El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 20,03 millones de euros para el proyecto de desarrollo e implantación del nuevo sistema de gestión procesal Adriano, con el que trabajan los órganos judiciales de la comunidad autónoma.
La iniciativa, que se llevará a cabo durante los próximos cuatro años, permitirá modificar y actualizar el ‘software’ que desde finales de los años 90 da soporte a más de 10.000 usuarios. El sistema también se adaptará a los últimos cambios normativos, principalmente la reforma en 2015 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y las nuevas regulaciones del sistema estatal de notificaciones telemáticas LexNet y del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
La nueva versión de Adriano resolverá la dispersión que actualmente se produce en los servidores de cada una de las 164 sedes judiciales de Andalucía, al suponer la implantación de un modelo centralizado de las funciones informáticas. Esta integración y homogeneización de datos en una única plataforma impulsará la gestión del denominado Expediente Judicial Electrónico, que permite la accesibilidad de la información en formato digital para todos los usuarios.
Junto con estas adaptaciones, el sistema incorporará los últimos avances tecnológicos en seguridad, gestión de contenidos, firma digital, alarmas y controles, análisis y estadísticas para facilitar la tramitación de los procedimientos. Igualmente, mejorará la conexión con las aplicaciones que en todo el país permiten el intercambio de documentación electrónica entre órganos, profesionales y ciudadanía en general, además de facilitar una configuración flexible para funcionar con el nuevo modelo de Oficina Judicial y Fiscal.
El nuevo Adriano es uno de los principales proyectos de la ‘Agenda para una Justicia Digital en Andalucía 2020’, iniciativa puesta en marcha por la Junta para la modernización tecnológica en este ámbito y financiada con un total de 30,4 millones de euros por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Con ella se completará en los próximos cuatro años la renovación tecnológica de la Administración judicial en la comunidad, basada en la implantación de redes avanzadas de comunicaciones y aplicaciones electrónicas.
Además del proyecto aprobado, la Agenda incluye también la adecuación de los sistemas para la Nueva Oficina Judicial y Fiscal; el desarrollo del visor electrónico de documentación judicial; el impulso a la firma digital de los operadores jurídicos y a las citas previas digitales en la asistencia jurídica gratuita y los registros civiles; la mejora de los archivos judiciales, y la modernización tecnológica de la Fiscalía y de los Institutos de Medicina Legal, entre otras medidas.