La construcción, de una planta y unos 35 metros cuadrados, fue denunciada por los agentes de Medio Ambiente que vigilan la zona, lo que originó la apertura de un expediente sancionador en el año 2000, que impuso al propietario la obligación de demoler lo ilícitamente construido. Los mismos agentes constataron poco después que los propietarios no habían llevado a cabo la demolición y que habían reanudado las obras para la construcción de la vivienda, razón por la que los hechos se pusieron en conocimiento de la Fiscalía. Finalmente, el Juzgado de lo Penal número uno de Algeciras ordenó la demolición que ha ejecutado de forma subsidiaria la Consejería de Medio Ambiente.