| Andalucía, 30 de marzo de 1999 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de su titular,
Manuel Chaves González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado, en su reunión de hoy, un decreto por el que se adoptan, con carácter de urgencia, una serie de medidas especiales en materia de vivienda y suelo en el Recinto Histórico de Cádiz, así como la unificación de la gestión y ejecución de las actuaciones de la Comunidad Autónoma en dicho ámbito, y la mayor flexibilidad en los programas aplicables.
El objetivo de dicho decreto, que se enmarca en el derecho constitucional de todos los andaluces a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, se justifica por el especial deterioro de la trama urbana del recinto histórico de Cádiz, agravado por la peculiar situación socioeconómica de la población residente. Dicha situación aconseja la adopción de medidas de emergencia que se sumen a los sucesivos planes de vivienda y suelo ejecutados por la Junta de Andalucía. En el citado decreto se incluyen actuaciones rehabilitadoras y de edificación del parque inmobiliario y otras destinadas a programas de integración social.
Como instrumento de planificación se prevé la elaboración de un programa Coordinado de Intervención Integral para el Recinto Histórico de Cádiz, actuando la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) como instrumento administrativo de la Junta de Andalucía, sin menoscabo de la coordinación entre las distintas administraciones y la participación ciudadana. Este programa coordinado debe aprobarse en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del citado decreto.
En cuanto a la financiación, se prevén aportaciones procedentes de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, la afectación por EPSA de bienes aportados a su fondo social, operaciones de crédito y aportaciones de otras Administraciones y particulares.
En materia de suelo y vivienda, las actuaciones se efectuaran a través de programas dirigidos a adquisición y preparación de suelos e inmuebles; promoción pública de viviendas en alquiler; promoción pública de viviendas en compraventa; transformación de infraviviendas y rehabilitación autonómica. Igualmente, y como consecuencia de estas actuaciones, se llevarán a cabo las actuaciones necesarias en materia de realojo, tanto provisionalmente en viviendas de promoción pública como abonando el importe de alquileres o indemnizando a tanto alzado para compensar los gastos de realojo, entre otras medidas.
Para la gestión y seguimiento de estos programas, la Empresa Pública del Suelo de Andalucía instituirá una Comisión Delegada y para su ejecución EPSA creará una Oficina de Gestión en la ciudad de Cádiz, a cuyo frente se situará un gerente facultado para adoptar las medidas con la máxima eficacia y agilidad.
Dicha Oficina de Gestión contará con un órgano de Participación Ciudadana, que tendrá como funciones, entre otras, el análisis del desarrollo del plan, la formulación de iniciativas y sugerencias y el asesoramiento en general.
El Consejo de Gobierno ha autorizado, a propuesta de la consejera de Economía y Hacienda, la emisión y puesta en circulación de Deuda Pública Anotada por 180 millones de euros (29.949,5 millones de pesetas), que se integrará en el Programa de Bienes y Obligaciones de la Junta de Andalucía.
Entre las características de esta emisión, que se determinarán en su día por la Consejería de Economía y Hacienda, destacan el plazo de 10 años y la amortización a la par por el valor nominal, con los mismos beneficios y condiciones que tiene la Deuda Pública del Estado.
La Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998 autoriza al Consejo de Gobierno, previa propuesta de la titular de la Consejería de Economía y Hacienda, a emitir Deuda Pública Amortizable, fijando sus características, y a concertar operaciones de crédito, tanto en el interior como en el exterior, hasta el límite de 126.461 millones de pesetas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que establece la oferta de empleo público de 1999 para maestros de Infantil y Primaria y para profesores de Secundaria, Conservatorios y Escuelas de Idiomas, con un total de 1.700 plazas. Esta es la primera ocasión en que se convocan en un mismo año oposiciones simultáneas para varias especialidades docentes.
La oferta de plazas para maestros de Educación Infantil y Primaria es de 1.200, de las cuales 600 corresponden a Educación Infantil, 180 a Educación Física, 150 a Educación Especial (especialidad de Pedagogía Terapéutica), 150 a Inglés y 120 a Música.
