Más de la mitad de las inspecciones se realizaron en centros de mayores
La Junta de Andalucía realizó durante el pasado año 2.521 inspecciones en centros de servicios sociales de la comunidad autónoma, tanto públicos como privados. Los niveles de adecuación a la normativa y a las exigencias de calidad se situaron por encima del 94% del total de las instalaciones y servicios controlados, de los que se benefician un total de 80.691 personas (49.163 mujeres y 31.528 hombres). Así se recoge en el balance presentado hoy al Consejo de Gobierno por la titular de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
El plan incluyó también 3.993 entrevistas a personas usuarias y familiares, tanto en los centros residenciales como en las unidades de estancia diurna, que arrojaron un nivel medio superior al 98% de satisfacción por el trato y la atención recibida.
Más de la mitad de los controles, 1.367, se realizaron en centros de atención a personas mayores. El informe destaca que en un 99,55% presentaron un aspecto externo adecuado en cuanto a su higiene y aseo. Además, un 97,75% expresó su satisfacción con el trato y la atención recibida.
El 99,33% de los centros contó con plan de autoprotección; el 99,31% con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas; el 97,61% con una programación anual de actividades, y el 96,34% con planes personales de apoyo, mientras que en el 98,45% se ofreció una alimentación adecuada en cantidad y calidad, así como adaptada a las necesidades. En estos centros también se realizaron 48 actuaciones adicionales en el marco de un programa específico de control y verificación del uso de medidas de contención mecánica y del registro de úlceras por presión.
La inspecciones restantes se llevaron a cabo en centros de personas con discapacidad (642 visitas), de afectadas por enfermedad mental (199), de infancia (192) y de atención a personas drogodependientes y con problemas de adicciones (35).
En cuanto al motivo de los controles, 2.279 correspondieron a la labor inspectora ordinaria, 143 tuvieron carácter extraordinario y 99 se realizaron a raíz de denuncias por omisiones y por prestaciones inadecuadas en los tratamientos asistenciales, sanitarios o farmacológicos; incumplimientos en la ratio de personal y en aspectos relacionados con la alimentación; vulneración del derecho a un trato digno, e incumplimientos de condiciones mínimas materiales y funcionales.
Como consecuencia de las inspecciones realizadas, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales adoptó medidas cautelares de cierre de dos centros, uno de personas mayores y otro de atención a drogodependencias, e inició 30 expedientes sancionadores.