Procedimiento de restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística

El artículo 151 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), a los efectos del restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística conculcada, establece que ante actuaciones sin licencia o título habilitante exigido legalmente o contraviniendo sus términos, la Administración acordará su legalización o impondrá las medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística, según resulten o no conformes con ella.

En relación con ello, la legalización se llevará a cabo mediante la obtención del correspondiente título habilitante o mediante su adecuación al mismo y, en todo caso, requerirá la previa obtención de las autorizaciones e informes administrativos que resulten necesarios conforme a las leyes sectoriales que resulten de aplicación. Para el caso de que la actuación no sea compatible con la ordenación vigente, las medidas para restablecer o adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística consistirán en la prohibición de iniciar o de continuar la actuación en curso, cese de suministros, desmantelamiento de servicios, infraestructuras o instalaciones análogas, demolición total o parcial, desmonte, reconstrucción, reagrupación de parcelas y cuantas sean necesarias en función del contenido y el alcance de la ilegalidad. Además, la resolución del procedimiento de restablecimiento podrá incluir las medidas precisas para garantizar su ejecución.

Mientras que a los municipios se le atribuye competencia para restablecer la legalidad ante actuaciones que vulneren la ordenación urbanística, la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencia directa para el restablecimiento de la legalidad ante las actuaciones que atenten contra la ordenación territorial, tales como los actos y usos que afecten a suelos rústicos especialmente protegidos por legislación sectorial, suelos rústicos preservados por los instrumentos de ordenación territorial, el sistema de asentamientos, y los equipamientos, espacios libres y servicios de interés supralocal. A su vez, en los casos en los que el Ayuntamiento incurra en inactividad en el ejercicio de las acciones declarativas y ejecutivas para el restablecimiento de la legalidad, la Comunidad Autónoma, habiendo requerido su ejercicio, podrá asumir dicha competencia por sustitución siempre que la actuación afecte a competencias autonómicas, en virtud del artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local, que posibilita que la Comunidad Autónoma ejerza dicha potestad, en sustitución de la Entidad Local, una vez trascurrido el plazo de un mes sin que el requerimiento haya sido atendido. A tales efectos, cabe añadir que compete exclusivamente a la Junta de Andalucía, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la ordenación del territorio y la tutela de una adecuada protección ambiental (art. 56.5), la ordenación del litoral (art. 56.6), así como el cuidado del paisaje como principio rector de las políticas públicas autonómicas (art. 37.1.20º en relación con art. 28).

La instrucción del procedimiento, además de las reglas generales de tramitación establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se rige por las reglas particulares específicas contenidas en el Título VII, Capítulo III de la LISTA.