Andalucía, 29 de
septiembre de 1998
REFERENCIA DEL CONSEJO DE
GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San
Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, bajo la presidencia del consejero de la Presidencia,
Gaspar Zarrías.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Esta norma sustituirá a la legislación estatal vigente sobre bienes y patrimonio de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades, actualizándola y adaptándola a la Comunidad Autónoma. Asimismo, como novedad destacada, extenderá su regulación a los organismos autónomos y a las sociedades mercantiles dependientes de estas entidades, que hasta ahora quedaban fuera.
El proyecto de Ley, que completa el desarrollo normativo de la Junta de Andalucía en materia de régimen local, pretende, entre otros objetivos, adaptar a los nuevos modos y figuras del mercado inmobiliario las facultades de las entidades locales sobre la disposición de sus bienes y patrimonios. En este sentido, al procedimiento de subasta, único hasta la fecha para proceder a la venta por las entidades locales, se añade el concurso público y la venta directa bajo determinadas condiciones.
Otro aspecto innovador es la introducción de figuras procedentes del derecho privado que hasta el momento no han tenido aplicación en el ordenamiento jurídico público. Entre estas figuras destacan la permuta de cosa futura, que permitirá a las entidades locales cambiar bienes de su propiedad por otros futuros, y la aportación de bienes patrimoniales e incluso concesiones administrativas a las sociedades municipales.
El nuevo tratamiento legislativo previsto en el borrador también abre vías para solucionar antiguos y graves problemas que vienen afectando a sectores socialmente desfavorecidos, como residentes en viviendas de propiedad municipal ocupadas, con pago diferido o promesa de venta, y residentes en viviendas construidas en terrenos cedidos con fines sociales. Para ello, el proyecto contiene una disposición transitoria que faculta a las entidades locales, excepcionalmente y bajo condiciones, a enajenar directamente inmuebles de su propiedad en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, normalizando así la situación legal de los residentes.
Por otra parte, el proyecto obliga a las entidades locales a la conservación, protección y defensa de los bienes de su propiedad mediante inventario o inscripción registral. Finalmente, incluye un régimen sancionador que permite la imposición de multas que pueden alcanzar hasta el doble del daño ocasionado, con independencia de la reparación del perjuicio o restitución de lo usurpado.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se nombran los representantes de la Junta de Andalucía en el Patronato del Parque Nacional de Doñana. Estos representantes son: José Luis Blanco, consejero de Medio Ambiente; Juan Paniagua, viceconsejero de Agricultura y Pesca; Juan Antonio Cortecero, secretario general de Economía; Josefina Cruz, directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo; Javier Cobos, director conservador del Parque Natural de Doñana; Luis Atienza, presidente de la Fundación "Doñana 21", e Ildefonso dell'Olmo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha aprobado sendos decretos por los que se autoriza a los ayuntamientos de Castaño del Robledo y El Granado (Huelva) para adoptar sus escudos heráldicos y banderas municipales.
En el caso de Castaño del Robledo, las características de estos símbolos son las siguientes:
Escudo español: de oro castaño al natural terrasado de sinople. Al timbre, corona real cerrada.
Bandera: rectangular en la proporción de 11x18. Paño verde con una filiera amarilla. Centrado y sobrepuesto, el escudo de armas local.
En cuanto al municipio de El Granado, los símbolos autorizados por el Consejo de Gobierno presentan las siguientes características:
Escudo español partido: primero, de plata, una banda de sable y, en orla y brochante sobre el todo, una cadena de oro de ocho eslabones. Segundo, de oro, un granado de sinople frutado al natural, realzado su fuste de una rueda de cuchillas de sable. Al timbre, corona real cerrada.
Bandera: rectangular en la proporción 11x18, compuesta por cuatro franjas de igual anchura, paralelas entre sí y perpendicularmente al asta; la primera, negra; la segunda, blanca; la tercera, amarilla, y la cuarta, verde. Centrado y sobrepuesto, el escudo de armas local.
El Consejo de Gobierno ha acordado eximir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, de la presentación de un informe de evaluación de impacto ambiental para la construcción de un muro de control y permeabilización en la marisma de Doñana, dada la urgencia y excepcionalidad de la obra proyectada.
