Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno de la Junta.
La obligación de todo Gobierno de rendir cuentas y hacer propuestas a la institución depositaria de la soberanía popular, con la consiguiente labor del Parlamento de ejercer el control e impulsar la acción política, tiene una especial significación en esta legislatura que ahora supera su ecuador en Andalucía.
La intensa actividad desplegada por el Ejecutivo y por la Cámara autonómica ha tenido su reflejo en que esta Legislatura esté siendo la de mayor producción normativa en la historia de nuestra autonomía. El Parlamento ya ha aprobado 11 leyes, algunas de tanta trascendencia como la de Transparencia o la de la Función Social de la Vivienda, a las que habría que sumar otros tres proyectos de ley en tramitación parlamentaria (la de investigación con preembriones humanos no viables, la del Deporte y la del Consejo Andaluz de Concertación Local) y otros seis anteproyectos de ley iniciados por el Consejo de Gobierno: Mecenazgo, Protección de los usuarios de hipotecas de vivienda, Fraude Fiscal, Memoria Democrática y, más recientemente, Participación ciudadana y Formación Profesional.
Muestra de la clara voluntad del Ejecutivo en el impulso del calendario legislativo es el hecho de que actualmente se estén ultimando los trámites para dar luz verde a otros cinco anteproyectos de ley: Creación del Instituto de Crédito de Andalucía, Fomento del Emprendimiento, Juventud Andaluza, Movilidad Sostenible y Cambio Climático.
Además, para atender con la urgencia necesaria las situaciones de extraordinaria necesidad que la crisis provoca en las familias andaluzas, se ha aprobado 25 decretos ley, que fundamentalmente han ido dirigidos a la creación de empleo, la lucha contra la exclusión social y ayudas para la reactivación económica.
La intensidad y profundidad de la crisis económica así lo ha reclamado y es por ello que, dentro de este trabajo, las instituciones del autogobierno andaluz han centrado sus esfuerzos en combatir los efectos más negativos de la recesión: el desempleo, de forma prioritaria, pero también los déficit democráticos y la desconfianza ciudadana que –especialmente en el sur de Europa– han producido no pocas decisiones impuestas al margen de los cauces de la soberanía popular.
Junto con el obligado balance y las necesarias propuestas, el Debate del Estado de la Comunidad ofrece en esta ocasión la oportunidad de profundizar en un ejercicio de calidad democrática y de exponer con claridad qué tipo de salida a la crisis se propone. La población andaluza tiene derecho a saber y así lo demanda cada vez con mayor contundencia.
Es un error interpretar en clave autocomplaciente los recientes indicios de recuperación del empleo y de la actividad económica en Andalucía. Y mientras el paro siga reclamando nuestra atención como una prioridad absoluta, será inútil especular acerca de si ya han pasado las turbulencias o cuánto tiempo queda. Este tipo de triunfalismos o de especulaciones desvían la atención de las demandas de la ciudadanía. La recuperación no será real hasta que la sientan las familias y quienes peor lo están pasando en esta crisis.
Por eso, el Gobierno andaluz está comprometido con dar una salida social y no exclusivamente economicista. Se está redefiniendo el modelo productivo para que genere más y mejor empleo y preservando el Estado del bienestar que tanto ha costado construir y que garantiza la igualdad de oportunidades y servicios públicos de calidad.
El Gobierno surgido de la mayoría de progreso que dieron las elecciones de marzo de 2012 ha respondido a estas cuestiones con los hechos, sustentados a su vez en un programa netamente diferenciado de aquellos otros que han agravado las dificultades económicas y las desigualdades en España y en buena parte de Europa. En Andalucía se demuestra que es posible gobernar de otra forma, o que no hay una única respuesta o una única salida a esta crisis. El debate no puede rehuir este hecho diferencial, de igual modo que el Gobierno no renuncia a dialogar y sumar el mayor consenso posible en torno a los asuntos prioritarios de la lucha contra el desempleo, la defensa del Estado del Bienestar, la transparencia, la ampliación de la participación y la reorientación del modelo productivo.
La política económica del Gobierno andaluz ha estado durante esta legislatura totalmente conectada al objetivo de la creación de empleo, con sucesivos planes de choque dirigidos especialmente a los colectivos sociales más castigados por la crisis, como los jóvenes o los parados de larga duración con cargas familiares.
