Contrato de base para la estancia de embarcaciones deportivas y de recreo en los puertos de gestión directa de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía

Hay tres tipos de contrato de base para la estancia de embarcaciones deportivas y de recreo en los puertos de gestión directa de la Agencia, en función de la duración inicialmente prevista, regulados en el artículo 56.II.3 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía:

a) Contratos de base ordinarios: Siendo de duración anual, el primer periodo concluirá, en todo caso, a 31 de diciembre del año de su celebración, sometiéndose en la posibilidad de prórroga al sistema de tácita reconducción, y en consecuencia, si un mes antes del vencimiento del plazo, esto es, a 1 de diciembre, la persona usuaria o la Agencia no hubieran notificado por escrito su voluntad de dar el contrato por finalizado, se prorrogará por plazo de una anualidad desde el 1 de enero siguiente.
La referida prórroga tácita no será efectiva en los supuestos en que la persona usuaria no estuviera al corriente de sus obligaciones en los pagos de tasas portuarias o no hubiera acreditado ante la Agencia, cuando le sea requerido, la ausencia de modificación de las circunstancias relativas a la titularidad de la embarcación afecta al contrato y vigencia de las pólizas de seguro.
Se podrá optar por efectuar el pago anual anticipado de la tasa T5 o mediante pagos fraccionados en trimestres anticipados. En el caso de rescisión anticipada del contrato de base ordinario, el importe de la tasa T5 se reducirá en función del período de permanencia desde el momento en que la Agencia haya recibido la notificación de la citada rescisión.

b) Contratos de base de larga duración: Sin que por ello quede alterado el régimen de uso preferente y no exclusivo de la cesión de atraques, establecido en el artículo 16.4 de esta Ley, la Agencia podrá formalizar contratos de atraque de duración superior al año, y hasta un máximo de treinta, sujetos a la concurrencia de los siguientes requisitos y circunstancias:

1º. Que se realicen para atender necesidades de financiación de la Agencia, relacionadas con la ejecución de obras públicas portuarias.
2º. Observancia de los requisitos de objetividad, publicidad y concurrencia en la determinación de las bases de adjudicación.
3º. Determinación de las condiciones de transmisión por parte de la persona adjudicataria, para lo que la Agencia, en la redacción de las bases, optará entre fijar un precio máximo de transmisión a terceras personas, establecido en función del tiempo transcurrido, y mediante aplicación de la fórmula de capitalización de la tasa establecida en el
apartado IV.3 de este artículo, con derecho de tanteo para la propia Agencia, o garantizar al adquirente un derecho de recompra por la Agencia, una vez transcurridos tres
años desde la transmisión y por un precio calculado de la misma forma que el antedicho para transmisiones a terceras personas.

4º. Concreción de las obligaciones formales de la persona cesionaria, relacionadas con la identificación de la embarcación afecta al atraque cedido, y las comunicaciones de salidas de puerto, al objeto de atender la demanda de tránsitos. Los contratos de base de larga duración seabonarán en la forma que se determine en las bases de la convocatoria, preferentemente de forma anticipada al inicio de la prestación, excepto en el porcentaje del 20 % del pago anual, que se liquidará al inicio de cada ejercicio.

c) Contratos de base especial: Aquellos que se suscriban por plazo de dos años, prorrogables bienalmente, para la prestación a una embarcación deportiva de servicios portuarios adicionales al servicio de atraque o que permitan la estancia de una embarcación deportiva en más de un puerto o ambos supuestos. Su régimen de pago es el previsto para el contrato de base ordinario.

Los contratos base evengan también la tasa portuaria T8 (Tasa de suministros, de agua y electricidad) y el recargo para la financiación de medidas de desarrollo sotenible, reguladas en los artículos 59 y 62 la ley 21/2007.