Sevilla (enero de 2011). A la Junta de Andalucía le han sido transferidas las competencias para la gestión del litoral desde el Estado. Con el traspaso de esta competencia, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, asegura que se pone fin al contencioso que mantenían ambos gobiernos con relación al deslinde del Parque Nacional de Doñana. Moreno ha apuntado que la intención del Ejecutivo andaluz es la de otorgar el máximo nivel de protección a este entorno natural.

El traspaso desarrolla lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que otorga a la comunidad competencias exclusivas en la gestión del litoral. Antes de la fecha de inicio efectivo de la gestión por parte del Gobierno de la región, el 1 de abril, se va a convocar la comisión de seguimiento. A partir de esa fecha, el Ejecutivo autonómico será el encargado de otorgar, de conformidad con la Ley de Costas, las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre (como playas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros espacios costeros).

La Junta de Andalucía regulará los usos de temporada en las playas (por ejemplo, las relativas a zonas de baño y ocio) y en el mar territorial (zonas de fondeo o pantalanes flotantes, entre otros). Se encargará de tramitar las autorizaciones para otros usos que impliquen la ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, como la realización de vertidos, las explotaciones de acuicultura, las actividades que requieran instalaciones desmontables durante un periodo superior a un año, las explotaciones de recursos mineros o energéticos, la ejecución de obras fijas en el mar, y las instalaciones menores como embarcaderos, pantalanes o varaderos. El Gobierno andaluz también asume, en relación con estas autorizaciones, la vigilancia, tramitación e imposición de las sanciones que correspondan, así como la recaudación de las multas.

Se prevé, así mismo, la participación de la comunidad autónoma en la planificación y programación de las obras de interés general, así como en la gestión de las adscripciones al dominio público marítimo-terrestre que se destinen a la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad autonómica, o a la ampliación o modificación de los existentes.

El traspaso de las funciones y servicios en materia de ordenación y gestión del litoral representa un coste efectivo de 2.112.922,45 euros y supone el traspaso de 62 puestos de trabajo, de los que dieciocho son funcionarios y 44, personal laboral.