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El Gobierno andaluz declara nueve monumentos naturales en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla
Sevilla (enero de 2012). El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado la declaración de nueve monumentos naturales en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Con ellos, son ya 49 los enclaves y elementos singulares de la naturaleza que cuentan con este régimen especial de protección, cuya extensión supera las 1.368 hectáreas en Andalucía.

De los nuevos monumentos, cinco se localizan en la provincia de Málaga: los Tajos del Alcázar, en Alcaucín; la Cueva del Gato, en Benaoján; el Mirador del Guarda Forestal, en El Burgo; el Nacimiento del río Genal, en Igualeja; y la Fuente de los Cien Caños-Nacimiento del río Guadalhorce, en Villanueva del Trabuco.

Los cuatro restantes son la Peña de Arcos de la Frontera (Arcos de la Frontera), el Meandro del Guadalquivir, en Montoro; los Tajos de Alhama de Granada (Alhama de Granada); y la Ribera del Guadaíra en Alcalá de Guadaíra.

La inclusión de estos enclaves en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) se ha realizado teniendo en cuenta tanto los dictámenes de la Consejería de Medio Ambiente como los estudios elaborados por las universidades andaluzas y las consultas a corporaciones locales, asociaciones y sectores sociales interesados.

El Monumento Natural es una figura de protección prevista en la legislación andaluza de espacios protegidos para elementos ecológicos o paisajísticos que presentan valores singulares como cuevas, peñas, dunas, árboles centenarios, islotes, bosquetes o formaciones geológicas, entre otros. Su declaración exige, además, buenas condiciones de conservación, homogeneidad, prioridad de uso público, reconocimiento ciudadano y corresponsabilidad de los agentes interesados en su protección.

Con los nueve monumentos aprobados son ya 244 los territorios incluidos en la RENPA, actualmente la mayor de Europa, con una extensión de 2,8 millones de hectáreas. De ellas, 2,7 son terrestres y representan el 30,5% de la superficie de la comunidad autónoma, mientras que el resto corresponde a zonas marítimas. La red en su conjunto representa alrededor del 30% del territorio protegido en España.