No obstante, en previsión de posibles repercusiones sobre el comportamiento hidrológico del espacio, el Gobierno andaluz propone una serie de condicionantes técnicos para minimizar el impacto ambiental de la obra, ya que ésta supone el desvío del principal aporte de agua dulce que recibe la marisma. A dichas condiciones deberá acogerse ineludiblemente el citado proyecto, el cual se presume correcto en cuanto a su diseño hidráulico.
Según lo acordado por el Consejo de Gobierno, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir deberá realizar y remitir a la Consejería de Medio Ambiente, en el plazo de dos meses, un informe sobre las consecuencias ambientales de la obra y un programa de control de los posibles arrastres para valorar los efectos sobre los parques Nacional y Natural de Doñana, Brazo de la Torre y Estuario del Guadalquivir. Si del resultado de dicho programa se concluyera la existencia de afección residual, deberá realizarse asimismo un plan de restauración de la zona afectada.
Por otra parte, en el plazo máximo de dos años, la zona afectada por las prolongaciones del muro de la margen derecha del río Guadiamar y del muro de cierre de la zona de Cantaritas deberá ser restituida a su estado original. Además, con objeto de preservar las zonas agrícolas y piscícolas, se deberá realizar paralelamente el recrecimiento de Entremuros y de los muros de protección de las zonas citadas.
Dado que la obra en cuestión modifica sustancialmente el régimen hídrico de Doñana, se propone igualmente la presentación, en el plazo máximo de dos meses, de un modelo hidrológico que describa los efectos de la obra sobre el espacio natural, los aportes de caudales a la marisma y la fauna silvestre, tanto en invernada como en época reproductora. Respecto a las zonas afectadas por la obra, y según lo previsto en la Directiva de la Unión Europea sobre conservación de hábitats naturales, fauna y flora silvestres, deberá desarrollarse en el plazo de dos meses un proyecto de medidas compensatorias.
Por otra parte, en el plazo de un mes, la Condeferación Hidrográfica del Guadalquivir deberá diseñar y ejecutar un proyecto que mejore la capacidad de retención de todo el cauce del río Guadiamar, especialmente de los vados de Don Simón y Los Vaqueros. También en el mismo plazo deberá diseñar y ejecutar otras obras en el cauce de Entremuros que sirvan como elementos adicionales de protección y captura de sedimentos.
El acuerdo del Consejo de Gobierno señala también que deberá estudiarse un dispositivo de control y cierre del flujo y reflujo de las mareas hacia el Parque Natural de Doñana. Finalmente, para reducir la erosión y evitar el impacto visual, deberán realizarse labores de revegetación con plantas autóctonas en los taludes y sacatierras, atendiendo en todo momento a las indicaciones e instrucciones de la Consejería de Medio Ambiente.
El consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo, ha informado al Consejo de Gobierno de la declaración de obras de emergencia en diversas carreteras de las provincias de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Granada afectadas por las pasadas lluvias torrenciales.
Las obras, con un presupuesto total de 285 millones de pesetas, se centran en reperfilar y sujetar los taludes desprendidos o deslizados, reparar los firmes deteriorados, eliminar badenes y socavones, sustituir las obras de fábrica afectadas y limpiar las cunetas y arcenes que resultaron aterrados.
En la provincia de Córdoba las carreteras afectadas son la A-340, Estepa-Guadix por Alcalá la Real, a su paso por el término municipal de Lucena y por el arroyo Guadalazar; la CO-141 desde el ramal de la A-431 a Hornachuelos; la CO-142 entre Hornachuelos y San Calixto; la A-431 entre Córdoba y Sevilla por el Guadalquivir; la A-309, de Montoro a Puente Genil por Castro del Río, y la A-379 de Casariche a La Carlota por Puente Genil. Las obras en estas carreteras suponen una inversión de 180,8 millones de pesetas.
En Cádiz se realizan obras de reparación en la A-382 entre Olvera y Almargen, además de la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo de la Plata en la carretera A-393 entre Paterna y Medina Sidonia. Ambos proyectos cuentan con un presupuesto conjunto de 41,2 millones de pesetas.
En cuanto a la provincia de Sevilla, se llevan a cabo obras por un valor de 32,3 millones de pesetas en la A-431 a su paso por Alcolea del Río y en la SE-129 entre Alcolea del Río y Guadajoz.
Por último, también se realizan obras de emergencia en la autovía A-92 a su paso por la provincia de Granada entre el límite de la provincia de Málaga y el Puerto de la Mora, con una inversión de 41,2 millones.