La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha iniciado la tramitación para simplificar la gestión de la vivienda protegida, que se regula actualmente a través de una orden cuyos requisitos de diseño se remontan a hace cerca de medio siglo. La orden, de 21 de julio de 2008, establecía que las viviendas protegidas debían cumplir unos requisitos regulados por una orden ministerial de 1969 y sus posteriores reformas de 1976 y 1977.
La orden que se está tramitando supone avanzar hacia un concepto más flexible y con menos cargas que facilite tanto la promoción de las viviendas protegidas como el acceso a las mismas sin perder su característica principal, que es la de tener un precio asequible. De esta manera, la Consejería pretende disipar las diferencias existentes entre la vivienda libre y la protegida.
Además, la orden trata de agilizar los trámites administrativos, sobre todo en la calificación como vivienda protegida. Hasta ahora, para construir viviendas protegidas, además de la obtención de la licencia de obras, era necesaria obtener esa calificación provisional, en la que se establecían sus condiciones, tales como el programa de ayudas al que se acogía, su precio y su régimen jurídico. Igualmente, el promotor estaba obligado a solicitar la calificación definitiva.
Con la orden que se encuentra en fase de tramitación, se solicitará a los Ayuntamientos, que son las administraciones públicas con competencias para las calificaciones de vivienda protegida, que unifiquen trámites y concedan la licencia y la calificación provisional en un mismo acto. La misma unificación se planteará con la licencia de ocupación y la calificación definitiva.
Esta decisión reducirá los tiempos de espera para los promotores de vivienda protegida y, así, se favorecerá la construcción de viviendas a precio asequible. Esta decisión se adopta consciente de que en los últimos años no ha habido ayudas para la construcción de viviendas protegidas, sino solo cargas. Como ejemplo, en 2018 se terminaron 9.656 viviendas en Andalucía, de las cuales solamente 86 eran protegidas. El objetivo de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio es incrementar la oferta inmobiliaria de viviendas con protección.
La secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez, considera que este cambio es necesario porque “las condiciones de vida de la sociedad se han transformado por completo” y, por tanto, no se puede regular la vivienda protegida con “una norma tan rígida como la actual, con anacronismos que no se corresponden con las necesidades de los jóvenes al acceder a una vivienda”. “La definición de superficies mínimas de dormitorios, pilas de lavar en el lavadero y otros requisitos impiden diseñar viviendas de otros tipos para mayores, co-housing o lofts para jóvenes”, ha señalado Martínez, que ha recordado que otros parámetros como la calidad y seguridad de los edificios ya vienen determinados por una norma superior de diseño que es el Código Técnico de la Edificación y que es de obligado cumplimiento en todas las viviendas, ya fueran de renta libre o protegidas.
Martínez ha defendido que con esta orden se abre “un nuevo escenario para la construcción de viviendas a precio asequible” y que, unido a la puesta en marcha del nuevo Plan Vive en Andalucía 2020-2030 –que prevé la construcción de promociones en venta y en alquiler– mejorará el acceso a la vivienda en Andalucía.
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