| Andalucía, 29 de febrero de 2000 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de su titular,
Manuel Chaves González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
La Junta destinará 140.000 millones de pesetas a financiar proyectos de investigación durante el periodo 2000-2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el III Plan Andaluz de Investigación (PAI), que regulará todas las actuaciones en materia de ciencia, investigación y desarrollo tecnológico durante el periodo 2000-2003. A través de este plan, la Junta de Andalucía destinará un total de 140.000 millones de pesetas a financiar actividades de I+D en la comunidad autónoma, lo que supone duplicar los fondos del II PAI 1996-99.
El nuevo plan supone la continuidad de la política de I+D desarrollada por la Junta en la década de los 90, que ha permitido a Andalucía aportar el 14% de la producción científica española, cifra que duplica la de 1987 (7%) y que tan sólo superan Madrid y Cataluña.
El III PAI tiene como principal objetivo incrementar la calidad de la investigación que se desarrolla en Andalucía, impulsando el encuentro entre la oferta científica y la demanda tecnológica de las empresas. El plan contribuirá también a potenciar la participación de los fondos privados en los procesos de investigación e innovación, así como a mejorar y aumentar los recursos humanos del sistema andaluz de I+D.
Para cumplir estos objetivos, la nueva edición del PAI se organiza en programas que recogen las principales líneas de investigación prioritarias y de interés estratégico, orientadas a mejorar la calidad de vida de los andaluces y a potenciar la capacidad productiva de la comunidad autónoma.
En primer lugar, el plan persigue alcanzar una sociedad de la información equitativa donde todos los ciudadanos accedan, en igualdad de condiciones, a las nuevas tecnologías de la comunicación.
De acuerdo con las prioridades señaladas, los proyectos que se desarrollen durante los próximos años deberán también promover el uso responsable de la biotecnología, con el fin de mejorar la calidad de producción agrícola y buscar alternativas que contribuyan al mantenimiento y la mejora del medio ambiente y su biodiversidad.
Finalmente, las investigaciones deberán apostar por un desarrollo industrial y territorial sostenible que impulse la creación de empresas y empleos, tanto en los sectores tradicionales como en los emergentes.
Dentro de estas prioridades, el III PAI primará especialmente la realización de nuevos proyectos y la apertura de líneas de investigación en áreas como la gestión de los recursos hídricos, el control de la contaminación, el desarrollo de energías alternativas, el estudio del cambio climático, la introducción de las nuevas tecnologías en la gestión de la actividad turística, el desarrollo de nuevos cultivos y los programas de reproducción de especies en peligro de extinción.
Impulso a la investigación
Andalucía ha sido una de las primeras Comunidades Autónomas en organizar y racionalizar sus esfuerzos en ciencia y tecnología a través de planes estructurados. En este sentido, el anterior Plan Andaluz de Investigación, desarrollado entre los años 1996 y 1999, aglutinó y organizó en grupos de investigación a todos los investigadores de la comunidad, lo que ha permitido formar más personal científico e incrementar su participación en el Plan Nacional y en el Programa Marco de la Unión Europea. En líneas generales, la ciencia andaluza ha adquirido una dimensión internacional, gracias a la creación de nuevos centros de investigación en áreas prioritarias para el desarrollo de la comunidad autónoma pero también punteras a nivel europeo y mundial.
Actualmente, el sistema andaluz de I+D cuenta con más de 8.300 doctores y 16.636 titulados superiores encuadrados en 1.641 grupos de investigación, con una media de 4,98 doctores por grupo. La tasa de doctores alcanza el 2,79 por 1.000 de población activa, una cifra que se encuentra al mismo nivel que el resto de Europa. Durante la década de los 90, coincidiendo con el desarrollo de los dos anteriores planes, se han concedido un total de 8.036 becas de movilidad, lo que supone que casi todos los doctores han podido realizar algún desplazamiento al extranjero para completar sus investigaciones.
Las principales líneas de desarrolladas por los planes andaluces de investigación al amparo del IV Programa Marco I+D de la Unión Europea se han centrado en los ámbitos de agricultura y pesca, biotecnología, medio ambiente y clima, energías no nucleares y ciencias y tecnologías marinas. En relación a los Planes Nacionales de I+D, la producción científica andaluza ha destacado en las áreas de agroalimentación, humanidades, tecnologías de la producción y tecnologías de la información y de las comunicaciones.
En cuanto a las infraestructuras, el II PAI destinó un total de 10.918 millones de pesetas a la construcción y dotación de nuevos centros y servicios en las Universidades andaluzas para garantizar el desarrollo de una investigación de calidad al más alto nivel. Asimismo, se invirtieron 2.100 millones en la puesta en marcha de la Red Informática Científica de Andalucía, iniciativa que ha permitido a 5.366 investigadores ser usuarios frecuentes de los nuevos sistemas telemáticos.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado en su reunión de hoy interponer un recurso de inconstitucionali- dad contra siete artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 así como contra determinadas partidas presupuestarias de las secciones 32 y 33.
