Sevilla (abril de 2006). Junta y Gobierno central han cerrado un acuerdo para el traspaso este año de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada, lo que permitirá a Andalucía encabezar el proceso de transferencias de estos espacios en España. Este acuerdo se materializará en la próxima reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, en la que se decidirá la fecha definitiva del traspaso.
Se trata de un hito histórico, fruto del trabajo conjunto de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente a raíz de las resoluciones judiciales que respaldaban la reivindicación andaluza sobre la gestión de estos espacios protegidos, entre ellas, la sentencia del Tribunal Constitucional de hace diez años en la que negaba la competencia exclusiva de la Administración General del Estado en estos enclaves.
El acuerdo entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ministerio ha sido posible gracias al consenso logrado finalmente sobre la titularidad de las fincas estatales en estos espacios protegidos, uno de los elementos más complejos del proceso de negociación. Estos terrenos, con una extensión que supera las 30.000 hectáreas, pasarán finalmente a ser patrimonio de la Junta de Andalucía con el objetivo de mejorar su gestión y propiciar un ejercicio más eficaz de sus competencias en estos espacios. El Estado se ha reservado solamente un zona en Marismillas, en Doñana, y otra en las altas cumbres de Sierra Nevada, donde se encuentra el Observatorio Astronómico, de propiedad estatal.
Nuevas responsabilidadesA partir de este traspaso, la Administración andaluza gestionará, además, dieciséis millones de euros en medios materiales y asumirá el capítulo de inversiones en estos enclaves naturales, que supera los ocho millones de euros anuales. De ellos, cinco millones van destinados a Doñana y 3,2 a Sierra Nevada, cantidades que son la media inversora de los últimos años. No obstante, las administraciones central y autonómica han alcanzado un acuerdo en el seno de la Red de Parques Nacionales por el que el Gobierno central se reserva la posibilidad de invertir cantidades adicionales a éstas de los Presupuestos Generales del Estado.
Estas nuevas competencias suponen también la transferencia de 189 puestos de trabajo -137 en Doñana y 52 en Sierra Nevada- entre funcionarios y laborales, que pasarán a pertenecer a la Junta de Andalucía.