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Sólo uno de cada cuatro municipios se ha adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística

La nueva Ley de Urbanismo que prepara la Junta permitirá simplicar y agilizar los trámites con garantías jurídicas y medioambientales.

Andalucía, 23/07/2019

La consejera, en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno.

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha informado en el Consejo de Gobierno de la grave situación en la que se encuentra la planificación urbanística en Andalucía por una inexplicable complejidad normativa, por una excesiva lentitud en la tramitación y por una injustificada invasión de las competencias locales en la toma de decisiones. A la vista de esa situación “se hace necesario un inmediato cambio de rumbo que, sin merma de las garantías ambientales, establezca un marco ordenado y ágil, donde se pueda desenvolver con garantía jurídica la actividad urbanística en nuestra comunidad”, ha explicado la consejera.

Marifrán Carazo ha lamentado que “la nefasta gestión urbanística de los anteriores gobiernos haya hecho que tres de cada cuatro municipios andaluces no dispongan de instrumento de planeamiento general adaptado plenamente a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) después de 16 años”. En concreto, ha explicado que 607 municipios de los 786 existentes (un 77 por ciento) no se ha adaptado totalmente a la LOUA. De ellos, el 82 por ciento se encuentra actualmente tramitando un nuevo planeamiento, es decir, que 496 están “atascados en la farragosa tramitación que este nuevo Gobierno está aclarando, simplificando y agilizando”.

La consejera también ha destacado de la radiografía urbanística de la comunidad que, de los 786 municipios andaluces, 51 todavía no tienen ninguna figura de planeamiento municipal propia. Son pequeños pueblos, con una media de 730 habitantes. 23 de ellos están en Granada, 22 son malagueños y seis son de Huelva.

Además, ha subrayado que la complejidad de la normativa urbanística y medioambiental ha sido la principal causa, aunque no la única, del retraso de la tramitación los planes generales. Mientras que en el año 2009 entre la aprobación inicial y la definitiva existía una media de 2,7 años, en la actualidad esa media se sitúa en nueve años. “Si contamos también los tiempos de tramitación de los avances, entonces el tiempo total de tramitación supera ampliamente los diez años, lo que es inadmisible”, ha añadido tras poner de ejemplo el municipio de Jimera de Líbar (Málaga), cuyo PGOU se ha aprobado este año tras 12 años de espera para ver plasmada su hoja de ruta urbanística.

Otro problema que atañe a la seguridad jurídica de los planes es que parte de esos instrumentos de planeamiento que se encuentran aprobados definitivamente no están vigentes por no haberse publicado su normativa completa, lo que afecta a 111 municipios de manera parcial o total. De ellos, hay 17 municipios (con 13 normas subsidiarias y cuatro PGOU) cuyo planeamiento aprobado carece de vigencia. Al respecto, la Consejería ya ha comunicado a los ayuntamientos afectados que tienen que publicar sus instrumentos de planeamiento general lo antes posible.

Frente a este panorama, Marifrán Carazo ha indicado que las distintas medidas adoptadas por el nuevo Gobierno para agilizar la tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico han tenido como resultado un avance significativo en la aprobación de planes y documentos de cumplimiento en las distintas comisiones territoriales de Ordenación del Territorio y Urbanismo. No en vano, en los seis primeros meses de este Gobierno del cambio se han celebrado doce sesiones de las comisiones territoriales. Además, se han tratado 44 asuntos, de los que cabe destacar la aprobación definitiva de cuatro PGOU –Taberno (Almería), Villamartín (Cádiz) y Macharaviaya y Ardales (Málaga)– y el levantado de las suspensiones que operaban desde hace años en otros seis planes –Quesada (Jaén); Torremolinos, Jimera de Líbar y Júzcar (Málaga); Algámitas y Puebla de Cazalla (Sevilla)–. “Diez municipios que pueden respirar aliviados porque el Gobierno del cambio les ha quitado la soga administrativa que tenían por culpa de la nefasta gestión socialista”, ha aseverado la consejera.

Marifrán Carazo también ha recordado que su equipo ha aprobado ya seis instrucciones para acortar plazos de tramitación y aprobación, unificar y aclarar la aplicación de la normativa urbanística y ganar flexibilidad en el desarrollo de los planes generales. Entre ellas, destaca la eliminación del trámite de aprobación provisional en instrumentos de planeamiento tramitados y aprobados por la misma administración, la unificación de criterios para resolver la aprobación definitiva o la creación de mesas de trabajo con los ayuntamientos para la subsanación de deficiencias y suspensiones de los PGOU, reduciendo significativamente los plazos (pasando de más de un año a unos cuatro meses). “Y todo lo anterior con independencia de las restantes medidas de agilización y simplificación que, por ejemplo, se incluirán en la nueva ley urbanística de Andalucía, que dará solución a problemas enquistados”, ha apostillado.

Con estas instrucciones y la futura Ley de Suelo, Carazo ha defendido que despejarán “el marasmo administrativo al que llevan tanto tiempo sometidos tantos municipios andaluces”. “Este Gobierno es consciente de que una buena planificación urbanística puede dotarnos de las viviendas necesarias, de las zonas verdes que demandan los ciudadanos y de espacios atractivos donde puedan implantarse empresas e industrias que creen ese empleo estable y de calidad que nuestra tierra reclama. Bien utilizado, el Urbanismo puede ser hasta un arma para combatir la despoblación que sufren nuestros pueblos”, ha manifestado.

Para ello, ha abogado por una Administración ágil, con una legislación urbanística con unas reglas de juego claras y sencillas, en las que prime la calidad de los ciudadanos, la seguridad jurídica y actuaciones que sean ambiental, económica y socialmente sostenibles, escuchando e implicando en el proceso a todas las administraciones, en especial a los ayuntamientos.

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