| Andalucía, 31 de agosto de 1999 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de su titular,
Manuel Chaves González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Gobernación y Justicia, Carmen Hermosín, el proyecto de ley de regulación de las consultas populares locales en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza.
El objetivo de esta disposición legal es establecer un sistema mediante el cual los ciudadanos puedan expresar su opinión en determinados asuntos de competencia municipal y de carácter local. El resultado de esta consulta no será vinculante para la entidad local convocante. Además, el proyecto aclara que estas iniciativas no podrán menoscabar las facultades de decisión que corresponden a la administración local.
El proyecto de ley establece un marco homogéneo para este tipo de consultas -de los que están excluidos los relativos a la Hacienda local- garantizando los principios de transparencia, publicidad, participación y pluralismo. También regula las campañas de información y el voto anticipado de los electores, así como el desarrollo de la votación y el escrutinio. La Junta de Andalucía creará un Registro de Consultas para facilitar el seguimiento y control administrativo de las mismas.
Esta disposición define los aspectos fundamentales de la consulta popular, los requisitos de la convocatoria, la administración y el cuerpo electoral, así como la organización y desarrollo del proceso.
El proyecto se ajusta a las previsiones de la Ley de Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985, que establece la posibilidad de que los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de competencia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos. Además, el Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo del sistema regulador de las consultas populares locales en el ámbito andaluz.
La iniciativa para organizar una consulta debe partir de la propia corporación local, mediante acuerdo por mayoría simple o previa solicitud de un grupo de vecinos, cuyo número varía en función de la población del municipio. En poblaciones de hasta 5.000 habitantes será necesario las firmas del diez por ciento de los mismos; en municipios entre 5.001 y 100.000 se requieren 1.000 firmas más el cinco por ciento de los habitantes que excedan de 5.000, mientras que las ciudades más pobladas (de más de 100.000) se precisan 10.500 firmas más el tres por ciento de los habitantes que superen los 100.000. El cuerpo electoral estará formado por los residentes que gocen de sufragio activo en las elecciones municipales.
Este proyecto de ley prevé también que estas consultas no podrán coincidir con la convocatoria o celebración de ningún proceso electoral, tanto de carácter nacional como autonómico. El procedimiento sobre la organización y funcionamiento de las mismas será similar a otros comicios electorales generales.
La solicitud para la celebración de un consulta popular será tramitada por el alcalde, previo acuerdo favorable del Pleno, ante la Junta de Andalucía, que la trasladará al Gobierno de la nación, al que corresponde autorizar la iniciativa, según la Ley de Bases de Régimen Local.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley que regula las Áreas de Transporte de Mercancías de Andalucía, elaborado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, que será remitido al Parlamento andaluz para su tramitación.
El objeto de esta ley es regular las actividades de planificación, fomento, promoción, gestión y control de las áreas destinadas a prestar servicios de transporte de mercancías por carretera, en el marco de la planificación territorial de infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Esta ley permitirá superar las insuficiencias del actual marco legislativo, ofreciendo una definición legal de las áreas de transporte de mercancías por carretera para su implantación, desarrollo y gestión de manera más acorde con la realidad, la diversidad de la oferta y de la demanda y su papel como agente económico.
El proyecto de ley define a las áreas de transporte como zonas debidamente delimitadas destinadas a prestar servicios a los usuarios y a las empresas del sector del transporte, facilitando su localización y fomentando su uso por los diferentes operadores.
La realidad del sector del transporte de mercancías y los retos a los que se ve abocado en el corto plazo hace necesario el desarrollo de una red de áreas de transporte que se articule tanto con la red nacional como la red internacional. Esta articulación permitirá mejorar la eficacia del sistema y ayudar a impulsar el desarrollo regional a partir del establecimiento de puntos preferentes de servicios de intercambio de mercancías, tanto en el ámbito regional como suprarregional.
Para hacer posible esta realidad, la futura ley diferencia dos tipos de áreas: centros y estaciones. Los primeros, que se denominarán centros de transporte de mercancías, han de contar con una zona pública para la prestación de servicios al sector y una zona complementaria privada para el establecimiento de empresas. Dentro de los centros se diferencian dos niveles sobre la base de su ámbito de actuación: centros de interés regional (Sevilla, Málaga y Campo de Gibraltar) y centros de interés local.
