Portal de la Junta de Andalucía
Buscador general

La nueva Ley de Contratos del Sector Público dispara un 53% la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

Baja los umbrales de los contratos y amplía los supuestos que pueden ser recurridos por esta vía alternativa a la judicial

Andalucía, 09/08/2019

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha registrado durante el año 2018 un fuerte incremento del número de recursos presentados, con un total de 466, lo que supone un aumento de un 53%, con un promedio mensual de 39 asuntos frente a los 25 del ejercicio anterior. El Tribunal ha analizado los recursos planteados en expedientes de contratación cuyo valor estimado superó los 2.700 millones de euros, lo que supone un incremento de más de un 50% respecto al año anterior, lo que muestra la relevancia de la actividad que realiza este órgano, que se caracteriza por la agilidad en su tramitación y la rapidez en su resolución.

Este significativo incremento se explica por la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ya que la citada norma disminuye drásticamente el umbral del valor estimado de los contratos para que puedan ser recurridos.

La Ley de Contratos del Sector Público entró en vigor el 9 de marzo de 2018 y supuso importantes novedades, al introducir modificaciones en relación con los tipos de contratos cuyos actos y decisiones podrán ser objeto de impugnación. Así, con respecto al contrato de obras se reduce el umbral del valor estimado de los contratos de 5.548.000 euros a 3.000.000 euros, lo que supone una rebaja de un 46%. Lo mismo ocurre respecto a los contratos de concesión de obra y con la nueva tipología del contrato de concesión de servicios. Por otro lado, en los contratos de servicios y suministros se reduce el umbral de 221.000 euros a 100.000 euros, lo que supone un descenso en el umbral de un 55%.

Además, la ley introduce la posibilidad de impugnar los contratos administrativos especiales en los que no se pueda fijar su precio de licitación o cuando su valor estimado sea el establecido para los contratos de servicios y suministros.

Novedades, asimismo, en las actuaciones que pueden ser objeto de recurso. Así, se incluyen la admisión de licitadores y candidatos así como de sus ofertas; las modificaciones contractuales; la formalización de encargos a medios propios y los acuerdos de rescate de concesiones.

En el ámbito de la Junta y sus entidades instrumentales, el número de recursos se situó en 264, lo que supone un incremento de más del 53% respecto al año anterior y, al igual que ocurrió en 2017, el mayor número de recursos procedió del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Resulta significativo, asimismo, el aumento de recursos procedentes de expedientes de contratación tramitados por la Agencia Pública Andaluza de Educación, que pasan de 17 a 51. El valor estimado global de las licitaciones en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía que han sido impugnadas en el año 2018 asciende a 1.923,29 millones de euros.

En lo que respecta a las entidades locales, en 2018 se computaron 158 recursos contra actos emanados de las mismas, 54 más que en el año anterior.

En el ámbito de las Universidades andaluzas, el número de recursos contractuales aumentó de 20 a 36. En este sentido, el valor estimado total de este segundo grupo de licitaciones impugnadas asciende a un total de 817.957.304,17 euros.

En 2018, el Tribunal ha dictado un total de 363 resoluciones frente a las 284 de 2017, cifra que representa un incremento cercano al 28%. De las 363 resoluciones adoptadas, 86 corresponden a estimaciones -parciales o totales-, 126 a desestimaciones, 128 a inadmisiones y 23 a desistimientos y otros supuestos. Asimismo, si se efectúa el cómputo atendiendo solamente a las resoluciones que resuelven sobre el fondo del recurso, se aprecia un 59% de resoluciones desestimatorias frente a un 41% de resoluciones estimatorias. La tasa de resolución ascendió a un 78%, frente al año anterior, en el que se situó próximo al 100%, debido al significativo aumento de recursos.

En relación a las medidas cautelares, se han dictado 153 a lo largo del año 2018.
De ellas tan solo 8 han resuelto la desestimación de la solicitud de las medidas solicitadas.
Así, un 95% de las resoluciones de medidas cautelares dictadas han sido estimatorias.
Entre las competencias del Tribunal se encuentran resolver los recursos especiales en materia de contratación, actualmente al amparo de la LCSP; las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación, así como las cuestiones de nulidad sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; los recursos especiales en materia de contratación y las cuestiones de nulidad en los ámbitos de la defensa y de la seguridad y adoptar las decisiones que procedan sobre las medidas cautelares solicitadas por las personas legitimadas.

El mayor número de recursos de 2018 se ha producido, al igual que en años anteriores, en el ámbito del contrato de servicios (312 recursos) y el acto contra el que se han presentado más impugnaciones ha sido la adjudicación (187 recursos). Según el tipo de acto impugnado, el más recurrido ha sido la resolución de adjudicación del contrato, con un 40% de los recursos, aunque supone un porcentaje inferior al del año 2017, en el que los recursos contra los actos de adjudicación representaron un 47%. Sí resulta similar el número de recursos contra los pliegos y demás documentos contractuales -32% en 2017 y 29% en 2018-. Sin embargo, se aprecia un aumento de los recursos contra actos
de trámite cualificados, que pasan de suponer un 16% en el año 2017 al 25% en 2018. La disminución de los recursos contra la adjudicación y el aumento respecto de los actos de trámite cualificados es consecuencia de la nueva regulación en la LCSP, que prevé expresamente los recursos contra la admisión o inadmisión de licitadoras y la admisión o exclusión de ofertas. Es destacable por su novedad la presentación de dos recursos contra sendos actos de formalización de encargos a medios propios, que responde a la ampliación de la nueva LCSP de las actuaciones susceptibles de recurso.

La actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería competente en materia de Hacienda, provee a los órganos de contratación de una herramienta eficaz que les permite resolver las cuestiones que se les planteen durante el procedimiento de contratación y que, en consecuencia, puede ayudar a mejorar la contratación pública y a reducir el número de recursos interpuestos. El escaso número de resoluciones dictadas por el Tribunal que son recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa pone de manifiesto el ahorro económico que para las Administraciones y los poderes adjudicadores representa la labor llevada a cabo por el mismo.

¿Aún tienes dudas?

Si tienes cualquier duda o necesitas más información puedes contactar con nosotros a través del formulario de consultas y sugerencias.

¿Te ha sido útil esta información?

Encuesta
Tu voto:
Resultado: 1 Puntos 2 Puntos 3 Puntos 4 Puntos 5 Puntos (0 votos)

Atención: Por favor, marca cuántas estrellas crees que merece esta página y después haz clic en el botón de valorar

¿Cómo mejorarías esta página? Ver más

Ayúdanos enviándonos tus sugerencias. Recuerda no dejar datos de carácter personal.

Sugerencia