

El punto de partida se encuentra en la determinación de la problemática social que afecta a los trabajadores, sean por cuenta ajena o por cuenta propia, que integran el Régimen Especial Agrario, ante las transformaciones que se han producido en el medio agrario en el que estos trabajadores desarrollan su actividad. Identificar esta problemática equivale a plantearse la siguiente cuestión: ¿existen razones que justifiquen la permanencia para estos trabajadores de un Régimen Especial Agrario como parte integrante de la estructura actual de nuestro sistema de Seguridad Social? No cabe duda de que, desde el establecimiento del Régimen Especial Agrario por la Ley 38/1966, de 31 de mayo, reguladora del mismo, hasta nuestros días, se han producido alteraciones económicas y sociales en el campo español y, muy especialmente, en las características y peculiaridades del trabajo agrario.