Por su parte, las estaciones de mercancías tendrán carácter municipal o supramunicipal en las que se concentrarán las salidas y llegadas a una población o área territorial. El objetivo de estas instalaciones es facilitar la coordinación intermodal de las empresas y usuarios de la zona.
Con este nuevo instrumento legislativo, el Gobierno andaluz da mayor coherencia a la actuación de los sectores implicados, favoreciendo el intercambio de mercancías entre los distintos medios de transporte. Para que esto sea posible se precisa una mayor cooperación y coordinación entre las distintas administraciones y la participación de la iniciativa privada en la creación y gestión de las áreas de transporte.
El nuevo papel de las áreas de transporte se centra en facilitar y potenciar el intercambio de mercancías para adecuar las exigencias actuales de la demanda. Esta tarea es clave para el desarrollo de un sector que ha superado la mera necesidad del desplazamiento físico de mercancías y al que se reclaman nuevas actividades tales como el almacenamiento, gestión de stocks, distribución, marketing, imagen corporativa y otra serie de actividades encaminadas a aumentar el valor añadido del producto.
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Gobernación y Justicia, un decreto que modifica varios artículos del Catálogo de Juegos y Apuestas y el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar. Estos cambios obedecen a la necesidad de actualizar diversos aspectos de estas normas, tales como la cuantía de los premios de las máquinas de juego, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El decreto aprobado también actualiza la normativa aplicable a este sector, en relación con la fabricación y la normalización de los distintos tipos de máquinas de juego, fijando unos requisitos comunes. De esta manera se facilita la libre circulación de bienes y mercancías entre los distintos ámbitos territoriales autonómicos, así como la libertad de establecimiento de industrias y fabricantes en cualquier punto de la geografía española.
Con la modificación de este reglamento, Andalucía se incorpora al proceso de armonización normativa consensuada en el seno de la Conferencia Sectorial del Juego, formada por las comunidades autónomas, recogida en el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por el Real Decreto 2110/1998, de 2 de octubre.
Otros de los cambios del citado reglamento se refieren a la redacción de los apartados sobre el régimen aplicable a las fianzas que deben de constituir las empresas de juego. La experiencia ha puesto de manifiesto la necesidad de corregir el carácter temporal de dicho depósito para asegurar en todo momento las responsabilidades derivadas de la explotación de máquinas de juego.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se fijan los precios y tasas académicas de las universidades andaluzas para el curso 1999/2000, tras la propuesta formulada por el Pleno del Consejo Andaluz de Universidades.
El próximo curso las matrículas universitarias subirán un 2.4%, lo que supone un incremento de 1.830 pesetas para las carreras de letras y de 2.120 pesetas para las experimentales, mientras que los créditos se verán incrementados en 32 pesetas.
Este aumento de las tasas coincide en el IPC interanual, que fue el mínimo establecido por el Consejo de Estado de Universidades, que estableció una horquilla entre el 2,4% como mínimo y un punto más como máximo. La Junta de Andalucía ha optado por aplicar la subida mínima y mantener los precios de matrícula en la banda más baja del Estado.
Concretamente, las tasas pasarán en las carreras de letras de las 63.300 pesetas del curso 98/99 a las 65.130 para el 99/2000, mientras que las carreras experimentales tendrán un precio de matrícula de 90.320 pesetas frente a las 88.200 del curso 98/99. En el caso de los créditos, el precio sube de 1.330 a 1.362 pesetas. Por otro lado, se mantienen sin subida los recargos para los alumnos que repitan alguna asignatura.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que acepta la donación por parte del Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera de una parcela en la que se construirá un nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria, con una inversión de 400 millones de pesetas, aportados por la Consejería de Educación y Ciencia.
El nuevo centro, de 16 unidades, acogerá a 546 alumnos de Secundaria y de ciclos formativos, resolverá los problemas de escolarización y de infraestructura educativa que padece este municipio.
