El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de la Ley del Derecho a la Vivienda, que regulará el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada para todos los andaluces. El texto, que se remitirá al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, fija tanto las obligaciones de las administraciones públicas en la materia como las circunstancias en que los ciudadanos pueden reclamar su cumplimiento ante los tribunales de Justicia.
El proyecto hace especial referencia al concepto de vivienda de calidad no sólo como el recinto físico sino atendiendo también al conjunto de dotaciones y equipamientos que deben estar a disposición del ciudadano. Además, establece que las edificaciones residenciales que se construyan en Andalucía deberán incorporar parámetros de sostenibilidad y eficacia.
De acuerdo con los objetivos planteados, las administraciones públicas estarán obligadas a favorecer este derecho de acceso, bien en propiedad o bien en alquiler, a todas aquellas personas que carezcan de ingresos económicos para acceder a una vivienda del mercado libre en su localidad; tengan vecindad administrativa en algún municipio de la comunidad autónoma; no sean titulares ni tengan derechos de disfrute sobre un inmueble ya existente, y estén inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
El registro, una de las principales novedades de la ley, se convertirá en el instrumento básico para determinar la demanda y conocer de manera exacta el número de solicitantes y cuántos inmuebles y de qué tipologías residenciales se necesitan en cada municipio.
Como vías efectivas para promover y garantizar el derecho constitucional y estatutario, la norma establece la elaboración de planes municipales y autonómicos de vivienda. En estos documentos, los ciudadanos deberán ver reflejadas las necesidades expuestas en el Registro Público Municipal y, en caso contrario, tendrán la posibilidad de exigir esta obligación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, mientras que la Junta de Andalucía deberá adaptar el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 a lo dispuesto en la Ley.
Los ayuntamientos tendrán un plazo máximo de dos años para la aprobación de los planes municipales, en los que se especificarán las modalidades de ayuda económica y las medidas más adecuadas para favorecer el ejercicio de este derecho, como arrendamientos con opción a compra, incentivos para la salida al mercado de viviendas desocupadas y oferta residencial en régimen de alquiler.
Una vez que el Parlamento autonómico apruebe el texto definitivo, los andaluces que reúnan los requisitos establecidos podrán demandar a las Administraciones cuando no existan o no estén adecuadamente elaborados los planes, o bien cuando el planeamiento urbanístico no recoja las disposiciones necesarias para la construcción de las viviendas requeridas.
Financiación
La futura ley tendrá completamente garantizada su financiación por cuanto la Junta de Andalucía, a través de los planes de vivienda, consignará en sus presupuestos las cantidades necesarias para ello, incluyendo la gestión de las ayudas estatales. El actual Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 ya recoge esta disponibilidad presupuestaria con unas inversiones públicas y privadas que superan los 11.000 millones de euros. De igual manera, la Estrategia de Competitividad en Andalucía prevé para el mismo periodo una inversión de 2.559,1 millones de euros por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. De esta cantidad, 2.277,4 millones se destinarán a la política de vivienda.
El proyecto de ley aprobado por el Consejo ha sido elaborado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio con un elevado nivel de consenso entre los principales agentes sociales y económicos de la comunidad. En los últimos meses ha recibido los dictámenes positivos del Consejo Económico y Social de Andalucía y del Consejo Consultivo, además del informe favorable del Consejo de Concertación Local, donde están representados los Ayuntamientos andaluces.
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