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INFORME SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE ANDALUCÍA 2021
que sufren las mujeres en Andalucía trata de ser atendida por las distintas Administraciones, que centralizan sus políticas en el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), órgano adscrito a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, cuyo fin es promover la igualdad entre hombres y mujeres de una manera real y efectiva, haciendo posible la participación de las mujeres en la vida política, cultural y social, superando los obstáculos y barreras que se oponen a ello, siendo imprescindible garantizar recursos suficientes para el logro de estos fines. Para una exposición de los programas que el IAM desarrolla en los ámbitos de igualdad de género en las relaciones laborales y de lucha y erradicación de la violencia de género, nos remitimos a este informe correspondiente al año 2019.
Es necesaria una respuesta integral ante la violencia de género y el blindaje de los centros y puntos de atención integral a la mujer, garantizando los recursos económicos, técnicos y plantillas laborales necesarios en zonas rurales y de mayor riesgo de exclusión social.
7.2. EDUCACIÓN
El desarrollo de cualquier sociedad depende en gran medida de su nivel educativo. Los beneficios sociales, culturales, económicos y de toda índole que se alcanzan en un territorio gracias a la formación de su población resultan indiscutibles. Para ello es esencial establecer adecuadas políticas públicas y suficientes recursos, tanto en cantidad como en calidad, de manera sostenida y sostenible en el tiempo.
Es cierto que junto a la disponibilidad de recursos adecuados hay otros muchos factores que tienen incidencia en el logro de los resultados y, sobre todo, de los impactos en materia educativa, tales como el contexto socioeconómico del territorio, o las propias dinámicas demográficas.
Así, resulta innegable el efecto que desde marzo de 2020 tuvo la pandemia de COVID-19 sobre la educación, materializado en una docencia impartida en modalidad virtual, alumnado siguiendo el curso desde sus domicilios particulares (no siempre con los medios adecuados para ello), incremento del volumen de profesorado o aumento significativo y urgente de la inversión en nuevas tecnologías, entre otros muchos aspectos.
A todo ello se suma el contexto normativo, especialmente determinante en el ámbito educativo y que en España viene marcado por los numerosos cambios y reformas, tanto parciales como totales, de la normativa que rige el sistema educativo estatal14. Ante esta situación resulta necesario, tal y como se viene subrayando en las anteriores ediciones de este informe, un Pacto Político y Social por la Educación, en el que estén implicados todas las personas integrantes de la comunidad educativa y que sitúe la educación en el centro de la agenda política, considerándose como una prioridad de Estado, de servicio público y de derecho para toda la sociedad. Es fundamental una estabilidad normativa y una lealtad institucional entre la Administración estatal y autonómica, para la adecuada gestión de la educación.
Partiendo de este contexto, se analiza en este apartado la evolución más reciente de los principales indicadores en materia de educación en Andalucía, relativos tanto a la oferta como a la demanda educativa, a fin de evaluar hasta qué punto se produjeron las mejoras deseadas y esperadas en los niveles de educación y formación de la población andaluza.
14 LOECE (1980); Ley de Reforma Universitaria (1983); LODE (1985); LOGSE (1990); LOPEG (1995); LOCE y LOU (2002); LOE (2006); LOMCE (2013); LOMLOE (2020); así como las modificaciones parciales que algunas de ellas han tenido.