Este instituto de nueva planta contará con dos edificios diferenciados, el primero, con una superficie de 6.160 m2, acogerá aulas de informática, música, idioma y plástica. Dispondrá también de biblioteca, laboratorio, diez seminarios, dos salas de apoyo a la integración, cafetería y gimnasio. Por otra parte, el segundo edificio, de 2.353 m2, tendrá, entre otras instalaciones, polideportivo y salón de usos múltiples.
Aguilar de la Frontera es otro de los municipios que se han sumado al Plan Aula 2000, promovido por la Consejería de Educación con el fin de adaptar la infraestructura educativa de Andalucía a las exigencias de la LOGSE. Este plan incluye, tanto la construcción de nuevos centros escolares, como la ampliación y remodelación de los ya existentes.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha declarado de emergencia la expropiación de los terrenos afectados por la ejecución de seis obras de seguridad vial en la red de carreteras de la provincia de Cádiz. Estos trabajos que acometerá la Consejería de Obras Públicas y Transportes conllevan una inversión de 360 millones de pesetas.
La carretera más beneficiada es la A-382, que conforma el itinerario Jerez de la Frontera–Antequera, con una inversión superior a los 284,4 millones, que se destinan a mejorar el acceso al municipio de Villamartín y el enlace con la carretera del Coto de Bornos, en las que se construirán ambas con glorietas de enlace elevadas. Sobre la A-382 también se levantará una pasarela peatonal de acceso al polideportivo de Arcos de la Frontera.
Las otras tres actuaciones restantes, con un coste de 75,6 millones, corresponden al acceso a Medina Sidonia desde la A-390, a la mejora de la seguridad vial del cruce de la A-393 con la CA-203 y a la construcción de una glorieta de enlace en la N-340 en el acceso a Vejer de la Frontera.
La basílica de Nuestra Señora de las Mercedes de Oria (Almería) ha alcanzado hoy la categoría oficial de monumento, en virtud de la declaración de bien de interés cultural (BIC) acordada en Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Cultura. La decisión de dotar al templo del máximo grado de protección establecido por la ley afecta también al entorno inmediato del edificio, con el fin de evitar posibles alteraciones que pudieran perjudicar los valores propios del mismo.
Esta basílica fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII por iniciativa del décimo marqués de los Vélez, Antonio Álvarez de Toledo, quien contribuyó además a la erección de varios templos en Vélez-Rubio. Su protagonismo en esta edificación se justifica en la percepción de parte de los impuestos que sus súbditos habían de pagar a la Iglesia a cambio de la obligación de levantar o reparar los templos de su señorío.
El edificio, de estilo barroco tardío, indica una cierta recuperación económica de la provincia de Almería y el interés mostrado por uno de sus obispos más célebres, Claudio Sanz y Torres, durante cuyo mandato se impulsó la construcción de los templos barrocos más importantes del patrimonio arquitectónico almeriense.
Las claves propias del barroco en Almería se sintetizan en la basílica de las Mercedes de Oria, con planta rectangular de cajón que permite una mayor posibilidad constructiva, ornamental y simbólica. El coro se sitúa a los pies sobre arco carpanel, rasgo medieval de larga pervivencia en la arquitectura de la provincia, mientras que se observan cubiertas abovedadas con lunetos y cúpula de media naranja sobre el crucero.
Al igual que el resto de las de su estilo, esta iglesia se presenta desornamentada en su interior. Aparece levemente moldurada y con toques decorativos a base de relieves que dejan entrever la irrupción del rococó. La portada, por su parte, es el elemento más sobresaliente del conjunto y en ella se recoge la influencia del gran templo barroco almeriense: La iglesia de la Encarnación de Vélez-Rubio, aunque con menores pretensiones.
Los materiales empleados, el lenguaje constructivo, el diseño de la fachada, el juego de volúmenes creado por las diferentes alturas de sus naves, la composición espacial y la grandiosidad de su portada, entre otras peculiaridades, colocan la basílica, con el templo de Vélez-Rubio y la iglesia de la Encarnación de Cuevas de Almanzora, como una de las tres obras fundamentales del barroco dieciochesco almeriense.