Sevilla (marzo de 2009). El vicepresidente primero, Gaspar Zarrías, y la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, anunciaron durante la celebración del vigésimo aniversario de la Ley de espacios naturales de Andalucía que el Gobierno autonómico ha iniciado los trámites para desarrollar una nueva norma que favorezca la gestión de estas áreas protegidas y asegure la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad ante los efectos del cambio climático. La nueva norma dará respuesta a las demandas y necesidades futuras en estos territorios y surgirá de un proceso de participación, de forma que se le otorgue el mayor respaldo y legitimidad posibles.
La comunidad andaluza fue pionera hace veinte años al promulgar una ley que aprobaba el inventario de espacios naturales protegidos de la comunidad, consolidando la protección de los ecosistemas mejor conservados de la región y creando una verdadera red.
La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), la más amplia de la Unión Europea, se extiende sobre 1.746.673,4 hectáreas y engloba 153 espacios naturales protegidos de ámbito nacional y autonómico. Desde 2006 la práctica totalidad de estos territorios ha pasado a formar parte de la Red Natura 2000, a la que se han sumado además otros 51 espacios más, conforme a la Directiva Comunitaria Hábitats, superando los 2,6 millones de hectáreas protegidas, casi el 29 por ciento de la superficie de Andalucía.
Además, esta comunidad autónoma es la que cuenta con el mayor número de Reservas de la Biosfera (9), entre las que destaca la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, la primera constituida entre dos continentes. Andalucía es la región, además, con más Zonas de Especial Protección de Importancia para el Mediterráneo (4) y más humedales Ramsar (20). Asimismo, es, junto a Aragón, la única que cuenta con geoparques, los parques naturales de Cabo de Gata-Níjar y Sierras Subbéticas. Andalucía se convirtió también en 2006 en la primera de España en asumir las funciones, medios, servicios y personal de sus parques nacionales, Doñana y Sierra Nevada.
Por último, el Gobierno autonómico promueve un proceso de simplificación administrativa y de reducción de trámites burocráticos para agilizar los procedimientos administrativos en los espacios naturales protegidos. Esta iniciativa conlleva la implantación de un sistema de tramitación rápido, racional y eficaz. Esta medida pretende favorecer tanto las condiciones de habitabilidad de la población autóctona como la generación de riqueza y de empleo en estas zonas mediante la constitución y la implantación de nuevas empresas.
El Parlamento europeo pide reforzar la protección de los espacios naturales frente al cambio climático
Por otro lado, el Parlamento Europeo ha adoptado un informe en el que se pide reforzar la protección de los espacios naturales frente a fenómenos como el cambio climático, el turismo o el auge de especies exóticas invasoras. Los diputados han solicitado elaborar una estrategia innovadora para estos espacios que refuerce su protección y detecte
nuevas amenazas. Además, el texto apuesta por la consolidación de la Red Natura 2000, un organismo que agrupa a los espacios naturales europeos con mayor biodiversidad.
El informe solicita en primera instancia a la Comisión Europea que defina el concepto de espacio natural a partir de aspectos como servicios ecosistémicos, el valor de conservación, el cambio climático o el uso sostenible.
Según la Eurocámara, la creación de una nueva estrategia para los espacios naturales europeos debe ser también coherente con las directivas de aves y hábitat naturales, identificar las especies y los biotopos amenazados y establecer una serie de prioridades.
El documento también sugiere la elaboración de un estudio sobre el valor y los beneficios originados por la protección de los espacios naturales que aborde las posibles consecuencias económicas y sociales de la pérdida de biodiversidad.
El Parlamento Europeo también reclama a los Estados miembros que emprendan y apoyen campañas de información para fomentar la sensibilización de la opinión pública respecto de los espacios naturales y su importancia, y que promuevan la idea de que la protección de la biodiversidad puede ser compatible con el crecimiento económico y la creación de empleo.
En cuanto a la Red Natura 2000, el informe solicita a la Comisión que esta se convierta en un sistema coherente y eficaz en la que los espacios naturales ocupen un lugar primordial de acuerdo a nuevos retos como el cambio climático, la tala ilegal de árboles y la demanda creciente de mercancías. También se exige la elaboración de políticas coherentes en los sectores de agricultura, transporte, energía y presupuesto, para no poner en peligro los objetivos de conservación de esta red.