En su intervención, Olga Baniandrés subrayó que las reservas de la biosfera transfronterizas que han sido constituidas por la voluntad política de cooperar en la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y culturales, mediante una gestión común de un ecosistema compartido entre dos o más países, son una buena herramienta para asegurar un futuro de buena vecindad y de desarrollo sostenible para los pueblos con un entorno similar y problemas comunes.
Un paso fundamental para la constitución de una reserva transcontinental es la firma de un acuerdo formal al más alto nivel político, entre las autoridades gubernamentales y regionales de los países responsables de las distintas competencias que intervienen en ella. Dicha reserva debe contar con una estructura conjunta de coordinación y participación del espacio transfronterizo, definida en un Plan de Acción que recoja los diferentes niveles competenciales y de responsabilidad implicados en el funcionamiento de la reserva.
Asimismo, el Plan de Acción debe identificar a los responsables concretos de la gestión de la reserva, donde estarán representados desde los técnicos de gestión de las áreas protegidas implicadas, las poblaciones locales y los agentes sociales de estos territorios, hasta los niveles institucionales y políticos más elevados, representados en una Comisión de Seguimiento.
En este contexto, España viene desarrollando una intensa labor para la puesta en práctica de los fines y objetivos del Programa MaB, fundamentalmente a través de la figura de Reserva de la Biosfera, y está poniendo todo su empeño en el cumplimiento del Plan de Acción de Madrid (PAM), tanto a escala nacional como internacional. Entre los objetivos de este Plan de Acción, destaca el desarrollo de nuevas reservas de la biosfera transcontinentales y fortalecer las ya existentes, así como otras formas de colaboración.