El Parlamento aprueba la ampliación por un año más de la oficina técnica de apoyo a la gestión de expedientes de solvencia empresarial

Rocío Blanco defiende ante el Pleno el decreto ley 1/2023, que incluye mejoras para los módulos de los conciertos educativos
Andalucía, 12/04/2023

El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles el decreto-ley 1/2023, de 21 de marzo, por el que se modifica la disposición adicional segunda del decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado y por el que se establecen medidas para la mejora de los módulos de los conciertos educativos para las unidades de educación infantil, educación primaria, educación especial básica/primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, ciclos formativos y formación profesional básica.

Esta norma ha sido defendida en la Cámara andaluza por la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, que ha recordado que la misma fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 21 de marzo y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 27 del mismo mes.

En virtud del Decreto Ley aprobado, se prorroga hasta el 31 de marzo de 2024 el funcionamiento de la oficina técnica de apoyo a la tramitación de expedientes de solvencia empresarial. Así, se amplía por un año más el trabajo que desarrolla personal interino de la Consejería de Empleo encargado de la gestión de un gran volumen de ayudas que afectan a sectores productivos enmarcados en las competencias de diez centros directivos de seis consejerías diferentes.

Al respecto, la titular andaluza de Empleo ha destacado el papel de la oficina técnica para conseguir que las primeras resoluciones favorables de concesión de la ayuda se firmarán en agosto del 2021 y se pagaran en la primera semana de septiembre del mismo año, “es decir, en menos de tres meses desde la aprobación de la norma y apertura de plazo para la presentación de solicitudes por la Junta de Andalucía”.

Rocío Blanco ha señalado que los resultados obtenidos por el trabajo de esta oficina técnica “son un ejemplo de cómo la digitalización de la Administración pública, incluso con fórmulas de inteligencia artificial, contribuye a mejorar la eficacia de la administración colaborando al desarrollo económico y el bienestar social”, si bien ha hecho hincapié en que “el capital humano es esencial”.

Como ha indicado la consejera, es imprescindible contar con un equipo de técnicos que asuma la tramitación de aquellos pasos en los procedimientos que la automatización no pueda gestionar y que necesiten de la intervención humana, “casos complejos que derivan de errores o necesitan la toma de una decisión consciente que la máquina no puede asumir”.

Entretanto, ha explicado que para realizar con la suficiente rapidez el pago a los beneficiarios de las ayudas a la solvencia empresarial con fondos COVID y asumir la posterior comprobación de la efectividad del gasto durante el año siguiente, se aplicó de manera novedosa procesos masivos de automatización (RPA) en la tramitación de estas ayudas, alcanzando el reto de repartir en tan sólo cinco meses cerca de 670 millones de euros a 52.870 beneficiarios, si bien se llegaron a superar las 100.000 solicitudes.

La oficina, que está dirigida por el Comisionado del Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales de Andalucía, ha estado conformada por un equipo que llegó a los 105 efectivos en el momento de mayor carga de trabajo y sus tareas se han ido adaptando en función del momento en que se encontraba la tramitación de la ayuda. Ahora prorrogarán las personas necesarias en función de las actuales necesidades de justificación de expedientes y según criterio de antigüedad.

Por otro lado, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional da continuidad a las medidas para el refuerzo de limpieza en el curso 2022/23 en los centros concertados, en equiparación con los centros públicos, con el fin de seguir manteniendo las recomendaciones sanitarias sobre el COVID-19, tal y como aprobó el Consejo de Gobierno, dando continuidad a una iniciativa vigente desde 2020.

En concreto, los módulos de conciertos educativos se incrementan en las cantidades asignadas a otros gastos en 360 euros anuales para las unidades de Infantil, Primaria y Educación Especial Básica/Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos y FP de Grado Básico. Para el curso 22-23, el incremento comenzó a aplicarse en septiembre y hasta diciembre con cargo a los presupuestos de 2022, y estará vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre con cargo a los presupuestos de 2023.

La Junta de Andalucía invierte 4,5 millones en esta medida de refuerzo de limpieza para los centros concertados y 13,4 millones para los institutos públicos.

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