En Educación Secundaria, aunque este año no correspondía la convocatoria de oposiciones al haberse celebrado las últimas el pasado verano, las necesidades derivadas de la generalización del segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria han motivado que se oferten 358 plazas, repartidas entre las especialidades de Dibujo, Música, Educación Física, Lengua y Literatura y Francés.
Las oposiciones para el profesorado de los Conservatorios, que no se convocaban desde 1993, incluyen este año 120 plazas correspondientes a 16 especialidades de Música. En cuanto a los idiomas, la oferta de empleo público aprobada hoy por el Consejo de Gobierno recoge 22 plazas para Alemán, Inglés y Francés.
Las oposiciones se convocarán oficialmente el 8 de abril y los exámenes se realizaran en el mes julio, como en años anteriores. El temario para Música es el publicado en el Boletín Oficial del Estado el 11 de diciembre de 1998, mientras que los de Infantil, Primaria, Secundaria y Escuelas de Idiomas son los mismos de las convocatorias anteriores.
La Consejería de Educación y Ciencia invertirá 565 millones de pesetas en la construcción de sendos Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) en Almuñécar (Granada) y Cañada de las Torres (Córdoba). El Consejo de Gobierno ha aceptado hoy los terrenos donados por los ayuntamientos de estas localidades para llevar a cabo los proyectos.
El instituto de Almuñécar, cuya construcción supondrá una inversión de 375 millones de pesetas, ofertará 720 puestos escolares, repartidos en 24 unidades de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
Por su parte, el IES de Cañada de las Torres, presupuestado en 190 millones de pesetas, tendrá capacidad para 240 alumnos y ocho unidades de Secundaria.
Los nuevos centros contarán, entre otras instalaciones, con aulas de Música, Dibujo e Informática, así como laboratorios, talleres de Tecnología, biblioteca y seminarios.
Almuñécar y Cañada de las Torres son dos de los más de 300 municipios andaluces que se han sumado al Plan Aula 2000, puesto en marcha por la Consejería de Educación para agilizar la construcción y adaptación de los centros educativos a la LOGSE.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para que presente demanda de intervención en apoyo a las pretensiones de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en el recurso de anulación, interpuesto por esta organización agraria ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, contra el reglamento comunitario de la Organización Común de Mercado (OCM) en el sector de las materias grasas.
Según el Consejo de Gobierno, esta OCM supone una violación de los objetivos de la Política Agrícola Común establecidos en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, ya que asigna al Estado español una cantidad máxima garantizada de aceite de oliva (760.027 tm por campaña) netamente inferior a su potencial y a su realidad productiva, además de ser sinónimo de penalizaciones estructurales para los productores españoles.
Por otra parte, a juicio del Gobierno andaluz, la desaparición del mecanismo de intervención también pone en peligro la equidad respecto a los productores andaluces, ya que implica una tendencia a la baja de los precios de mercado, provocando daños irreparables a las explotaciones más desfavorecidas.
Andalucía es la primera región productora de aceite de oliva en Europa, con unas cifras que en 1997 representaron el 27% de la producción final agraria y el 51% del empleo agrario en la comunidad autónoma.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Gobernación y Justicia, ha autorizado el pago de 861.333.761 pesetas al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, en concepto de subvención por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita correspondiente al segundo semestre de 1998. Esta subvención cubre los gastos de la defensa por abogado y de la representación por procurador en turno de oficio ante los órganos judiciales con sede en Andalucía, así como los gastos de funcionamiento e infraestructura de dichas actuaciones.
El acuerdo del Consejo de Gobierno se adopta una vez examinada la certificación remitida por el Consejo Andaluz de Abogados sobre las 9.515 guardias de asistencia letrada al detenido, las 5.257 asistencias individualizadas para el mismo fin y los 34.520 procedimientos por turno de oficio realizados durante la segunda mitad del pasado año en Andalucía.
Este es el segundo año que el Gobierno andaluz afronta el abono del servicio de asistencia jurídica gratuita, después de la asunción de las competencias en materia de Justicia en 1997.