Entre otras novedades, la norma garantizará a partir de ahora que el número de colmenas que se adjudiquen a un apicultor no sea superior al de las que ya tenga registradas oficialmente ante la Administración autonómica.
Asimismo, la oferta pública de asentamientos se adecuará a la capacidad establecida en el mapa de aptitud apícola de la superficie forestal de la comunidad autónoma de Andalucía, recientemente concluido por la Consejería Medio Ambiente. Este mapa calcula en 3.058 el número total de asentamientos que podrían ubicarse en los montes gestionados por el Gobierno regional, frente a los 1.069 actuales.
La evaluación de las posibilidades apícolas se ha realizado teniendo en cuenta tanto los factores socioeconómicos que afectan a esta actividad como los factores físicos, climáticos y ecológicos. Entre estos últimos destaca la positiva incidencia de la apicultura en la fructificación de muchas especies vegetales y, por tanto, en la renovación de la cubierta vegetal.
El sistema para la adjudicación de estos aprovechamientos, que tienen carácter gratuito desde 1997, se realiza a través de oferta pública. El cupo máximo de colmenas por asentamiento es de cien y el mínimo de cincuenta, con una ocupación de carácter personal e intransferible y por un plazo máximo de cinco años.
La competencia para regular el sector apícola en Andalucía la ostenta la Consejería de Agricultura y Pesca, si bien la de Medio Ambiente es el departamento encargado de adjudicar los aprovechamientos en los montes públicos y de regular sus condiciones técnicas.