SESIÓN DEL

Montero presenta un informe sobre la sentencia del Constitucional que respalda la reordenación del sector público

El fallo recoge que las potestades públicas se reservan a los funcionarios y que se garantizan la seguridad jurídica e igualdad de los empleados públicos
Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno de la Junta

Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno de la Junta

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha presentado al Consejo de Gobierno un informe sobre la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desestima el recurso interpuesto por el Partido Popular (PP) contra la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía. Montero recuerda que el fallo respalda la norma andaluza porque “no altera la reserva al personal funcionario de las funciones relacionadas con el ejercicio de potestades públicas o las salvaguardas de los intereses generales que establece la norma básica estatal”. Tampoco vulnera los principios de seguridad jurídica ni de igualdad de los empleados públicos.

El TC desestima, en primer lugar, la impugnación realizada contra la totalidad de la ley de reordenación. Según señala la sentencia dictada el pasado 19 de noviembre, no hay vacío de funciones de los servicios centrales y periféricos de la Administración de la Junta, que era el argumento alegado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al presentar su recurso. Es más, el fallo deja claro que el Estatuto de Autonomía de Andalucía consagra un concepto amplio de administración, sin limitaciones a la naturaleza y funciones de las entidades instrumentales, por lo que el modelo organizativo que el PP defiende y considera vulnerado “no es el único posible”.

También rechaza el TC la impugnación contra artículos concretos de la ley, recordando que Andalucía tiene competencia exclusiva sobre organización y autogobierno lo que “supone un amplio margen de maniobra para concretar y conciliar los principios de actuación”. Asimismo, estipula que “no se altera la reserva al personal funcionario de las funciones relacionadas con el ejercicio de potestades públicas o las salvaguardas de los intereses generales que establece la norma básica estatal”, al tiempo que considera válida la adscripción funcional de estos empleados a las agencias públicas empresariales, precisamente para que puedan realizar estas tareas. Según aclara el fallo, esta adscripción no constituye un supuesto de movilidad forzosa, ni conlleva la pérdida de la condición de funcionario.

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