El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto-ley de medidas urgentes para dinamizar la actividad económica a través de la agilización de trámites administrativos. El texto desarrolla en el ámbito normativo el plan de simplificación de procedimientos aprobado para este mismo fin el pasado 27 de enero y cuya aplicación requiere de la modificación de hasta 140 normas.
De este modo, el Decreto-ley introduce cambios en la Ley 5/1983 de la Hacienda Pública, para agilizar las modificaciones presupuestarias; la Ley 9/2001, para eliminar trabas relativas el silencio administrativo; la 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, con objetivo de simplificar las autorizaciones de actividades que afectan a bienes culturales, y la 5/1997 del Consejo Económico y Social de Andalucía, a fin de reducir los plazos de emisión de informes preceptivos y no vinculantes. En la misma línea, recoge medidas referidas a la contratación pública y a la reducción de plazos de resolución de otros procedimientos administrativos.
Respecto al primero de los objetivos, la norma traslada del Consejo de Gobierno a la Consejería de Economía y Hacienda la competencia de autorizar modificaciones presupuestarias que no superen los tres millones de euros y que, entre otras materias, afectan a inversiones y transferencias de capital; contratos de suministros o de asistencia técnica; arrendamientos de equipos o bienes inmuebles; cargas financieras derivadas del endeudamiento; subvenciones y ayudas, y concesiones de préstamos para la financiación de viviendas protegidas.
En materia de silencio administrativo, se suprimen siete procedimientos cuyo sentido era desestimatorio, lo que obligará a la Administración a resolver dentro de los plazos previstos. Tres de ellos se refieren a creación de cooperativas, otros tres a autorizaciones relacionadas con los fondos de archivos y museos y uno a pesca.
En cuanto a la contratación, el Decreto-ley establece un modelo de pliegos de cláusulas administrativas generales con exigencias mínimas y homogéneas para todos los contratos del mismo tipo, tanto en la Administración General de la Junta como en sus entidades instrumentales públicas. Esta medida permitirá agilizar la presentación de documentos e incrementará la seguridad jurídica para los contratistas.
La norma aprobada hoy reduce también los plazos para resolver y notificar 38 procedimientos que afectan a 11 consejerías de la Junta en autorizaciones, concesiones, permisos, sanciones, desahucios e inscripciones registrales, entre otros. Esta medida tendrá una especial incidencia en los sectores industrial, agrario y medioambiental (explotaciones mineras, pesca, acuicultura y cultivos marinos, almazaras, etc.) y en actividades recreativas, espectáculos públicos, locales comerciales, emisoras radiofónicas, suministro público de electricidad y viviendas de promoción pública, entre otras materias. Así por ejemplo, en este último ámbito el plazo para la adjudicación de un piso de protección oficial se reduce de 12 a cuatro meses.
Finalmente, el Decreto-ley establece que, en casos de urgencia, el Consejo de Gobierno podrá fijar un plazo inferior al legal de 15 días para aquellos informes del Consejo Económico y Social de Andalucía que tienen carácter preceptivo pero no vinculante.
Plan de Agilización
El Plan de Medidas de Simplificación de Procedimientos Administrativos y Agilización de Trámites, cuyo desarrollo normativo se concreta en el Decreto-ley aprobado hoy, recoge 232 iniciativas que atañen a todas las áreas del Gobierno de la Junta y que se aplicarán durante los años 2009 y 2010, aunque más de una cuarta parte estará en funcionamiento antes del verano.
Más de la mitad de las medidas se dirigen a favorecer la actividad de las empresas y la creación de empleo. En este apartado figuran 122 medidas para reducir los costes en las relaciones con la Administración, a través de la tramitación telemática de procedimientos. Entre ellas destaca el Programa Empresa 24 horas, por el que se podrá crear una empresa en un solo día a través de un banco de sociedades ya constituidas.
En materia de tramitación de incentivos y prestaciones, las principales medidas afectan a las áreas de salud, educación, vivienda e integración social. De esta forma, verán agilizados sus trámites numerosas prestaciones que afectan a necesidades básicas, como las relativas al carné joven o al libro de familia numerosa. En otros casos, los plazos se acortarán significativamente (concesión de becas e incentivos para la vivienda protegida y obtención de la tarjeta sanitaria, que se podrá conseguir en 15 días).
El plan recoge también otras 41 medidas destinadas a simplificar los procedimientos en el ámbito de la cultura, el deporte y el uso y disfrute del medio ambiente. En esta línea, se creará la denominada Autorización Ambiental Unificada, que agrupará hasta 101 trámites y que redundará en una mayor facilidad para la creación de empresas.
Otro grupo de medidas se dirige a hacer más eficaz la relación de la Administración autonómica con otras instituciones, así como al fomento del asociacionismo. Para ello, se desarrollarán 28 iniciativas que agilizarán los trámites de financiación a las entidades locales y otras instituciones que desarrollan su actividad en el territorio andaluz, mediante la reducción de plazos, la unificación de convocatorias o la perdurabilidad de las bases.
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