Hasta ahora, se han producido en Andalucía un total de siete sentencias condenatorias por este acto tipificado como delito según el Código Civil. Previamente, la Consejería de Medio Ambiente ya ha tomado parte en casos concretos por el uso ilícito de venenos, fomentando con ello la imposición de algunas de las mayores penalizaciones económicas y de cese del aprovechamiento en varios cotos de caza en los que se habían detectado venenos. No obstante, la novedosa decisión de participar como acusación particular en la totalidad de nuevos casos supone un paso más en la lucha contra este fenómeno, la cual se articula en Andalucía a través de las 61 medidas comprendidas en la Estrategia para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados.
Desde comienzos de 2010 hasta mediados de septiembre, la Consejería de Medio Ambiente ha detectado en la comunidad autónoma 94 casos de uso de veneno, una cifra que llegó a los 157 casos a lo largo de 2009. La principal herramienta empleada para detectar estos casos son las inspecciones, que en lo que va de año han ascendido a 303, mientras que el año pasado se produjeron 409. Así, desde que se puso en marcha el programa de lucha contra el veneno en 2004, ya se han producido 1.613 inspecciones.
El desarrollo de nuevas técnicas, que permiten detectar cada vez más casos; el incremento de la coordinación administrativa, judicial y policial; y la mayor implicación social son tres elementos que repercuten en una elevada presión sobre el envenenador, que está generando la consabida reducción en el uso de estas sustancias.
Gracias al apoyo financiero del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), se han desarrollado medidas como las patrullas específicas de agentes de Medio Ambiente, que actúan como brigadas de investigación de envenenamientos de fauna y que están activas en cinco provincias andaluzas. Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente cuenta con dos unidades caninas especializados en la detección de venenos, un instrumento pionero que se ha convertido en la más eficaz herramienta de detección y de disuasión.
Otras medidas desarrolladas en Andalucía son la organización de sesiones de trabajo con cazadores y ganaderos (548 en 2009), las cuales permiten divulgar, concienciar e involucrar a estos colectivos en la lucha contra esta práctica. También se ha reforzado la cooperación con el Seprona y, recientemente, se ha editado un libro en el que se recopila la normativa relacionada con la conservación de la biodiversidad, y, de manera específica, la que permite luchar contra el uso de venenos.