Transformación Económica plantea simplificar hasta 2024 unos 120 procedimientos administrativos para favorecer la recuperación

El Plan para la Mejora de la Regulación Económica se somete a información pública para recabar las aportaciones y sugerencias de interesados y de la sociedad en general
Andalucía, 09/07/2021
Imagen por defecto Noticia

El Plan para la Mejora de la Regulación Económica en Andalucía propone simplificar y agilizar hasta 2024 en torno a 120 procedimientos administrativos autonómicos implicados en la regulación económica con el fin de favorecer el desempeño de empresas y emprendedores en el actual contexto de recuperación ante la COVID-19. Ese volumen representa más del 25% de los trámites que afectan al inicio o desarrollo de la actividad empresarial.

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha publicado el documento en el BOJA para someterlo a información pública durante 30 días hábiles, plazo en el que se podrán realizar aportaciones y sugerencias por parte de los interesados y de la ciudadanía en general. Todas esas propuestas serán evaluadas por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, incorporándose aquellas que resulten oportunas. Una vez concluida esa fase, el consejero Rogelio Velasco elevará la propuesta del Plan al Consejo de Gobierno mediante su aprobación definitiva.

Para acometer esta reforma, la Consejería de Transformación Económica está evaluando, junto al resto de departamentos de la Junta, más de 450 procedimientos administrativos de carácter autonómico con incidencia en las diferentes áreas productivas como son el turismo, la industria, el comercio, la agroindustria o los servicios. En una primera fase, que ya se encuentra muy avanzada y se aplicará en 2021, se llevará a cabo la flexibilización de más de 80 procedimientos. Este cambio normativo busca simplificar los denominados mecanismos de intervención de la Administración en su relación con la actividad empresarial y que hacen referencia a las autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones previas. En una segunda fase, se aplicará otra renovación que incluye unos 60 más hasta 2024.

El Plan también aborda otras líneas de acción encaminadas a facilitar, por un lado, la implantación de iniciativas empresariales en el medio rural, con la abreviación de los trámites implicados en actividades agrícolas y agroalimentarias. Y por otro, a impulsar la mejora de la regulación económica en el ámbito local en lo que respecta a la oferta de suelo o los instrumentos de planeamiento urbanístico.

Esta herramienta responde a una estrategia integral de simplificación del marco normativo que regula la actividad económica puesta en marcha desde el inicio de la legislatura y con la que se busca promover el crecimiento de la comunidad, y la generación de empleo. Para lograrlo, pretende favorecer reformas estructurales que faciliten el desempeño de empresas y emprendedores, mediante la reducción de trámites y requisitos administrativos injustificados y desproporcionados. De igual modo, establece impulsar un cambio en la cultura de la Administración, que la haga más ágil, accesible y proactiva y que permita mejorar la intervención pública en la economía. Además, tiene como objetivo atraer inversiones productivas sostenibles, desarrollando políticas que conduzcan a una mayor seguridad jurídica.

La Consejería de Transformación Económica ha elaborado este instrumento apoyada en tres grupos de trabajo, uno de carácter sectorial, otro transversal y un tercero compuesto por expertos, entre altos directivos de la Administración, especialistas procedentes del mundo universitario y de la empresa y por funcionarios cualificados. El documento ha contado, además, con la participación de los principales agentes económicos y sociales más representativos (UGT, CC.OO. y CEA).

Dos reformas previas al Plan

Previamente al del Plan, la Junta ha acometido dos importantes reformas de simplificación, recogidas en dos Decretos-leyes ya aprobados. El primero de ellos es el Decreto-ley de agilización de proyectos de interés estratégico, mediante el cual aquellas inversiones empresariales más relevantes para la comunidad tienen un impulso preferente y urgente en sus distintos trámites ante la Administración andaluza. Desde el inicio de la legislatura, el Ejecutivo autonómica ha aprobado siete grandes proyectos industriales y energéticos, estando en estos momentos, además, en estudio otras once grandes propuestas de inversión.

El segundo hace referencia al Decreto-Ley 2/2020, de 9 de marzo, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva de Andalucía. Esta norma ha permitido agilizar 21 leyes y seis decretos y eliminar además un centenar de barreras o trabas en ámbitos económicos como el turismo, el comercio, la industria agroalimentaria o el medio ambiente, sin dejar de garantizar el cumplimiento estricto de la seguridad jurídica.

La calidad institucional y regulatoria andaluza, por debajo de la media europea

El Plan señala la calidad institucional y regulatoria como uno de los factores estructurales que influyen en el crecimiento a largo plazo de las economías, junto a otros aspectos como la capacidad inversora, la estructura sectorial de la actividad productiva o el nivel y diversidad de cualificación de los trabajadores. Una afirmación que ratifican determinados estudios de la OCDE, que indican que aquellos países o regiones que muestran mejores puntuaciones en indicadores de calidad institucional suelen mostrar un crecimiento potencial más elevado y sólido.

El documento analiza la calidad institucional y regulatoria de Andalucía a través de diferentes indicadores y estudios, concluyendo que la comunidad presenta un nivel inferior a la media de las regiones europeas. De acuerdo con el Índice Europeo de Calidad de Gobierno, España y Andalucía, en particular, se encuentran claramente por debajo de la media.

Por otro lado, un estudio del Banco de España que analiza cómo afecta el volumen de la regulación a la demografía empresarial y a la productividad, recoge que Andalucía se coloca entre las comunidades con mayor producción normativa regional en el periodo 1983-2018, con casi el 8% del global. Cataluña ocupa la primera posición con el 12% de ese volumen.

Información de autoría

Compartir en

Índice