El modelo andaluz de Atención Temprana incorporará centros itinerantes para aquellos menores que, por sufrir situaciones de riesgo social o presentar condiciones sociodemográficas desfavorables, encuentran dificultades para acceder a esta prestación, con especial atención al medio rural. Ésta es una de las principales novedades que incluye el decreto por el que se regula el concierto social para la prestación de la Atención Infantil Temprana, que ha aprobado el Consejo de Gobierno.
La Atención Infantil Temprana engloba un conjunto de intervenciones sociosanitarias dirigidas a la población menor de seis años que presenta trastornos en su desarrollo o que tiene el riesgo de padecerlos. Estas actuaciones también incluyen a su familia y entorno.
Con la aprobación del concierto social como fórmula de gestión, la Atención Temprana pasará a ofrecerse por entidades cuya financiación, acceso y control son públicos.
Frente a la fórmula vigente hasta ahora, consistente en una gran heterogeneidad de contratos que han llevado a los centros a atender a un número de menores superior al inicialmente previsto, lo que ha redundado en la existencia de demoras e incluso en una disminución del número de sesiones, el concierto social permitirá a partir de ahora un mejor dimensionamiento de las necesidades reales de los destinatarios. Con esto, se optimizará la gestión, se agilizarán los pagos a las entidades y se reducirán las listas de espera.
El concierto social fomentará además la prestación por entidades del Tercer Sector, especialmente de iniciativa social, que incluso tendrán prioridad para acceder a la concertación frente a otras empresas. Dado que muchas de las entidades de iniciativa social proceden de asociaciones de colectivos de afectados, su experiencia en el terreno y su gestión solidaria supondrán una mejora de la calidad de la atención prestada y la continuidad del servicio.
Continuidad de la atención
Con la nueva fórmula se fijarán como criterios para la concertación como la continuidad de la atención, la vinculación terapéutica o afectiva, la atención personalizada y de calidad o la proximidad de la población destinataria. En este sentido, se ha tenido en cuenta que las intervenciones realizadas sobre la población menor conllevan la creación de un vínculo entre sus destinatarios, familia y terapeutas que favorece la consecución de los objetivos.
De hecho, el éxito de la Atención Temprana depende en gran parte del mantenimiento de las intervenciones y su interrupción puede minimizar los resultados e incluso provocar que persistan los trastornos del desarrollo.
Una de las principales novedades del decreto es la incorporación de los centros de Atención Infantil Temprana itinerantes, que propiciarán la igualdad y equidad territorial en la prestación. Esta medida supone que, en la selección de entidades, se valorará de forma especial su capacidad para aproximar los recursos a la zona de referencia del domicilio del menor mediante la correspondiente unidad asistencial, cuando no existan otros dispositivos cercanos o el niño y su entorno se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad.
Ello permitirá superar barreras impuestas por las dificultades de acceso, condiciones sociodemográficas desfavorables, situaciones de riesgo social u otras que dificulten la prestación para la población residente en determinadas zonas, con especial atención al medio rural.
Por otro lado, el concierto social incorporará cláusulas sociales y ambientales relativas a la dignidad de las condiciones laborales, la inclusión social, la igualdad de género y de oportunidades y el respeto al medio ambiente, cuyo cumplimiento otorgará a las entidades preferencia en la adjudicación.
Los conciertos tendrán una duración plurianual para garantizar la estabilidad en la asistencia y sus consiguientes beneficios para los menores, aunque no podrán prolongarse más de ocho años incluido el periodo inicial y las sucesivas prórrogas.
En la actualidad, Andalucía cuenta con 163 centros de Atención Infantil Temprana, dispositivos que diseñan actividades integrales para los menores y en los que desarrollan su labor psicólogos, logopedas y fisioterapeutas. Tan solo en 2020, el coste de esta prestación supera en la comunidad los 42,6 millones de euros.