| Andalucía, 29 de junio de 1999 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de su titular,
Manuel Chaves González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002, elaborado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes. El nuevo plan prevé una inversión total de 767.213 millones de pesetas y la realización de 191.000 actuaciones que beneficiarán a un millón de andaluces, aproximadamente.
Este plan centra sus prioridades en la rehabilitación de viviendas (53% del total de actuaciones) y en los colectivos sociales más desfavorecidos (personas con rentas inferiores a los tres millones de pesetas anuales, menores de 35 años, inmigrantes, mujeres maltratadas, etc.). A su vez, presta especial atención al capítulo de la calidad de la vivienda y se conforma como un agente dinamizador de la actividad económica, en conso- nancia con las orientaciones del IV Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.
Respecto al plan anterior, el aprobado hoy incrementa en un 9,1% el número total de actuaciones. De las 191.000 previstas, la Junta de Andalucía acometerá 106.050, de las cuales 86.200 corresponden a vivienda y 19.850 a intervenciones en materia de suelo. Por su parte, las actuaciones provenientes del Plan Nacional de Vivienda se cifran en 84.950 (71.800 en vivienda y 13.150 en suelo). En relación con el reparto establecido en el plan anterior, la Administración estatal disminuye su contribución en un 12%, mientras que la Junta la aumenta en un 35%.
En cuanto a la inversión total prevista, la aportación autonómica será de 288.770 millones, de los cuales 189.067 corresponden al presupuesto de la Junta y 99.713 serán conveniados con las entidades financieras. La inversión del Plan Nacional de Vivienda alcanza los 478.443 millones (66.898 de los presupuestos del Estado y 411.545 procedentes de convenios con las entidades financieras).
Promoción pública
Los programas de promoción pública previstos en el Plan (destinados a los colectivos con rentas inferiores a los 2,5 millones de pesetas anuales) suman un total de 67.500 actuaciones. De ellas, 55.500 corresponden a rehabilitación y construcción de viviendas y las 12.000 restantes a intervenciones en materia de suelo residencial.
Las viviendas construidas dentro de los programas del sector público (promoción pública directa, actuaciones singulares, eliminación de infravivienda y el régimen autonómico de promoción pública en alquiler) se adjudican en régimen de alquiler durante periodos de cuatro años renovables.
En este capítulo se incluyen también los programas de autoconstrucción, con ayudas de hasta tres millones por vivienda; la rehabilitación del patrimonio público residencial y las iniciativas para liberar vivienda pública. En este sentido, el III Plan Andaluz de la Vivienda reorienta la promoción pública en alquiler hacia los colectivos con problemas, como los inmigrantes, las mujeres maltratadas y los jóvenes menores de 35 años, grupo éste que representa más del 50% de la demanda real de vivienda en Andalucía. Una de las principales medidas consiste en ofrecer ayudas de un millón de pesetas a los inquilinos de las 50.000 viviendas públicas en alquiler existentes en Andalucía para que sean abandonadas y puedan acceder colectivos desfavorecidos, una medida que puede beneficiar a más de 3.000 familias.
El plan también establece como uno de sus objetivos prioritarios la solución a los problemas de las viviendas que no cuentan con los servicios básicos, conocidas como infraviviendas. En este apartado, las subvenciones se incrementan hasta los 3,3 millones de pesetas. Asimismo, se incluye el plan contra el chabolismo que la Junta desarrolla desde el pasado año y cuyo objetivo se centra en eliminar 16.000 chabolas en toda la comunidad.
Sector protegido
En cuanto a los programas de iniciativa privada que cuentan con ayudas públicas, las actuaciones previstas alcanzan las 123.500 (102.500 en vivienda y 21.000 en suelo).
Dentro de este sector, los destinatarios de las viviendas de protección de régimen especial (con ingresos anuales de entre 2 y 2,5 millones) podrán beneficiarse de ayudas de hasta el 13% del precio final de la vivienda, así como de subsidiaciones de tipos de interés entre un 5% y un 30%. Estas subsidiaciones también se establecen para las viviendas protegidas de régimen general, cuyos destinatarios cuentan con ingresos de entre 2,5 millones y 5,5 millones anuales.
Rehabilitación
Los diferentes programas de rehabilitación suman un total de 83.000 actuaciones, lo que supone el 53% de todas las actuaciones previstas en materia de vivienda, tanto en el sector público como en el privado. Esta cifra representa un incremento del 10% respecto al II Plan Andaluz de Vivienda y del 31% respecto al primero.
Dentro de la rehabilitación de viviendas protegidas de iniciativa privada, el programa acogido a la normativa autonómica ofrece ayudas de hasta el 50% del presupuesto total, con cantidades entre 800.000 y 1,1 millones de pesetas. Estas subvenciones se destinan a andaluces con ingresos inferiores a 2,5 millones cuyas obras de rehabilitación no superen los 1,6 de presupuesto y, en casos excepcionales, los de 2,5.
Por su parte, el programa estatal prevé ayudas de 400.000, 500.000 y 550.000 pesetas, según el nivel de ingresos de los destinatarios, para rehabilitación de viviendas. Asimismo, ofrece subvenciones de 200.000, 500.000 y, ocasionalmente 600.000 pesetas, para la rehabilitación de elementos estructurales de las edificaciones.
En cuanto a la rehabilitación del patrimonio público residencial, se acometerán 36.000 actuaciones, con especial atención a los cascos históricos de las ciudades.
Otra novedad destacada del plan son las subvenciones, de hasta el 75% del coste de la instalación, para dotar de ascensores a edificios de más de tres plantas, hasta un límite de 3,5 millones.
