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Rocío Blanco anuncia mejoras en las Escuelas Taller tras evaluar su baja inserción laboral y aumentará la inversión a 30 millones

Se introducirán novedades como adecuar las especialidades a las demandas del mercado y abrir la participación de entidades sin ánimo de lucro

Andalucía, 18/03/2021

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo está preparando una nueva regulación del programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo con novedades que mejoren su eficacia, tras constatar en un Informe de Evaluación los bajos niveles de inserción del alumnado tras la finalización de los proyectos.

Así lo ha anunciado hoy la consejera Rocío Blanco en una comparecencia parlamentaria, en la que ha reafirmado el compromiso con el mantenimiento del programa, que se prevé que en su próxima convocatoria alcance un presupuesto de 30 millones de euros, aunque ha explicado que su departamento no comparte su actual diseño, porque en muchos casos “no atiende ni las necesidades del territorio ni del sistema productivo”.

Durante su intervención ante la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, la consejera ha detallado el Informe de Evaluación que se ha realizado con respecto a la última convocatoria, iniciada en 2016 y que concluyó el año pasado, que se ha centrado en una encuesta en la que han participado 109 entidades y 2.785 alumnos de los 167 proyectos que se pusieron en marcha.

Evaluación

Aunque tras finalizar los proyectos, un 22% del alumnado encontró trabajo en los seis meses siguientes, un análisis más detallado muestra que solo un 2,5% se ocupó en un puesto que estuviese relacionado con la formación recibida. Asimismo, se ha constatado que los proyectos no respondían en todos los casos a las necesidades locales del mercado de trabajo, y que más de la mitad se centraban en solo cuatro familias profesionales.

Novedades

A la espera de que se apruebe por parte del Gobierno de España el Real Decreto que regule los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, la Consejería ya está trabajando en la elaboración de las nuevas bases reguladoras de la futura convocatoria, en la que se incorporarán las mejoras propuestas en el Informe de Evaluación.

Asimismo, la consejera ha asegurado que también se han incorporado aportaciones del sector formativo, que han participado en una Mesa Técnica en la que estuvieron representadas las Asociaciones de Profesionales de las Escuelas Taller y Talleres de Empleo en el ámbito andaluz y sus delegaciones territoriales. “Aún hoy siguen participando en la elaboración de la futura normativa que estamos elaborando contando con todos para mejorar este importante programa”, subrayó la consejera.

Entre las novedades a introducir, Rocío Blanco citó la apertura de estos programas a las entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de utilidad pública e interés social (en la anterior convocatoria sólo podían ser promotoras las entidades locales), y la adaptación a ocupaciones que respondan a las necesidades del mercado, con un proceso participativo que facilite un diagnóstico de la situación, como ya ocurre con el diseño de los programas de Formación Profesional para el Empleo.

La posibilidad de que participen en las Escuelas Taller menores de 30 años, ampliando así el intervalo de edad que antes estaba situado en los menores de 25 años; la incorporación de acciones de orientación, asesoramiento, información profesional y formación empresarial tanto para la búsqueda de empleo como para el autoempleo; o la mejora de los procesos de selección tanto del alumnado como del personal formador, son otras de las incorporaciones que se quieren realizar para la próxima convocatoria.

Asimismo, también se baraja en los Talleres de Empleo, dirigidos a mayores de 30 años, que el colectivo de mayores de 45 años y mujeres víctimas de violencia de género se vean favorecidos en los procesos de selección de los proyectos.

Igualmente, la consejera apostó por dar continuidad a las convocatorias, ya que entre 2011 y 2016 no se produjo ninguna, así como establecer un sistema de evaluación permanente, con requisitos como exigir a las entidades informes de inserción a los seis meses.

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