Sevilla (noviembre de 2007). La Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado acordó en Cazorla los términos del traspaso de las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por Andalucía. Este convenio permitirá que la comunidad autónoma culmine las transferencias de la gestión ambiental de la práctica totalidad de su territorio, tras el traspaso de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada y las cuencas hidrográficas intracomunitarias en 2005 y 2006.
En una reunión presidida por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, ambas administraciones han alcanzado un acuerdo sobre las funciones que cada una de ellas ejercerá en la cuenca del Guadalquivir.
El citado acuerdo permitirá, tal y como se recoge en el Estatuto de Andalucía, que la comunidad autónoma gestione las aguas que transcurren por su territorio y no afectan a otras comunidades autónomas. Un total de 51.900 kilómetros cuadrados -casi el sesenta por ciento de la superficie de Andalucía- en los que residen más de cuatro millones de andaluces en 398 municipios.
Se cierra así el proceso de traspaso de las cuencas intracomunitarias, iniciado en 2005 con la Cuenca Hidrográfica del Sur (actual Cuenca Mediterránea Andaluza), y que continuó en 2006 con el traspaso de las cuencas andaluzas vertientes al litoral atlántico (actual Cuenca Atlántica Andaluza).
Puede resaltarse, asimismo, que el acuerdo respeta las proporcionalidades en cuanto a distribución territorial, peso poblacional y usos del agua de Andalucía en la cuenca del Guadalquivir. Hay que recordar que el noventa por ciento de la superficie de la cuenca, el 97,4 por ciento de la población y el 99,2 por ciento de los usos del agua están en Andalucía.
Desde el punto de vista técnico, el acuerdo se sustenta en ocho grandes puntos, de los que destacan la definición del ámbito de gestión de la Junta de Andalucía y el establecimiento del principio básico de cooperación entre la comunidad autónoma y el Estado para el intercambio de información hidrológica y para el cumplimiento de los objetivos ambientales y de gestión de los recursos hídricos fijados por la Directiva Marco de Aguas.
En lo que respecta a la planificación hidrológica y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Administración del Estado establecerá el Plan Hidrológico del Guadalquivir, mientras que la Junta de Andalucía elaborará las propuestas de actuaciones y los programas de dicha planificación.
En este plan se le asignará al Gobierno autonómico el volumen de las aguas disponibles correspondientes a la cuenca del Guadalquivir que transcurre por la comunidad, siendo de su responsabilidad el otorgar las concesiones de recursos hídricos dentro del territorio.
Otra de las claves del acuerdo es la gestión de los embalses. En estos momentos, en la cuenca del Guadalquivir se localizan 57 grandes embalses de regulación. Dos de ellos -Fresneda y Montoro- se encuentran en otras comunidades autónomas y otros dos -Jándula y Pintado- tienen afecciones a otras comunidades, por lo que seguirán siendo gestionados por la Administración central del Estado; si bien, en el caso de los dos últimos, se coordinará con la Junta de Andalucía en su gestión.
En los 53 restantes, que suponen más del noventa por ciento de la capacidad total de embalse de la cuenca, el Gobierno autonómico explotará, conservará y establecerá el régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos y de las obras hidráulicas asociadas.
Respecto a los órganos de gestión y participación, cada Administración creará los que estime conveniente, de acuerdo con la normativa correspondiente, aunque tanto la Junta de Andalucía como el Estado se obligan a tener representación en los órganos creados por la otra Administración.
Asimismo, el Gobierno autonómico formará parte del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Aguas de la Cuenca del Guadalquivir (Aquavir), mientras que el Estado presidirá el Comité de Autoridades Competentes que establece la Directiva Marco de Aguas.
En cuanto a las obras hidráulicas, la Junta de Andalucía programará, financiará, construirá y gestionará las obras que sean de su interés en el territorio, mientras que el Estado ejecutará aquellas que sean declaradas de interés general o que afecten a otra comunidad autónoma. No obstante, ambas partes podrán colaborar mediante la firma de los oportunos convenios en el desarrollo de estas actuaciones, como de hecho ya está ocurriendo en la Cuenca Atlántica Andaluza y la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Por último, y en el ámbito de la protección del dominio público hidráulico, la Junta de Andalucía otorgará las correspondientes autorizaciones de vertido, ejercerá las funciones de policía de aguas y cauces, realizará el deslinde del dominio público hidráulico y aplicará el correspondiente régimen sancionador en su territorio.