El Consejo de Gobierno conoce el informe de seguimiento de la ley contra la violencia de género

El estudio analiza cumplimiento, desarrollo y aplicación de la norma en el periodo comprendido entre 2019 y 2021.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento hoy del Informe de seguimiento del cumplimiento, desarrollo y aplicación de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género que ha presentado la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). El estudio publicado da cuenta de las diferentes actuaciones y acciones impulsadas por todas las Consejerías de la Junta de Andalucía en torno a los 60 artículos que conforman la ley en el periodo 2019 a 2021 para la prevención y erradicación de las violencias machistas en Andalucía.

El objetivo del documento es poner en conocimiento del Consejo de Gobierno el conjunto de acciones realizadas por los diferentes centros directivos y agencias administrativas en el desarrollo de la ley con el propósito de seguir dando pasos hacia una Andalucía libre de violencias machistas mediante una actuación planificada y evaluada que permita corregir deficiencias y reforzar las acciones con mayor impacto. El informe se ha elaborado en los términos recogidos en la normativa, para lo cual se ha llevado a cabo un seguimiento del cumplimiento de su articulado, en el que se exponen ejemplos concretos de las iniciativas impulsadas. La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, se estructura en 60 artículos, con un Título Preliminar y cuatro Títulos, además de tres Disposiciones adicionales, una Disposición Transitoria y dos Disposiciones finales.

De esta forma, el seguimiento de cada artículo se ha realizado teniendo como referencia estudios, análisis y documentos de referencia, además de la información extraída en las reuniones de la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres, de las Unidades de Igualdad de Género de cada Consejería de la Junta de Andalucía, del seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género, y del informe anual en materia de violencia de género de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  Asimismo, en el texto se apunta que el Gobierno andaluz sigue una estrategia de transversalidad de género, que implica a todas las Consejerías y todas las políticas sectoriales; no obstante, existen Consejerías y centros directivos, así como el Instituto Andaluz de la Mujer, que, por razón de competencia, realizan una labor más amplia y dilatada en la materia. En el caso de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y del IAM hay acciones en cada capítulo, puesto que su acción es transversal, de impulso y coordinación y que también realizan y lideran muchas de las acciones y políticas concretas.

Un programa presupuestario específico
El informe avanza que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, está trabajando en un novedoso programa para recoger, dentro de los objetivos de los presupuestos con perspectiva de género, todas aquellas actuaciones e indicadores vinculados a las medidas de prevención y protección contra la violencia de género, que se significarán con la nomenclatura específica VG+. No hay que olvidar que las acciones y proyectos realizados cuentan con financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género y con fondos de autofinanciada.

Con respecto a la recopilación de medidas, el estudio concluye que el Gobierno andaluz ha desarrollado y trabajado en cada uno de los 60 artículos que conforman la ley a través de diferentes disposiciones normativas, formaciones, estrategias, proyectos y planes, acciones puntuales. En este periodo se han consolidado áreas de trabajo esenciales para mantener a Andalucía en la vanguardia de las políticas públicas en materia de violencia de género, con especial énfasis en la formación de profesionales, la especialización de servicios de atención e información, apertura del foco y concepto de la violencia de género más allá de la producida en el ámbito de la pareja o expareja, como la trata o la violencia sexual; la protocolización de la atención y el trabajo en red, entre otras.

Así, uno de los pilares de la planificación estratégica en materia de violencia de género en este periodo ha sido la formación especializada en las principales áreas de trabajo que pueden facilitar la entrada de mujeres y menores víctimas al sistema asistencial público, como son el ámbito sanitario, sistema educativo, administración de justicia, políticas sociales, entidades locales, etc… Una formación que ha incluido un enfoque interseccional y que ha abordado las múltiples violencias que sufren las mujeres.

Especialización y coordinación
Acerca de la especialización de la atención, tanto de profesionales como de los recursos, el informe subraya la labor en la protocolización de la actuación y de la coordinación entre las diferentes instituciones y servicios. Estos protocolos, que suman una docena, siguen un enfoque interseccional para mejorar la atención de las mujeres más vulnerables, como las mujeres con discapacidad, mayores, del ámbito rural o gitanas. Estas iniciativas permiten perfeccionar la respuesta pública, dando una mejor atención a las víctimas, evitando la victimización secundaria y optimizando los recursos públicos al dar una respuesta concreta a las necesidades de las víctimas.

El documento también hace referencia a los retos pendientes del Gobierno andaluz, como la necesidad de seguir avanzando y desarrollando las medidas iniciadas en los últimos años, como la Ventanilla Única o la ampliación de los protocolos, con el fin de consolidar estas medidas en la respuesta institucional en todos sus niveles. En esta línea, apunta a seguir ejecutando actuaciones activas como la Estrategia Andaluza para la lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual 2021-2024 o los programas de reinserción laboral MERAKI y ACÉRCATE, entre otros proyectos.

El informe concluye con el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía en la lucha contra las violencias machistas como grave vulneración de los Derechos Humanos. La eliminación de la violencia contra las mujeres es un reto de toda la sociedad, una tarea conjunta que requiere una actuación unitaria y la máxima coordinación, colaboración y cooperación, siempre desde el respeto al régimen de distribución competencial, en todas las acciones que se desarrollen, puesto que el trabajo que se realiza para conseguir su erradicación implica a multitud de agentes.

 

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