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Bravo reclama el pago de los 1.350 millones adeudados a Andalucía por el Gobierno central y pide apoyo al Parlamento

El consejero de Hacienda apela a la lealtad institucional y urge la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Andalucía, 11/09/2019

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha reclamado hoy al Gobierno central el pago de la actualización de las entregas a cuenta y del denominado mes 13 del IVA correspondiente a la liquidación de 2017, una cantidad que asciende a 1.350 millones de euros, al tratarse de “un asunto de despacho ordinario” del Gobierno de la nación y para el que no debe afectar la situación de interinidad del actual Ejecutivo central. Para ello, Bravo ha urgido la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera como el marco adecuado para buscar soluciones a esta situación de bloqueo.

El consejero ha explicado ante el Pleno del Parlamento que las comunidades reciben cada mes por adelantado unas transferencias por el importe estimado de la recaudación en ese ejercicio y dos años más tarde se realiza la liquidación. “Hasta el día de hoy, las entregas a cuenta que hemos recibido en 2019 son las estimadas conforme a la recaudación de 2018, menor que la que se está produciendo en 2019”. Una circunstancia que, sumada a la no compensación del denominado mes 13 del IVA (513,3 millones), supone un menoscabo para la financiación de los andaluces de 1.350 millones de euros.

Sobre el informe de la Abogacía del Estado que esgrime el Ministerio de Hacienda para no actualizar los pagos a las comunidades, el consejero ha indicado que sí permitiría la actuación del Gobierno, ya que “se trata de un asunto urgente, que afecta al interés general y no compromete en modo alguno a gobiernos futuros”.

“Cuando se afirma que un Gobierno en funciones no puede condicionar las políticas del futuro gobierno que le suceda, debe entenderse en el ámbito presupuestario del gasto, donde se manifiesta el programa de gobierno, y no en la determinación y distribución de las entregas a cuenta, que es una obligación ex lege”. En este sentido, ha recordado que la propia forma jurídica que revisten las entregas a cuenta, como una mera comunicación ministerial, no es sino la expresión misma del despacho de asuntos ordinarios”.

Se da la circunstancia de que las comunidades autónomas que aprobaron sus leyes de Presupuesto de 2019 se basaron en las estimaciones recogidas en el anteproyecto de los PGE 2019 y en las entregas a cuenta que fueron comunicadas en julio de 2018, como marco financiero legalmente establecido para aprobar sus cuentas. “Que posteriormente dicho anteproyecto fuera rechazado, no debe provocar un desajuste presupuestario en las cuentas de las CCAA que confiaron en las previsiones oficiales, ya que una eventual desviación se corregiría con el mecanismo de la liquidación”, ha precisado Bravo. Así, se han estimado para 2019 unas entregas a cuenta de 19.223,44 millones, cifra que difiere en 837,10 millones de los 18.386,34 millones comunicados por el Ministerio de Hacienda.

“Son 1.350 millones ya pagados por los andaluces y recaudados por la Agencia Tributaria Estatal que están retenidos en la cuenta corriente del Ministerio en lugar de estar financiando la sanidad, la educación o la dependencia de los andaluces”.

“La situación actual conduce al absurdo de que las comunidades autónomas no estén percibiendo en 2019 los recursos que les corresponden por la cuota autonómica del Impuesto sobre Hidrocarburos”, después de que en la Ley de Presupuestos de 2018 se suprimiera el tipo autonómico y se integrara en el estatal. A Andalucía le corresponden 240 millones de euros por este concepto.

El consejero de Hacienda ha apelado a la lealtad institucional entre Administraciones para la búsqueda de soluciones, ya que las entregas a cuenta representan el grueso presupuestario de los ingresos autonómicos, cuya falta de actualización “condiciona el programa de gobierno de las Administraciones territoriales, amenaza los objetivos de estabilidad, agrava los desequilibrios del sistema y perjudica gravemente a los intereses de la población que recibe los servicios públicos”.

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