Suelo
Por último, en materia de suelo, el plan prevé un total de 33.000 actuaciones (19.850 correspondientes a la Junta Andalucía y 13.150 al Plan Nacional de Vivienda), con el objetivo de proporcionar el necesario suelo residencial para el desarrollo de los programas de viviendas. En este campo, las prioridades se centran en facilitar la creación de un patrimonio municipal y regional de suelo, así como en impulsar las actuaciones destinadas a urbanizar suelo mediante ayudas complementarias.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del decreto que regula los horarios de trabajo del personal funcionario en la Administración de la Junta de Andalucía, con el objetivo de adaptar esta norma a la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales.
La nueva regulación fija en 1.582 horas la jornada anual máxima de trabajo en la Administración general de la Junta de Andalucía, con un cómputo semanal de lunes a viernes y una vez descontadas vacaciones y fiestas oficiales. A esta cifra se suman 110 horas anuales en el caso concreto del personal que cuenta con complemento específico de especial dedicación.
La norma aprobada hoy también especifica que, en función de su forma de prestación, la jornada laboral podrá ser partida y continuada. La primera se realiza en dos periodos con una interrupción de al menos dos horas entre ambos, frente al intervalo de media hora que establecía el anterior decreto. En cuanto a la jornada continuada, se realiza ininterrumpidamente entre el comienzo y el final, sin perjuicio de la flexibilidad horaria y de las pausas que estén establecidas.
La nueva regulación horaria, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOJA, pretende alcanzar un equilibrio entre la reducción de la jornada y el reforzamiento de la eficacia de los servicios que presta la Administración autonómica.
La reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en la Administración autonómica es consecuencia del acuerdo suscrito el pasado mes de febrero por el Gobierno andaluz y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF para fomentar la creación de empleo. Este objetivo ya se concretó el pasado 22 de junio con la oferta de empleo público aprobada por el Consejo de Gobierno, en la que se recoge la convocatoria de 2.100 nuevas plazas de acceso libre.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se amplía parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía para su adaptación a la oferta de empleo público de 1999, aprobada el pasado 22 de junio. Esta oferta, que incluye la convocatoria de 2.100 nuevas plazas de acceso libre, es fruto del impulso dado por el Gobierno andaluz a la creación de empleo en la Administración autonómica tras el acuerdo suscrito con los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF para aplicar la jornada laboral de 35 horas semanales.
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, a formalizar un contrato de apertura de línea de crédito sindicado por un importe de 25.000 millones de pesetas. Esta nueva línea servirá de complemento y ayuda al Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía, autorizado en mayo de este año con un importe máximo de 80.000 millones de pesetas.
La operación financiera que se autoriza, continuación de la desarrollada entre 1995 y 1998, presenta la modalidad de crédito sindicado a largo plazo, con la peseta como moneda utilizada y la participación, como entidades agentes, del Banco de Negocio Argentaria y de la Banque Nationale de París.
El contrato, que será firmado próximamente por la titular de Economía, permitirá obtener un instrumento financiero complementario de las emisiones de deuda de la Junta de Andalucía para evitar eventuales desfases en las necesidades de financiación.
El Consejo de Gobierno ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por la asociación ASAJA-Sevilla contra el acuerdo del pasado 4 de mayo por el que el Gobierno andaluz aprobó las actuaciones necesarias para el proyecto del Corredor Verde del Guadiamar y declaró la urgente ocupación de las fincas afectadas por el mismo. Dicho acuerdo, confirmado hoy en todos sus términos, autorizaba la expropiación de una superficie de 3.816 hectáreas por razones de interés público medioambiental.
En su resolución, el Gobierno andaluz rechaza, en primer lugar, la alegación de ASAJA sobre la inconstitucionalidad de la Ley 11/98 de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1999 (que en su artículo 13 declara de utilidad pública e interés social las actuaciones del proyecto de Corredor Verde), ya que la Administración autonómica no puede entrar en el análisis de los posibles defectos de una norma con rango de ley, ámbito sólo reservado al Tribunal Constitucional.
El Consejo de Gobierno subraya que en el acuerdo recurrido no existe vulneración alguna de los principios de razonabililidad, proporcionalidad y tutela efectiva, que han sido respetados. Asimismo, entiende que las alegaciones sobre vulneración del derecho de propiedad desconocen absolutamente la naturaleza y esencia tanto de este derecho como de la potestad expropiatoria. En este sentido, se recuerda que, cuando al administrado se le priva de bienes o derechos por razones de interés público, su garantía patrimonial se consigue a través de la correspondiente indemnización como equivalente económico de los mismos.
En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el Consejo de Gobierno sostiene que el ejercicio de la postestad expropiatoria no interfiere en este derecho fundamental, del mismo modo que tampoco impide a los afectados permanecer en su posición procesal actual y con la protección que les asiste ante los Tribunales, a la espera de los resultados de los procesos en marcha.
En relación a la legalidad de la actuación administrativa para acometer el proyecto del Corredor Verde, el Gobierno andaluz estima que se cumplen todos los requisitos exigidos en la vigente normativa de expropiación forzosa. Asimismo, el ejecutivo considera que concurren las circunstancias excepcionales que justifican la urgente ocupación de las fincas.
Finalmente, el Consejo de Gobierno desestima también la solicitud de suspensión del acuerdo impugnado por ASAJA, al no darse las circunstancias que pueden justificarla, especialmente la existencia de daños de difícil o imposible reparación.