Concretamente, el Gobierno de Andalucía recurre contra los artículos 87, 88, 89, 90, 91, 93 y 94 de la Ley de Presupuestos del Estado, así como contra las citadas partidas presupuestarias por considerar que vulneran diversos preceptos constitucionales, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
En relación a la Constitución, el recurso de la Junta se fundamenta en los artículos 1, 2, 9, 14, 31, 40, 131, 134, 137, 138, 139, 141.1 (apartados 1º, 13º y 14º), 150, 156, 157, 158, 161.1. c.
En cuanto al Estatuto, el Gobierno andaluz sostiene que la Ley de Presupuestos del Estado vulnera lo establecido en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 74 y Disposición Transitoria Sexta.
Finalmente, el recurso de la Junta de Andalucía se asienta en lo establecido en los artículos 2, 4, 13, 16 y Disposición Transitoria Primera de la LOFCA.
Entre los argumentos jurídicos del Gobierno andaluz se encuentran, de un lado, los mismos motivos de inconstitucio- nalidad que justificaban los anteriores recursos planteados contra los precedentes Presupuestos Generales del Estado en los
ejercicios de 1997, 1998 y 1999. Se trata de la vulneración de los principios constitucionales de unidad y autonomía financiera, de coordinación con la Hacienda Estatal, de solidaridad, territorialidad, de libertad de circulación y establecimiento de personas y bienes, de igualdad básica de todos los españoles en el cumplimiento de los deberes constitucionales y de proscripción de privilegios económicos y sociales.
Asimismo, los anteriores recursos se han planteado, además, por la vulneración de los principios de legalidad, publicidad de las normas y seguridad jurídica recogidos en el artículo 9.3 de la Constitución Española.
Finalmente, los citados recursos rechazaban la aplicación unilateral por parte del Estado del sistema de financiación contemplados en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 1992 a aquellas Comunidades autónomas que no asumieron el nuevo modelo.
En el recurso contra la Ley de Presupuestos Generales de 1999, además de los citados argumentos, se añadían nuevos motivos de inconstitucionalidad, entre ellos, la no revisión del porcentaje de participación de Andalucía en los ingresos del Estado establecidos en el sistema de financiación para el quinquenio 1992-1996, aun existiendo dos causas determinantes para dicha revisión, como la profunda modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el incremento del porcentaje de cesión de dicho impuesto a las Comunidades Autónomas que han aceptado el modelo.
Por otra parte, en dicho recurso del Gobierno andaluz se apreciaba un nuevo motivo de inconstitucionalidad por cuento la Ley de Presupuestos del Estado de 1999 no contemplaba la habilitación de un crédito destinado a cubrir la liquidación definitiva de la participación de aquellas comunidades autónomas que no han aceptado el modelo.
En el recurso del Gobierno andaluz contra los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, junto a los motivos esgrimidos en los recursos planteados anteriormente, se incluye un nuevo motivo, en cuanto se prevén dos porcentajes de participación en los ingresos del Estado, contraviniendo así el artículo 13 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónoma, que diseña un único porcentaje aplicable sobre la totalidad de la recaudación de los impuestos estatales.
La Consejería de Educación y Ciencia invertirá 687 millones de pesetas en la construcción de dos institutos de Enseñanza Secundaria en Montoro (Córdoba) y Aznalcóllar (Sevilla). El Consejo de Gobierno ha aceptado hoy los terrenos donados por los Ayuntamientos de estos municipios para llevar a cabo ambos proyectos, incluidos en el Plan Aula 2000.
La construcción del instituto de Montoro, de tres unidades de Educación Secundaria Obligatoria y seis de Bachillerato, supondrá un coste de 403 millones de pesetas. Por su parte, el de Aznalcóllar está presupuestado en 284 millones y tendrá capacidad para 360 alumnos. Ambos centros estarán dotados, entre otras instalaciones, de aulas de Música, Plástica e Informática, así como de taller de Tecnología, laboratorio y biblioteca.
Montoro y Aznalcóllar son dos de más de 400 municipios andaluces que se han sumado al Plan Aula 2000, promovido por la Consejería de Educación con el fin de adaptar la infraestructura educativa de la comunidad autónoma a las exigencias de la LOGSE. Este plan incluye tanto la construcción de nuevos centros escolares como la ampliación y remodelación de los ya existentes.
El Consejo de Gobierno ha nombrado a Juan Francisco Cano Calabria delegado provincial de la Consejería de Salud en Jaén. Juan Francisco Cano, natural de Siles (Jaén), tiene 45 años y es licenciado en Medicina y Cirugía. Hasta ahora ocupaba el cargo de secretario general de la citada Delegación de Salud.