Tan sólo en el último año estas iniciativas han supuesto unas inversiones públicas de más de 900 millones de euros. Muchas de ellas, y especialmente las de apoyo a la construcción sostenible, al empleo juvenil y a las pymes, están claramente orientadas al cambio del modelo productivo.
A estas acciones de intervención directa, el Gobierno andaluz ha sumado otras que propician una decidida participación de la iniciativa privada. Este es el caso de los convenios suscritos con los grandes grupos empresariales que operan en la comunidad, que han multiplicado las posibilidades de inserción de los jóvenes en el mercado laboral y de su participación en programas de estudios especializados y de investigación. Los efectos tangibles de esta colaboración, que en parte han paliado los recortes en becas y en I+D+i, no ocultan el gran beneficio intangible de la confianza de las grandes empresas y de los grupos inversores en la política económica que se lleva a cabo en Andalucía.
La defensa del Estado del bienestar, salir de la crisis con los derechos reforzados y no mermados, es una prioridad paralela a la de la creación de empleo. Andalucía cumple con los objetivos de déficit impuestos, pero lo hace sin recortar derechos como ocurre en otros territorios.
En materia educativa se mantienen prestaciones que se han eliminado o recortado en la mayor parte de las comunidades, como la gratuidad de libros de texto, los comedores escolares, las escuelas infantiles o la educación compensatoria. En salud se mantiene la asistencia a las personas inmigrantes y se refuerza la garantía de derechos en la atención sanitaria. Y en materia de Igualdad se realiza un enorme esfuerzo para preservar el Sistema de Atención a la Dependencia con una financiación autonómica que actualmente se sitúa en el 72% frente a la aportación estatal del 28%, cuando la propia ley reguladora establece una cofinanciación al 50%.
La Junta de Andalucía ha tenido que realizar un sobreesfuerzo durante estos años por la merma continuada de financiación estatal. El Gobierno de la nación está haciendo una aplicación incorrecta del sistema de financiación autonómica, que supone una pérdida de 1.000 millones de euros anuales. La reforma del modelo constituye una demanda insoslayable no sólo por sus efectos negativos en la comunidad sino por la grave repercusión sobre la propia configuración del Estado autonómico.
Durante el último año se ha producido un serio deterioro de los equilibrios territoriales que, no sólo en el plano de la financiación, han sustentado el progreso de la España democrática desde hace tres décadas. Y hoy, como entonces, como aquel 28-F de 1980, Andalucía no asiste impasible o resignada ni a las tensiones disgregadoras, ni a las tentaciones recentralizadoras, ni a las tentativas que en un sentido o en otro pretenden el regreso al escenario de la España desigual. Andalucía sigue defendiendo la validez del marco de convivencia constitucional y por ello reclama su profundización y su reforma. Como entonces, Andalucía afronta el reto del debate territorial con una voluntad de actuar como fiel de la balanza que garantice la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan.
Ni el Gobierno andaluz ni el Parlamento han rehuido en estos años de las insistentes demandas ciudadanas de más transparencia, más control del dinero público y más participación. Se han creado instrumentos para hacerlas efectivas porque de ello depende en buena parte recuperar la confianza de la ciudadanía y no volver a caer en los errores del pasado. Andalucía ya cuenta con la Ley de Transparencia más avanzada del Estado, a la que pronto se sumará la de Participación.
En esta legislatura, y especialmente a lo largo del último año en que el Gobierno de progreso ha asentado su programa, Andalucía ha demostrado que otra forma de hacer política es posible; que las dificultades no son excusa sino acicate. Si el debate es ante todo contraste, es evidente que lo hay: no en todos sitios se hace exactamente lo mismo. Andalucía marca la diferencia.
Este debate sobre el Estado de la Comunidad se presenta como el momento idóneo para demostrar la utilidad de la política, que otra política es posible y se está haciendo, también para acercar la gestión de lo público a la ciudadanía haciéndole partícipe de la gestión diaria y para proponer soluciones que den respuestas a las demandas y necesidades de los ciudadanos y permitan sentar las bases para alcanzar un futuro más sólido y más esperanzador.