En el verano de 1952 los sevillanos vivieron un desafortunado suceso que conmocionó a todo el país. En una calurosa tarde del mes julio, dos hermanas, Matilde y Encarnación Silva Montero, fueron brutalmente asesinadas en su domicilio, el nº 24 de la Avenida Menéndez Pelayo, en cuyo zaguán poseían un estanco regentado por una de ellas. De inmediato se abrió una investigación y la causa fue instruida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla. Sin móvil aparente, en un principio se descartó el robo. Fueron detenidos Lorenzo Castro Bueno,Juan Vázquez Pérez, Antonio Pérez Gómez, que ingresaron provisionalmente en la Prisión Provincial.

En los intensos interrogatorios y durante la reconstrucción de los hechos los inculpados incurrieron en grandes contradicciones que entorpecieron la actuación judicial: se desdecían de sus declaraciones y negaban su autoría, aunque, al menos oficialmente, terminaron por confesar su culpa. Entre la ciudadanía, sin embargo, estaba extendida la creencia de que eran inocentes, que el asunto se había zanjado demasiado rápido y que estaban cargando con la culpa de otros. A finales de octubre de 1954 se celebró el juicio oral. Durante la prueba testifical, las aportaciones de los testigos que declararon también se contradecían y los acusados se retractaron de sus confesiones. Los abogados defensores insistieron en la inocencia de sus defendidos y en su absolución.

Finalmente, el 26 de octubre de 1954 la Audiencia Territorial de Sevilla dictó sentencia: declaró culpables a los acusados por robo y doble homicidio y los condenó a pena de muerte. El veredicto de la justicia indignó a muchos sevillanos y autoridades, que se alzaron suplicando el indulto de los condenados. Finalmente, fueron ejecutados a garrote vil en el patíbulo el 4 de abril de 1956 por el verdugo titular de la Audiencia Territorial de Sevilla, Bernardo Sánchez Bascuñana.

Transcurridas casi dos décadas, finalmente pudo esclarecerse este crimen sin resolver por el que pagaron con su vida tres inocentes. El verdadero culpable del doble crimen confesó su culpa, bajo secreto de confesión, al sacerdote que atendió a los penados en los últimos momentos de sus vidas, fray Hermenegildo de Antequera.