Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a agentes públicos del sistema andaluz del conocimiento para proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19, cofinanciados con fondos FEDER, de conformidad con la Orden de 23 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

Agentes Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento.
Para considerarse Agente Público del Sistema Andaluz del Conocimiento, las entidades deberán:
1. Tener la condición de Agente del Sistema Andaluz del Conocimiento, de acuerdo con la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, y el Decreto 254/2009, de 26 de mayo.
2. Pertenecer al Sector Público de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En particular, tendrán esta consideración:

1. Las Universidades públicas andaluzas y sus Institutos Universitarios de Investigación de acuerdo al Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero.
2. Los Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, asícomo en el artículo 32 de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre.
3. Otros centros públicos de I+D: Organismos públicos y centros con personalidad jurídica p ropia dependientes o vinculados a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus organismos, o participadosmayoritariamente por el sector público, cualquiera que sea su forma jurídica.

Estar acreditadas e inscritas en el Registro Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 254/2009, de 26 de mayo.

- Cumplimentar el Apartado 7 del Formulario Anexo I. Solicitud.

- La entidad beneficiaria provisional deberá presentar, junto al formulario Anexo II, atendiendo a la naturaleza del proyecto de investigación subvencionado, las autorizaciones e informes exigidos por la normativa de aplicación, o en su caso, la documentación acreditativa de haberlos presentado a los organismos competentes para su evaluación, entre los que podrán contemplarse a título no exhaustivo, los siguientes:
a) Informe de la Comisión de Investigación u órgano equivalente de la entidad o centro al que pertenezca la persona investigadora principal, que deberá declarar la viabilidad de los proyectos en todos sus términos. En el caso de centros en régimen de concierto entre universidades e instituciones sanitarias, será la regulada por Orden de 31 de julio de 1987, por la que se establecen los requisitos a los que se refiere la base tercera punto Uno, del artículo 4 del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio.
b) Conjunto de informes y autorizaciones del Comité Ético de Investigación Clínica y otros órganos colegiados responsables de velar por el cumplimiento de los convenios y normas existentes en materia de investigación, que se consideren necesario.
c) Autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad cuando se trate de ensayos clínicos.
d) Informe favorable de la Comisión correspondiente, para aquellos proyectos que versen sobre las materias relacionadas en el artículo 35 de la Ley 14/2007, de 3 de julio.
e) En cumplimiento del artículo 2.e) de la Ley 14/2007, de 3 de julio, en caso de proyectos de investigación sobre seres humanos o su material biológico, será necesaria la aportación del informe favorable del Comité de Ética de la Investigación correspondiente.