así como el incremento de su participación en la gestión de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.
DELIMITADO EL ENTORNO DE PROTECCIÓN DE LA CATEDRAL NUEVA DE CÁDIZ
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto por el que se delimita el entorno de protección de la Catedral Nueva de Cádiz, con el objetivo de salvaguardar este monumento histórico-artístico de alteraciones urbanísticas que pudieran afectar a sus valores, estudio o contemplación. Dicho entorno queda ahora inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
Dado que el conjunto histórico de Cádiz se encuentra ya protegido por el Plan General de Ordenación Urbana, el espacio acotado es el más cercano al monumento y el más intensamente afectado por el mismo. Se trata de una zona de apretada trama urbana y abigarrada edificación integrada por la amplia plaza que antecede a la fachada principal y por las manzanas adyacentes de la Avenida del Campo del Sur, la Plaza de Fray Félix, el Callejón de los Piratas y las calles Arquitecto Acero, Obispo J.M. Rancés, Arco de la Rosa, Pelota, Cobos, Compañía, Obispo Urquinaona, Magistral Cabrera y San Juan. En todo este entorno se incluyen de 22 parcelas catastrales con sus respectivos inmuebles.
La Catedral Nueva de Cádiz, declarada monumento histórico-artístico en 1931, combina los estilos barroco y neoclásico. Su construcción se inició en el año 1722 según los planos del arquitecto Vicente Acero.
LA JUNTA DECLARA BIEN DE INTERÉS CULTURAL UNA ESCULTURA FUNERARIA IBERORROMANA
El Consejo de Gobierno ha declarado hoy hoy la declaración como Bien de Interés Cultural de la escultura denominada León Funerario Iberorromano. Esta pieza, propiedad de un particular de Málaga y cuyo yacimiento de procedencia se desconoce, está fechada en época romana, entre los siglos II y I a. C., aunque presenta rasgos formales de clara influencia ibérica, como la acentuación del costillar o el tratamiento de la melena.
La obra, que quedará inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, representa a un león tendido y está realizada mediante biselado en un único bloque de piedra arenisca, con unas medidas de 70 centímetros de alto y 130 de largo. Su esmerado esculpido, patente sobre todo en la melena del animal, produce una sensación de volumen que no es frecuente en otras piezas similares. De la disposición de la garra derecha del león se deduce la posibilidad de que esta escultura figurase junto con otra a modo de presa, hoy perdida.
Las investigaciones realizadas indican que, por la técnica utilizada, la pieza debió pertenecer a una escuela local vinculada a la construcción de monumentos funerarios, aunque su aparición fuera de contexto hace imposible identificar el yacimiento de procedencia. Dentro del mundo ibérico, este león funerario guarda semejanzas con el del yacimiento de Asta Regia, en Jerez de la Frontera (Cádiz). Por la parte romana, destaca su similitud con las esculturas de la tumba de los Stronn en Pompeya.
El personal asistencial sin plaza en propiedad de los centros sanitarios concertados con las universidades andaluzas podrá participar en los concursos públicos para la provisión de plazas de profesores universitarios asociados de Ciencias de la Salud. Con este objetivo, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la modificación del convenio marco para la utilización de instituciones sanitarias en la investigación y la docencia, suscrito en 1995 por las consejerías de Salud y Educación y Ciencia y las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
De acuerdo con la modificación aprobada, en los conciertos específicos entre la Junta y las citadas universidades se establecerá la relación de los puestos de profesores asociados que podrán ser cubiertos por el personal asistencial, tanto con plaza en propiedad como sin ella, al servicio de cada uno de los centros concertados.