En definitiva, la consejera expresó su interés para que en esta nueva legislatura se consolide el carácter horizontal de la política ambiental en la comunidad autónoma.
En materia de espacios naturales, la consejera señaló la apuesta clara de su departamento por impulsar medidas de promoción y dinamización socioeconómica basadas en la puesta en valor del patrimonio natural. Para ello, desde la administración se va a apoyar al propietario forestal privado, dentro y fuera de los espacios naturales, para lo que está previsto la publicación de siete programas que irán desde ayudas a la gestión de la biodiversidad, la prevención de incendios forestales y los planes técnicos de caza y de gestión de zonas ZEPA, hasta el fomento de empresas en el medio forestal.
Castillo expresó la propuesta para esta legislatura de un conjunto de medidas que favorezcan los incentivos a la inversión en el patrimonio natural andaluz y, con ello, las economías locales que fijan la población a este medio rural. Estas medidas son: la aprobación de la Ley de la Dehesa; la firma de acuerdos con titulares de fincas forestales para la gestión sostenible de los montes, biodiversidad y prevención de incendios; subvenciones para los empresarios locales de parques naturales; adecuación del Plan Forestal Andaluz para el periodo 2008-2015; y la dotación a los espacios naturales marinos de planes de autoprotección y frente a emergencias.
En cuanto a la protección del litoral, la consejera destacó que Andalucía es la única comunidad autónoma que protege uno de cada tres kilómetros de litoral. En esta legislatura se aprobará la Estrategia Integrada del Litoral. Para todo ello se ha creado la Secretaría General de Patrimonio Natural y Desarrollo Sostenible.
Agua, cambio climático y medio ambiente urbano
En materia de aguas, Castillo ha resumido (tras haber realizado la semana anterior la comparecencia sobre los ejes centrales de la política de aguas) la futura gestión hidráulica en cinco líneas de actuación: la aprobación de un marco legal para la gestión del ciclo integral urbano del agua; el desarrollo de unos planes de infraestructuras para garantizar el abastecimiento; la mejora de la calidad de las aguas con la depuración de todas las aguas residuales urbanas andaluzas; la aprobación de un programa para la mejorar la eficiencia de los regadíos, reduciendo el consumo de agua en un veinte por ciento; y, por último, mantener el buen funcionamiento de los ríos andaluces y de sus ecosistemas. También hizo hincapié en que la gestión de la Cuenca Andaluza del Guadalquivir se integrará plenamente a la Junta de Andalucía con el objetivo de que todos los andaluces sean los principales beneficiarios de esta gestión andaluza
Otra de las prioridades señaladas por Cinta Castillo para esta legislatura es la apuesta definitiva por combatir y minimizar los efectos del cambio climático. En estos cuatro años, Andalucía va a guiarse, dentro de las propuestas sobre cambio climático adoptadas por la Comisión Europea, por el denominado 'objetivo 20/20/20 para el 2020', es decir: veinte por ciento de incremento de la eficiencia energética; veinte por ciento de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en comparación con los niveles de 1990) y alcanzar el veinte por ciento de cuota de energías renovables.
En este sentido, en esta legislatura se aprobará el Programa de Adaptación del Plan Andaluz de Acción por el Clima, que adoptará medidas en las áreas más sensibles como el litoral, zonas costeras, recursos hídricos, salud, agricultura y turismo. Para llevar a cabo esta labor, la nueva estructura de la Consejería de Medio Ambiente cuenta con una novedosa Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, que está coordinada con la ya existente de Prevención y Calidad Ambiental por la Secretaría General de Cambio Climático y Calidad Ambiental.
Por otra parte, la consejera de Medio Ambiente ha resaltado también el compromiso con el medio ambiente urbano. En este sentido, el Programa Ciudad 21 se construye y gestiona gracias al consenso permanente con los ayuntamientos y la Federación Andaluza de Municipios (FAMP). En la actualidad, son ya 231 los municipios adheridos al programa, en los que viven seis millones de andaluces (el 75 por ciento de la población andaluza).
En este marco de consenso se pretende aprobar una Estrategia Andaluza de Medio Ambiente Urbano, que establezca las directrices para mejorar la calidad ambiental y el uso razonable y sostenible de los recursos. Una de las prioridades será la movilidad sostenible, para ello la Consejería de Medio Ambiente apoyará la construcción de 1.000 kilómetros de carriles bici en los municipios de la Red Ciudad 21, lo que supone duplicar los actuales. Por cada kilómetro que construya un ayuntamiento, la Junta de Andalucía contribuirá con otro más.
Asimismo, en el entorno de las ciudades se potenciarán los parques periurbanos y metropolitanos; se realizarán programas para mejorar la calidad del aire contemplando la reducción de emisiones de partículas; y se valorará la viabilidad ambiental de los planes y actuaciones en materia de transporte e infraestructuras.
En materia de residuos urbanos, se aprobará un nuevo Plan de Prevención y Gestión de Residuos Urbanos, que estará en vigor hasta 2016, y que mejorará tecnológica y ambientalmente las instalaciones. En lo referente a los residuos de construcción y demolición, se obligará a procesar la totalidad de estos residuos mediante el establecimiento de fianzas.
En relación con la modernización ambiental del tejido productivo, la Junta de Andalucía va a apoyar este cambio mediante líneas de ayuda y subvenciones. Entre otras, se plantean las siguientes medidas: crear un distintivo de calidad ambiental para las empresas andaluzas, apoyar la llamada ecoinnovación, la I+D+I andaluza en materia ambiental y la adaptación de las empresas, así como la creación de una oficina de información ambiental a la empresa, ya que con la entrada en vigor de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se ha aumentado el número de controles y requisitos necesarios.